Denuncian que asistentes de la educación municipal estarían siendo obligados a trabajar a pesar de haber salido de vacaciones

Una denuncia pública realizó el presidente regional de los Funcionarios Asistentes de Educación en La Araucanía, Ricardo Jara, debido a funcionarios que estarían siendo obligados a ir a trabajar a pesar de haber culminado las clases y de encontrarse en su periodo de descaso de verano. Precisó que esto estaría ocurriendo en cuatro establecimientos municipales de Villarrica, tres de Victoria, dos de Vilcún, dos de Angol y en todos los de Temuco.

"En distintas comunas de la región, me han llamado porque hay directores que le han manifestado a estos asistentes que deben trabajar hasta el 8, e incluso, hasta el 15 de enero en algún establecimiento, a pesar de que hay una resolución en la Secretaría Ministerial de Educación, en donde pone término al año escolar para el día 23 de diciembre", denunció Jara.

Según explicó, este tipo de trabajadores labora con un estatuto establecido apenas en el 2018 por el actual Gobierno del Presidente Piñera. "Según la Ley 21.109, en su artículo 41 se refiere al descanso en la época de verano para los asistentes de la educación, donde especifica que esta se da una vez terminado el año escolar y dura hasta el comienzo (…) no obstante pueden ser citados los funcionarios a trabajar (…) pero si no queda plasmado en un papel ya que esto involucra recursos públicos y aquí, por lo menos, ya no se hizo, entonces no puede haber capacitaciones. Por lo tanto, los funcionarios deben irse el último día hábil del mes de diciembre", dijo.

Indicó que este tipo de trabajadores son aquellos que laboran en los establecimientos educativos sin ser profesores. Además, explicó que, aunque los directores pueden citar a alguno de estos funcionarios, esto debe ser por razones específicas y de común acuerdo, pero posteriormente estos días deben ser "devueltos" en época de estudios, pero cuando el trabajador decida tomárselos.

El dirigente advirtió: "No queremos pensar que los directores están haciendo caso omiso a la ley 21.109. No nos cabe en la cabeza que ellos no conozcan esta ley, dado a que se arriesgan a que, en mi calidad de presidente regional, yo puedo acudir a contraloría y podría denunciar a quienes no apliquen la ley como corresponda. De hecho, hay un dictamen en contraloría que nos avala en ese sentido y si es necesario llegar a esa instancia, lo vamos a hacer como directiva regional".

"Nuestra sospecha recae sobre los directores de los establecimientos, que nosotros pensamos que aquí hay una viveza por parte de ellos (…) se están valiendo de la resolución que indica que ellos tienen que acudir al establecimiento a preparar su plan anual del próximo año y quieren arrastrar con ellos a los funcionarios y no corresponde", criticó Jara.

Estimó que esta arbitrariedad podría afectar al menos a dos mil trabajadores. Advirtió que de continuar recibiendo denuncias por parte de los trabajadores acudirá a la Contraloría, la cual tiene un dictamen en relación a hechos similares (25.557). "Mi metodología sería ir a la Contraloría, se demora en dictaminar, pero tendrán que abstenerse a las consecuencias por estar incumpliendo una ley de la República promulgada en este gobierno", dijo.

"Cada comuna es autónoma, tiene sus alcaldes y directores de educación. La denuncia iría en contra de los sostenedores, es decir, los actuales alcaldes, porque ellos son los responsables de los diferentes servicios con los que cuentan los municipios", aclaró.