Tomemos la participación ciudadana con seriedad

Sin duda la participación ciudadana en la discusión de las políticas públicas se ha transformado en una de las máximas demandas sociales desde el estallido social de octubre de 2019. Y es que las personas ya no son solo un ente receptor de las decisiones del Estado, carentes de opinión y entregadas a los resultados de los debates políticos realizados entre cuatro paredes, ahora la ciudadanía se alza como un fiscalizador constante de la autoridad, cada vez más informada y empoderada de sus derechos.

En ese contexto, hoy la administración pública solo puede, y debe, entenderse desde la lógica de la participación ciudadana en su conjunto. La inclusión de nuevos actores sociales, y sus respectivas demandas, debe ser afrontada de forma seria, responsable y con el objetivo de crear rutas de trabajo que apunten a un fin concreto.

Pese a ello, y respondiendo a los próximos periodos eleccionarios, se alzan distintas candidaturas a gobernadores, concejales y alcaldes, que se apoderan del concepto de participación y lo incluyen en su agenda programática, solo como discurso o un intento de acercarse a grupos que nunca habían considerado. Es más, existen quienes lo destacan como parte de su eslogan de campaña y que en el fondo continúan representando los viejos valores y formas de hacer política, una desgastada y que intenta a toda costa no perder sus nichos de poder.

Lo anterior no sorprende si consideramos lo camaleónicos que pueden llegar a ser algunos candidatos, que, de militantes declarados, pasaron a convertirse en independientes sin filiación política de la noche a la mañana, en un intento desesperado de buscar apoyo político de una sociedad que, aunque no lo crean, tiene memoria y sabe diferenciar entre personas que han trabajado durante años junto a la ciudadanía, escuchando sus necesidades, participando de reuniones, creando políticas inclusivas, y aquellas que no.

Independiente del motivo, la participación ciudadana en los programas de gestión y la representatividad no debiesen ser conceptos tratados a la ligera. Los procesos participativos nacidos solo de la necesidad de generar votos y una rápida identificación podrían causar más daño que entregar soluciones, al movilizar a la ciudadanía por intereses propios con la excusa del bien común, al cortar diálogos abruptamente, y al generar ilusiones en la población, en ese sentido, será la ciudadanía quien evaluará al momento de votar quienes han sabido canalizar sus inquietudes de forma responsable y dedicada y quienes expresan solo un discurso vacío.