Sin duda la participación ciudadana en la discusión de las políticas públicas se ha transformado en una de las máximas demandas sociales desde el estallido social de octubre de 2019. Y es que las personas ya no son solo un ente receptor de las decisiones del Estado, carentes de opinión y entregadas a los resultados de los debates políticos realizados entre cuatro paredes, ahora la ciudadanía se alza como un fiscalizador constante de la autoridad, cada vez más informada y empoderada de sus derechos.

En ese contexto, hoy la administración pública solo puede, y debe, entenderse desde la lógica de la participación ciudadana en su conjunto. La inclusión de nuevos actores sociales, y sus respectivas demandas, debe ser afrontada de forma seria, responsable y con el objetivo de crear rutas de trabajo que apunten a un fin concreto.

Pese a ello, y respondiendo a los próximos periodos eleccionarios, se alzan distintas candidaturas a gobernadores, concejales y alcaldes, que se apoderan del concepto de participación y lo incluyen en su agenda programática, solo como discurso o un intento de acercarse a grupos que nunca habían considerado. Es más, existen quienes lo destacan como parte de su eslogan de campaña y que en el fondo continúan representando los viejos valores y formas de hacer política, una desgastada y que intenta a toda costa no perder sus nichos de poder.

Lo anterior no sorprende si consideramos lo camaleónicos que pueden llegar a ser algunos candidatos, que, de militantes declarados, pasaron a convertirse en independientes sin filiación política de la noche a la mañana, en un intento desesperado de buscar apoyo político de una sociedad que, aunque no lo crean, tiene memoria y sabe diferenciar entre personas que han trabajado durante años junto a la ciudadanía, escuchando sus necesidades, participando de reuniones, creando políticas inclusivas, y aquellas que no.

Independiente del motivo, la participación ciudadana en los programas de gestión y la representatividad no debiesen ser conceptos tratados a la ligera. Los procesos participativos nacidos solo de la necesidad de generar votos y una rápida identificación podrían causar más daño que entregar soluciones, al movilizar a la ciudadanía por intereses propios con la excusa del bien común, al cortar diálogos abruptamente, y al generar ilusiones en la población, en ese sentido, será la ciudadanía quien evaluará al momento de votar quienes han sabido canalizar sus inquietudes de forma responsable y dedicada y quienes expresan solo un discurso vacío.