
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Candidato a alcalde por Temuco, Roberto Neira.
Opinión29/01/2021Sin duda la participación ciudadana en la discusión de las políticas públicas se ha transformado en una de las máximas demandas sociales desde el estallido social de octubre de 2019. Y es que las personas ya no son solo un ente receptor de las decisiones del Estado, carentes de opinión y entregadas a los resultados de los debates políticos realizados entre cuatro paredes, ahora la ciudadanía se alza como un fiscalizador constante de la autoridad, cada vez más informada y empoderada de sus derechos.
En ese contexto, hoy la administración pública solo puede, y debe, entenderse desde la lógica de la participación ciudadana en su conjunto. La inclusión de nuevos actores sociales, y sus respectivas demandas, debe ser afrontada de forma seria, responsable y con el objetivo de crear rutas de trabajo que apunten a un fin concreto.
Pese a ello, y respondiendo a los próximos periodos eleccionarios, se alzan distintas candidaturas a gobernadores, concejales y alcaldes, que se apoderan del concepto de participación y lo incluyen en su agenda programática, solo como discurso o un intento de acercarse a grupos que nunca habían considerado. Es más, existen quienes lo destacan como parte de su eslogan de campaña y que en el fondo continúan representando los viejos valores y formas de hacer política, una desgastada y que intenta a toda costa no perder sus nichos de poder.
Lo anterior no sorprende si consideramos lo camaleónicos que pueden llegar a ser algunos candidatos, que, de militantes declarados, pasaron a convertirse en independientes sin filiación política de la noche a la mañana, en un intento desesperado de buscar apoyo político de una sociedad que, aunque no lo crean, tiene memoria y sabe diferenciar entre personas que han trabajado durante años junto a la ciudadanía, escuchando sus necesidades, participando de reuniones, creando políticas inclusivas, y aquellas que no.
Independiente del motivo, la participación ciudadana en los programas de gestión y la representatividad no debiesen ser conceptos tratados a la ligera. Los procesos participativos nacidos solo de la necesidad de generar votos y una rápida identificación podrían causar más daño que entregar soluciones, al movilizar a la ciudadanía por intereses propios con la excusa del bien común, al cortar diálogos abruptamente, y al generar ilusiones en la población, en ese sentido, será la ciudadanía quien evaluará al momento de votar quienes han sabido canalizar sus inquietudes de forma responsable y dedicada y quienes expresan solo un discurso vacío.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La máxima autoridad regional llamó a dejar de lado las quemas agrícolas, reemplazándolas por costosos equipos incorporadores de rastrojo, sin ofrecer apoyo a los pequeños y medianos agricultores.
Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador de la República.
Marcela Castro Armijo, seremi de Educación, región de La Araucanía.
Ximena Sepúlveda, Ingeniera Civil Industrial, Magister en Desarrollo Humano Local y Regional. Ex seremi de Vivienda y Urbanismo.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La mujer y su pareja difundían fotografías y videos íntimos, incluso manteniendo relaciones sexuales, material distribuido a través de X (Twitter) y de Arsmate. Se les denunció además de estafar adultos mayores.
La situación golpeará fuertemente al Municipio, pero un decreto firmado por el Presidente Boric les permitirá cerrar anticipadamente, sin pagar la "multa" de $14.131 millones que corresponde.
En otra de las aristas del caso "Convenios", se investiga la asignación fraudulenta de recursos a particulares relacionados a autoridades o políticos.
Las palabras "F. Fisco", "Cohecho", "Delito", "Encubridor" y "Folab", entre otras, son las que se pueden leer en el elemento sacado ayer de la oficina por la PDI.
$4.700.000 ganaría el gerente interino y $3.500.000 un operador político. Sin embargo, un "error" administrativo los dejó sin recursos para las remuneraciones de este año.