Con un par de fotografías y videos, el parlamentario Andrés Molina entregó a las autoridades regionales de Trabajo, Salud y el Servel, los oficios que denuncian oficialmente lo que podría ser un transporte ilegal de votantes en la comuna de nueva Imperial durante las elecciones pasadas del 15 y 16 de mayo.
La Región26/05/2021
Catalina Sánchez Hidalgo
Las imágenes de las placas patentes y de las personas trasladadas a los centros de votación demostrarían el uso de vehículos de las empresas TransImperial y Surtrans, quienes habrían prestado servicios de transportes de pasajeros, para movilizar votantes en la comuna de Nueva Imperial, en favor del Candidato a gobernador regional Eugenio Tuma y la candidata a alcaldesa Claudia Lecerf.
Los ilícitos señalados en los escritos a la Dirección del Trabajo y Secretaría Regional Ministerial del Trabajo de La Araucanía, exigen que se adopten las medidas necesarias en lo que sería, Infracción a la ley laboral que prohibía prestar servicios los días 15 y 16 de mayo, por ser feriados irrenunciables, demostrando que existió vulneración a derechos de trabajadores, lo que amerita la aplicación de multas a los empleadores.
“Aún más grave, los hechos, según nuestros abogados, podrían constituir una eventual infracción a la normativa electoral ya que podría existir el ilícito electoral conocido como "acarreo", expresó Molina.
"Esto nos obliga como parlamentario de la república, al conocer lo ocurrido, a realizar la denuncia correspondiente ante el Servel para que emprenda las medidas necesarias”, agregó el diputado Molina.
El parlamentario confirmó la entrega de antecedentes ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud, ya que existiría una Infracción a la normativa sanitaria, debido a que se realizó el transporte de personas con omisión de los protocolos y normativa sanitaria vigentes en pandemia, sindicando eventualmente como responsables al equipo del candidato a Gobernador Regional Eugenio Tuma, y la candidata a alcaldesa Claudia Lecerf, quienes habrían organizado la realización de los traslados de un gran número de personas en estos viajes. La acción se extiende a los empleadores de los conductores quienes no habrían adoptado las obligatorias medidas de resguardo sanitario.
Cabe señalar que la ley es muy clara y en una de sus partes indica que la persona que insta al transporte, puede sufrir pena de presidio menor en su grado medio, y una multa de 10 a 50 UTM, (510 mil, a dos millones y medio de pesos), e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, y para el votante trasladado, la pena es de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 1 a 3 UTM, (51 mil a 153 mil pesos).
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