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Senador Huenchumilla ingresa proyecto de ley que introduce figura del “testamento vital”
La iniciativa permitirá manifestar la voluntad sobre cuidados y tratamientos en caso de enfermedad terminal y disponer la donación de órganos.
Este convenio permitirá que 10 personas cumplan sus condenas realizando trabajos en beneficio a la comunidad.
La Región 01/03/2022En dependencias de la Municipalidad de Loncoche el director regional de Gendarmería en La Araucanía, coronel Diter Villarroel Montecinos y el alcalde de dicha comuna, Alexis Pineda Ruiz, firmaron un convenio de colaboración que permitirá implementar en la comuna, la Pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC).
El acuerdo establece que el municipio de Loncoche compromete 10 plazas de servicio voluntario y no remunerado, destinadas a que las personas condenadas a la pena sustitutiva cumplan la sanción penal impuesta, realizando actividades que van en directo beneficio de la comunidad.
Al respecto, el Director Regional de Gendarmería en La Araucanía, coronel Diter Villarroel Montecinos recalcó que “este tipo de pena sustitutiva permite que las personas no se involucren más allá en el sistema delictivo, busca que los penados no se extraigan de su entorno, puedan continuar con sus familias y sus trabajos, pero a la vez cumplan su pena siendo un aporte a la comunidad”.
Por su parte, el alcalde de la comuna, Alexis Pineda Ruiz señaló que “cuando hablan de reinserción social, generar este tipo de convenios ayuda efectivamente a eso, a mostrar una alternativa para que las personas no vuelvan a delinquir.
"Como municipalidad queremos ser actores colaboradores activos, para que estas personas que cometieron un error puedan ser un aporte a la sociedad", señaló.
Cabe destacar que estos trabajos no remunerados se realizarán en las dependencias municipales de la comuna, que serán empleadas por los penados de PSBC y supervisados por el Centro de Reinserción Social de Villarrica.
La iniciativa tiene su origen en las modificaciones a la Ley N° 18.216, que implementa seis penas sustitutivas a la reclusión y que busca la reinserción social de aquellas personas que cometieron delitos menores, para así evitar el contagio criminógeno del penado ante la posibilidad de ser sometido a una pena privativa de libertad efectiva.
La iniciativa permitirá manifestar la voluntad sobre cuidados y tratamientos en caso de enfermedad terminal y disponer la donación de órganos.
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