Exdiputado Mario Venegas representa al Presidente Boric en la UFRO
Lo acompañan además Ana María Alarcón y Gloria Millaray Curilem. Se abren cuestionamientos a su función y a la advertencia oportuna sobre lo que sucedía en la universidad.
Por Paz Neira Barría para Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA).
La Región02/03/2022Equipo AraucaniaDiarioWTE: Los intereses detrás del negocio de la basura en la Araucanía (wte articulo Final.pdf)
Desde el año 2016, comunidades de Lautaro y organizaciones socioambientales, han llevado un proceso de resistencia y rechazo al proyecto de incineración de residuos sólidos domiciliarios presentado por la empresa WTE Araucanía SPA, que busca instalarse en Lautaro. Waste to Energy (WTE) es una forma de procesar residuos (basura) mediante la incineración (quema), generando energía.
Las razones del rechazo son diversas: la no consideración de impactos en comunidades mapuche, la falta de consulta indígena, la ubicación del proyecto que estaría incumpliendo el Plano Regulador de la comuna de Lautaro, además de la cantidad de emisiones tóxicas que este tipo de proyecto genera, que constituye una grave amenaza para la salud y calidad de vida de la ciudad de Lautaro y zonas rurales aledañas, afectando a las personas, comunidades, cultivos, etc. El territorio y la Municipalidad de Lautaro han sido enérgicos en el rechazo a este proyecto.
El proyecto ingresó por primera vez el 2016 a través de una Declaración de Impacto Ambiental que no fue admitida a tramitación. Posteriormente, ingresó nuevamente el año 2017[1] al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por medio de un Estudio de Impacto Ambiental, y aún se encuentra en proceso de evaluación.
En este proceso de oposición, que ya lleva 4 años, las personas y organizaciones han mostrado su rechazo a este proyecto durante todo el proceso, presentando 16.000 Observaciones Ciudadanas y convocando a actividades y manifestaciones en las ciudades de Lautaro y Temuco.
Además, han develado una serie de antecedentes que han encendido las alarmas respecto a la forma en que se han tomado las decisiones a nivel regional y comunal, lo que hace necesario una investigación acerca de quiénes -y por lo tanto qué intereses y relaciones- se encuentran detrás de este proyecto.
El tema de la gestión de la basura de Temuco en particular y de la Araucanía en general -así como en el mundo- es un tema largo, complejo, y en permanente crisis. Waldo Amstrong, en una columna para la Araucanía Diario, señala que Chile genera casi 17 millones de toneladas de basura al año, mientras que en la región de la Araucanía se producen más de 306 mil toneladas de basura al año. Más de la mitad de esa basura se lleva a rellenos sanitarios ubicados en la región del Bío Bío. La comuna de Temuco produce cerca de la mitad de la basura de la región, y luego del cierre del vertedero de Boyeco, envía toda la basura fuera de la región, con un gasto de cerca de 400 millones de pesos mensuales. Es decir entre 2.500 y 3.000 millones de pesos anuales por el manejo de residuos sólidos[2], sólo para esa comuna. Es decir, estamos hablando de un problema mayor e insólitamente rentable.
En la larga administración de Becker, la propuesta de WTE de incineración de residuos contó con una amplia difusión y apoyo de parte de la municipalidad (que de hecho le adjudicó la licitación sin tener siquiera el proyecto ingresado al SEA), los medios, etc.
Pero con el tiempo, la oposición de las comunidades y organizaciones y la difusión de miradas críticas acerca de esta tecnología – y sus impactos para las poblaciones aledañas- hicieron que esta perspectiva “pro WTE” cambiara[3].
Una noticia de mayo del 2020 señala que la Municipalidad de Temuco cobró la boleta en garantía que debía entregar WTE, llegando a ser cuestionada la empresa por todos los concejales. Se cuestiona, entre otras cosas, el gasto en que ha debido incurrir la municipalidad por la no resolución del proyecto WTE[4]. Por su lado, WTE anunció el 2020 una demanda a la Municipalidad.
Como vemos el tema de la basura es un problema insólitamente caro para los municipios, por lo que durante años se han estado pensando en formas de enfrentar el problema. Para la RADA, organización que ha cuestionado el proyecto WTE, la solución al tema de la basura debe ser estructural, y basado en un modelo de Basura 0.
En enero de 2015, el Intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, hizo llegar a los consejeros Regionales una invitación para participar en una visita tecnológica a España, con el fin de conocer experiencias en los ámbitos de residuos sólidos domiciliarios y generación energética. En los documentos se sostiene que esta es una iniciativa del Gobierno Regional en conjunto con la Asociación de Municipalidades, en el contexto de la construcción de una estrategia regional para la generación de residuos sólidos domiciliarios. Por su parte, la Asociación de Municipalidades fue representada por los alcaldes de Temuco, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Gorbea, Lautaro, Los Sauces y Collipulli[5].
El objetivo de este viaje fue conocer la Planta dependiente del Ayuntamiento de Rivas VaciaMadrid -con quien se firmaría un convenio de cooperación- y la visita a un proceso de generación energética en Zaragoza. Justamente se visitó una planta de tipo WTE.
En esa gira participó sólo un privado: Robert Wörner, empresario del rubro de la construcción. Al preguntar vía Ley de Transparencia, al GORE Araucanía acerca de las razones y financiamiento de su presencia en ese viaje, se señaló que no se tenían mayores antecedentes pero que efectivamente Wörner había estado presente en el mismo[6].
En abril del 2015, se constituye la Sociedad WTE Araucanía Spa. El objeto de la empresa es el siguiente: "ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO, FABRICACIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERÍAS, GENERACIÓN, CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, SUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA CALIENTE, VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS, VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESECHOS NO AGROPECUARIOS”[7].
Según el Estatuto actualizado de junio del 2017 de la Sociedad por Acciones WTE Araucanía SpA[8], los accionistas de esta sociedad son: Constructora Wörner S.A., Juan Pablo Cavalla Paraud, Inversiones Franco Boke Spa, Gastón Carlos Caminondo Vidal Y Stefan Krause Niclas, todos representados por la abogada Arlete Ruminot Jimenez. Todos son dueños por partes iguales, de 500 acciones ordinarias equivalentes a la suma de $100.000.000 del capital social.
Como veremos más adelante, los accionistas de esta empresa son poderosos hombres ligados a los negocios regionales, nacionales e internacionales. Mientras los propietarios de Constructora Wörner manejan importantes contratos y proyectos en todo el sur de Chile, Juan Pablo Cavalla a través del control de CAVCO maneja algunas de las obras y operaciones industriales más grandes de Chile, prestando servicios a industrias de la talla de ENAP, COPEC, CMPC, entre otras. Inversiones Franco Boke pertenecen a la familia Franco, ligada a Rolando Franco Ledesma, dueño y socio principal de uno de las más importantes bufetes de abogados del sur de Chile, que además ha prestado servicios legales y técnicos en el área medioambiental. Gastón Camimondo ha estado ligado históricamente a los grupos de poder regionales, siendo directivo de Sofo y padre de la actual SEREMI de Justicia, Stephanie Camimondo Eyssautier. Además, ha tenido un activo rol en el proceso de judicialización de la causa mapuche. Por su parte, Stefan Krause, ha sido por una vida parte del directorio y la elite del holding CENCOSUD, uno de los más importantes a nivel de Chile y Latinoamérica.
En diciembre de 2015 se abre licitación pública de la municipalidad de Temuco para un nuevo sistema de disposición final de residuos. A esta licitación se presentan dos propuestas: WTE Araucanía Spa. y GERSA. En Abril de 2016 se adjudica a WTE Araucanía dicha licitación. La propuesta de WTE Araucanía es una planta de higienización de residuos e incineración por gasificación.
En agosto de 2016 la Municipalidad de Temuco firma contrato con WTE Araucanía. En octubre de 2017 el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitrarias la evaluación de las propuestas presentadas a la licitación y la adjudicación a WTE Araucanía, por haber estado su propuesta fuera de bases. Por otro lado, llama la atención que la municipalidad de Temuco firmara un contrato con una empresa que llevaba poco tiempo constituida, y que no tenía más que un proyecto, que ni siquiera había ingresado al SEA.
En 2020 la Municipalidad de Temuco revocó el contrato de la licitación por el no cumplimiento de plazos de parte de la empresa, y exigió el cheque en garantía que debía haber entregado WTE. A su vez, WTE demandó a la Municipalidad de Temuco. Como vemos, las relaciones hoy están rotas y los actores locales suponen que queda por delante un largo proceso judicial. De forma paralela, se espera que luego de 4 años en evaluación ambiental, el proyecto se vote por el CORE dentro de las próximas semanas.
La facilidad con que este proyecto se posicionó a nivel regional y el apoyo que tuvo de parte de instituciones y alcaldes, como Becker, nos llevan a preguntarnos acerca de quiénes son los accionistas, y qué intereses tienen a nivel regional y nacional, con el fin de ayudar a transparentar la red de relaciones con que los intereses extractivistas operan.
Cabe mencionar que la presidenta del directorio[9] de esta constructora es Sonia Ines Wörner Muxica, quien además es representante y gerente general[10] de la empresa Sociedad W Energie Spa o Wörner Energía Spa, que se dedica a la venta de sistemas de climatización a nivel domiciliario e industrial[11].
La constructora Wörner ha tenido y tiene importantes contratos en el sur de Chile. Construyó el SODIMAC Los Pablos, en la que fue sancionada por ruidos molestos, y en los registros figuran como constructora de muchas obras tanto públicas como privadas. Actualmente, uno de sus proyectos es la construcción del Teatro de las Artes de Panguipulli, cuyas obras (por un monto de $2.991.994.698 pesos), deberían empezar en Noviembre del 2021[12].
El abogado que generalmente aparece representando a esta empresa es Rolando Franco Ledesma.
Rolando Franco Ledesma es socio principal del bufete de abogados Franco & Cia. Uno de los abogados más reconocidos en los círculos empresariales de Temuco y el sur de Chile. En la página web del bufete de abogados, se señala sobre Rolando Franco que es socio principal y con una importante trayectoria en materias civiles, laborales, penales, ambientales, comerciales y otros. Abogado, fue socio fundador del estudio de abogados Albagli y Zaliasnik. Ha sido profesor en las universidades de Chile, Finis Terrae y UCT, fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCT (2010- 2012) e integrante de la Corte De Apelaciones de Temuco (2014) y juez árbitro de la misma corte (2016- 2018)[13].
Como vemos, Rolando Franco ha hecho una carrera importante no sólo en el mundo de las leyes, sino además en el universitario y en el poder judicial. Además, maneja múltiples empresas y sociedades a nombre de él y Silvia Boke, su señora.
El año 1994, Rolando Franco Ledesma y Silvia Boke Friederichs constituyeron la sociedad de responsabilidad limitada “Sociedad Agrícola Franco, Boke & Cía. Ltda.” Con el objeto de explotación de predios agrícolas y forestales, que actuaba con el nombre de fantasía “Agrícola Caracoles Ltda”, con un capital de 10 millones de pesos[14]. El año 2009 los dueños hicieron un aumento de capital social de los 10 millones originales a $286.444.832 pesos[15].. Hoy, en el Registro de colaboradores del Estado, Rolando Franco sigue apareciendo como representante legal de dicha sociedad, figurando Felipe Franco Boke, su hijo, como director de la misma[16].
Los antecedentes señalan que la familia Franco Boke tiene una gran afición por los caballos, siendo parte de la “Asociación Río Cautín” del circuito de rodeo y crianza de caballo chileno, llegando a recibir premios por poseer el mejor caballo de la zona[17].
El fundo “Los Caracoles”, en el kilometro 15 del camino Padre Las Casas- Niágara, de propiedad de Rolando Franco, el año 2013 fue objeto de un ataque incendiario contra un quincho. La noticia del diario la Segunda señala que a esa fecha, Rolando Franco se desempeñaba como jefe del equipo jurídico de la Forestal Mininco[18]. La historia se repitió en septiembre del 2019, cuando desconocidos prendieron fuego a dos casas de 260 y 140 metros cuadrados[19].
En 1994, en el Registro de Comercio de Santiago, Rolando Franco y Silvia Boke constituyeron la sociedad “FRANCO, BOKE Y Cia. Limitada” pudiendo usar el nombre de fantasía “Sur de Chile Ltda.” Para la realización de todo tipo de negocios e inversiones especialmente los referentes a bienes inmuebles agrícola y urbanos[20].
El año 2016, en Temuco, Rolando Franco Ledesma, en representación de “Inversiones Franco Boke & Cía. Ltda” (RUT 76.499.200-8) constituyó la sociedad “Inversiones Franco Boke Spa” dedicada a la realización de todo tipo de negocios o inversiones, por cuenta propia o ajena[21].
Un asunto interesante es que el año 2017 Franco Boke S.A. (RUT 78.504.740-0) representada por Rolando Franco Ledesma celebró un contrato de arriendo con la Subsecretaría de Energía por la oficina que ocupaba (En el edificio Campanario, ubicado en Claro Solar, oficina 1001) desde el año 2016[22] hasta la actualidad.
De la misma forma, arrienda a CONADI la oficina ubicada en la calle Antonio Varas N° 979 edificio Euro América, oficina N° 506[23] por la suma de $1.200.000 mensuales.
Otra arista de las ocupaciones de Rolando Franco es en el campo de la asesoría profesional y asesorías ambientales, ya que figura como representante de la “Sociedad de Profesionales Franco y Cía. Ltda” en el listado de socios de APEMEC (asociación de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas)[24]. En la misma dirección del edificio Campanario en Temuco, aparece registrada la razón social Franco Gestión Estratégica y Ambiental S.A. (rut 76.082.249-3). Al indagar sobre las actividades de esta consultora, vemos que se dedica a la asesoría y gestión de proyectos, como la planta de tratamiento de aguas servidas de Mehuin, el condominio “Laguna Hermosa” en Valdivia, entre otros.
Juan Pablo Cavalla es gerente general de “Cavalla Construcciones y Montaje Limitada”, CAVCO, una empresa de obras y servicios industriales, prestando servicios de montaje industrial, mantención industrial, construcción y arriendo de maquinaria.
Dentro de sus clientes están algunas de las principales industrias del país: CAP, COPEC, Abastible, Arauco, ENAP, ASMAR, CEMPC, Gasco, Colbún entre otras. Ubicada en Talcahuano y Concón, maneja cerca de 13.000 m2 de instalaciones[25].
El tipo de proyectos en los que ha trabajado es muy amplio y va desde la ampliación de la Sub estación Chilvicán y planta de oxigeno para el proyecto MAPA (2020), líneas de montaje mecánico de secado e impregnación para Arauco y trabajos para ENAP (2019) y trabajos en oleoductos y toma de muestras para las refinerías Aconcagua y Bío Bío de Enap (2018), entre muchos otros[26].
Cabe mencionar que varios de dichos proyectos o servicios han sido denunciados por organizaciones socioambientales por los impactos que tienen en los ecosistemas y las poblaciones aledañas. Así señala la noticia del diario el Mercurio -un medio no especialmente afín a las denuncias socioambientales-: “Derrames suman casi un centenar de casos entre 2013 y 2018” [27]. Claramente un centenar no se podría describir como un accidente aislado, y es cosa de buscar para encontrar cientos de denuncias de las organizaciones socioambientales de esta zona en sacrificio.
En Julio del 2018, CAVCO fue denunciada por organizaciones territoriales por el derrame de petróleo en Quintero, cuando CAVCO Ltda, contratista de ENAP, realizaba faenas de mantención en los oleoductos. El derrame fue sobre el estero Mala Cara, fuente de agua potable de la localidad, debiendo ser abastecidas con camiones aljibe cerca de 250 familias[28].
Gastón Carlos Caminondo Vidal es Ingeniero en Ejecución Mecánica, de la Universidad de Concepción. Hijo de Charles Caminondo Etchart, agricultor de Lautaro y director de la SOFO (y en cuyo nombre lleva el recinto SOFO), siempre ha estado ligado al mundo agrícola y a las organizaciones gremiales asociadas. Dentro de su trayectoria profesional, ha sido socio de la SNA, Presidente del Consorcio Agrícola del Sur FG, Presidente y socio de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO AG., principal gremio que representa los intereses del sector agropecuario de la Región de La Araucanía[29].
Actualmente, es parte de directorio de Cotrisa (Comercializadora de trigo S.A.), comercializadora de trigo donde Corfo tiene más del 97% de las acciones y que tiene varias plantas, entre ellas una en Lautaro. El objetivo de Cotrisa, como empresa del Estado, es generar un poder comprador de trigo, con el fin de ayudar a regular y estabilizar su precio generando facilidades para los productores de este cereal.
Según Contraloría, por el cargo de director de COTRISA Camimondo como director llegaría a recibir 24 UTM mensuales (1.253.000 de hoy) o 308 UTM el año 2019[30] (19.840.000 de hoy). Desconoceos los mecanismos de Corfo para nombrar la gerencia y directores de Cotrisa.
Gastón Camimondo ha sido investigado por carabineros, junto a otros agricultores, por su eventual participación en grupos de grandes agricultores que han tenido conflictos con comunidades mapuche, y que se han organizado para defender sus intereses. La preocupación de carabineros radica en la posibilidad de que este tipo de organizaciones “pueda evolucionar hacia un grupo de naturaleza paramilitar”[31]. Una noticia del año 2015 señalo el testimonio de Caminando como parte de grupos de WhatsApp entre dueños de fundos para enfrentar posibles tomas de sus predios.[32]
En la misma línea, en diciembre del 2020 SOFO hizo un llamado a la autodefensa en predios agrícolas. “Hago un llamado a los agricultores a estar atentos, a preparase muy bien para la propia defensa (…) habrá que defenderla personalmente con nuestros propios medios”[33]
Gastón Camimondo fue además testigo de la familia Luchsinger en el caso Luchsinger McKay, donde fue acusada y luego absuelta la machi Francisca Linconao junto con otros 10 acusados. En su calidad de testigo, señaló ser dirigente gremial de SOFO y la Multigremial de la Araucanía, que agrupa a 8 ramas productivas (agrícola, forestal, transporte, comercio, salmón Chile, Asinca) [34].
Caminondo sigue siendo parte del directorio de SOFO hasta el día de hoy, gremio que ha sido un actor activo en la demanda de mano dura con las reivindicaciones mapuche, haciendo un llamado hace pocos días a decretar estado de sitio en las provincias de Arauco y Malleco:
“Con la finalidad de detener la escalada de violencia, miedo y muertes que azotan a la zona desde hace 20 años”[35].
Luego del asesinato de Pablo Marchant por parte de carabineros, en julio de este año, SOFO junto con otros gremios del país -especialmente los ligados a la agroindustria y camioneros- sacaron un comunicado respaldando a Carabineros y llamando al gobierno a mejorar el control del “terrorismo”, al poder legislativo a aprobar leyes que endurezcan las medidas represivas contra las reivindicaciones mapuche, y al poder judicial a “aceptar las pruebas, agilizar los procesos y dictar las condenas que se merecen los victimarios”[36].
Para Caminondo, el histórico conflicto del Estado con el pueblo mapuche -claramente originado en la invasión armada y adjudicación privada- se reduce a mafias terroristas extranjeros narcotraficantes:
“Estas mafias, con apoyo de terroristas extranjeros, como hace algún tiempo se informó, son los que han utilizado la causa mapuche, para disfrazar sus verdaderas intenciones […] el origen del problema “es que terroristas y narcotraficantes usan demandas del pueblo mapuche como fachada para delinquir. A eso se suma una ley indígena que nunca fue consultada con las diferentes etnias y que entre otras cosas permite que solo 10 personas mayores de 18 años puedan formar una “comunidad” y pedir tierra. Una ley que ha sido total y absolutamente desvirtuada”, afirma. Y agrega “A esto debemos sumar la pobreza rural que existe en nuestra región y que se debe a políticas públicas históricamente mal implementadas, pobreza que es el caldo de cultivo para el actuar de grupos narcoterroristas”.
Esta perspectiva de un conflicto claramente histórico representa el pensamiento de la derecha nacional y regional, como se evidencia en la bibliografía, y los gremios ligados al latifundio (SNA, SOFO) y organizaciones multigremiales (de la Araucanía, nacional).
Cabe señalar que Gastón Caminondo es padre de la Seremi de Justicia de la Araucanía, la abogada Stephanie Caminondo Eyssautier. A su cargo, tiene instituciones como el Servicio Nacional de Menores, Servicio Médico Legal, Gendarmería, Registro Civil, Corporaciones de asistencia judicial y la Defensoría Penal Pública[37]. Según la página del Ministerio de Justicia, sigue en el cargo.
Stefan Krause Niclas es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción. Es parte del directorio de Cencosud desde el 2020 (controladora en Chile de Paris, Easy, Santa Isabel, Spid 35, Aventura Center, Costanera Center, entre muchos otros), uno de los principales holdings del país, controlado por la familia Paulmann, la tercera más rica de Chile (después de Iris Fontbona y Julio Ponce).
Cencosud tiene sus orígenes en Temuco, cuando los hermanos Paulmann fundaron el supermercado “Las Brisas”, y hoy tiene tiendas en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia.
Krause lleva una vida trabajando para Cencosud, como Gerente Corporativo de Obras y Proyectos (2015- 2013), Gerente General de Jumbo (1983- 2003) en Chile y Argentina. Además, integró directorios en varias empresas subsidiarias de Cencosud en Argentina, Colombia y Chile[38]. Una noticia del diario estrategia señalo que Stefan Krause había presentado su renuncia al directorio de Cencosud en julio de este año[39].
Al llevar adelante una lucha anti extractivista, como ha sido la lucha contra WTE por parte de las comunidades y organizaciones de Lautaro, se hace necesario saber cuáles son los intereses empresariales que están en juego. Especialmente cuando, como en este caso, en un inicio las máximas autoridades regionales (intendente Huechumilla, alcalde Becker, universidades), se mostraban totalmente a favor de este proyecto, y lo defendían como una gran novedad en manejo sustentable de residuos.
El cuestionamiento de la tecnología WTE en Europa, por los impactos ecosistémicos que genera, ha llevado a un cierre de este tipo de plantas. De esta forma, los creadores de la misma buscan expandirse en países del tercer mundo, como Chile.
En el caso de WTE Araucanía, los inversionistas son un grupo de hombres de negocios que dominan, cada uno en su esfera, distintos ámbitos de la producción industrial: desde el financiamiento, la construcción de las industrias, el mantenimiento de las mismas, el manejo en legislación ambiental y permisos, entre otros.
Esto nos ayuda a comprender mejor el entramado del extractivismo, que muchas veces coincide con el entramado de las élites regionales. Y los vínculos empresariales/políticos/gremiales/familiares en que se sustentan. Por otro lado, también ayuda a visualizar el gran número de rubros, servicios y empresas asociados a este tipo de proyectos, y los capitales e intereses involucrados en ellos.
El proyecto WTE generaría un impacto tóxico permanente en las comunidades aledañas de Lautaro, y esperamos que sea prontamente rechazado en la COEVA.
Mientras, la Araucanía -así como el resto del planeta- naufraga en la permanente crisis de la basura. Y seguirá en crisis, simplemente porque es que es un sistema insostenible. Aunque muy, pero muy rentable.
No podemos, como sociedad seguir consumiendo y produciendo tal cantidad de basura. Además de la reducción drástica en la producción y consumo, es fundamental reutilizar y reciclar todo lo que sea posible, regular la industria y mejorar las ordenanzas municipales. Y avanzar hacia un sistema de Basura 0.
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