Catalina Sánchez Hidalgo
Fue la jueza del 7° Juzgado Civil de Santiago Carolina Ramírez Reyes, quien falló parcialmente a favor del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, condenando al fisco a pagarle más de diez millones por el "daño moral" .
Una acción judicial que fue interpuesta por Llaitul, por haber sido víctima de "crímenes de lesa humanidad durante la dictadura", cuando era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y solicitó un pago indemnizatorio de $200 millones.
Y es que según consta en los archivos de la Comisión Valech II y en el fallo judicial, Llaitul fue detenido por Fuerzas Especiales de Carabineros el 28 de abril de 1988, junto a una veintena de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, en el marco de una movilización estudiantil en contra de la dictadura.
Posteriormente, fue llevado a la Comisaría Central de Valparaíso e imputado con cargos relativos a la Ley de Control de Armas e infracción al Código de Justicia Militar, quedando incluso recluido en la Cárcel de Quillota, “donde lo mantuvieron incomunicado durante 10 días en los que habría sido sometido a torturas y tratos inhumanos".
Fue de esta forma, que el líder de la CAM, Llaitul fue reconocido como víctima de tortura y prisión política por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II, bajo el número 4711, por lo que en el juicio, se aseguró que fue sometido a maltratos físicos y verbales “mediante golpes de puños y pies", entre varios puntos más.
Lo anterior, puesto que en la cárcel de Quillota, habría estado recluido en los calabozos “aislado en una celda sin luz, colchón ni baño, con solo una comida diaria consistente en un té y pan, donde fue interrogado por agentes de la Central Nacional de Informaciones en tres ocasiones durante los diez días que permaneció incomunicado.
Ahora bien, su demanda que finalmente este 31 de mayo tuvo respuesta, se basó entre varios puntos, en que estas eventuales torturas le habrían provocado un perjuicio físico y psíquico que a su parecer, el Estado debe reparar, fallando la Jueza, a favor de Héctor Llaitul.
Cabe señalar que el gobierno había dicho que interpondría una querella en contra de Llaitul por el llamado a armarse ante el inminente (de aquel entonces) regreso de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. Sin embargo, dicha acción no se concretó.
