El gremio local solicitó al Delegado Presidencial, mayor fiscalización al comercio ambulante que afecta al centro de la capital regional.
La Región17/06/2022
Equipo AraucaniaDiario
Seguridad, comercio ambulante, victimización en el comercio y el incremento de robos y asaltos, fueron los ejes centrales de la reunión que sostuvieron dirigentes de la Cámara de Comercio, Servicios, y Turismo de Temuco con el delegado presidencial, Raúl Allard.
Durante el encuentro se acordó establecer apoyo mutuo en el control de la seguridad y orden público, para generar acciones en conjunto hacia la prevención del delito y comercio ambulante. Además, solicitaron, mayor presencia policial en las calles y apoyo a los inspectores municipales para ejercer el control del comercio callejero.
"Controlar...la procedencia de la mercadería que se vende, ya que los productos que ellos transan en la vía pública transgreden toda normativa vigente“, comentó el presidente de la Cámara de Comercio de Temuco, Gustavo Valenzuela.
El dirigente agregó que otro punto tratado con el delegado Allard fue la victimización en el comercio, que según una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) registró un aumento de 48,1 % en Temuco, por lo que manifestaron preocupación especialmente por los robos y asaltos que van en aumento con delincuentes cada vez más avezados en su actuar.
"Queremos reencantar a los habitantes de la ciudad con nuestro tradicional centro, para ello es sumamente necesario brindarles seguridad, espacios libres y fácil acceso...", añadió.
Valenzuela aseguró que ven muy buena voluntad de parte del delegado Raúl Allard en buscar soluciones a los problemas presentados por el gremio. Sin embargo, manifestó, estar a la espera de resultados efectivos en un mediano plazo.
Finalmente, los dirigentes del gremio del comercio también tuvieron la oportunidad de dar a conocer al delegado presidencial, el Centro de Arbitraje y Mediación (CEAM Araucanía) que es una entidad de la Cámara de Comercio de Temuco que está al servicio de la comunidad para la resolución de causas civiles y comerciales a través de la mediación o el arbitraje en un periodo de tiempo acotado.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
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