Hoy se revisan cautelares de hombre que dio muerte a comunero en Licán Ray
El día en que Eloy Alarcón Manquepan recibió el certero disparo en el pecho que le dio muerte, no se encontraba solo, si no rodeado de su madre y de sus pequeños hijos.
Todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando el empresario M. B. (existe prohibición de informar su nombre) llegó en su camioneta y según su última versión, recibió de manos de uno de sus trabajadores el arma con la cual le dio el tiro que terminó con su vida.
Independientemente de que los hechos hayan sido de una u otra manera, ya sea que fue atacado por Eloy Alarcón, como alega M.B. o que sin provocación le disparó al joven mecánico, como establecen su familia y testigos, los que efectivamente ya es un hecho de la causa es que el empresario no estaba en el lugar de los hechos cuando la comunidad llegó a reclamar la parcelación que estaba realizando, sobre un predio con título de merced previo.
Si portaba o no el arma, o si ésta tenia permiso para ser usada en ese domicilio en particular son hechos que se analizarán en el juicio oral, pero por lo pronto, la familia de Eloy Alarcón pide que el lugar de reclusión de M.B no sea donde este recibió el mortal disparo.
Audiencia en Garantía
"El día de mañana (hoy) se realizará audiencia en el tribunal de Garantía de Villarrica, toda vez que la hemos solicitado a efectos de conseguir se ordene la prohibición del imputado M.B., de acercarse al domicilio de mi representada y sus hijos, y en definitiva, se le decrete la obligación de abandonar el inmueble ubicado en el sector Liumalla, lugar en donde le dió muerte a la víctima Eloy Alarcón Manquepán", explicó Patricia Cuevas, abogada de los hijos de Eloy Alarcón.
"Lo anterior, por cuanto los hechos ocurrieron en presencia de dos menores de edad, hijos de Eloy, quienes en todo momento observaron desde su propia ventana cómo el imputado le disparó a su padre a menos de dos metros de distancia, dejándolo caer sin prestar ningún tipo de ayuda, para seguir disparando al aire y amenazando a sus familiares", agregó Cuevas.
"Se van a cumplir 5 meses desde el asesinato y en este proceso jamás se ha pensado en los niños ni tenido su interés superior como prioridad, pues incluso el juez, en la audiencia de formalización, fue de criterio de no decretar ninguna medida cautelar", dijo la abogada a AraucaniaDiario.
"Al día de hoy la afectación de los menores de edad es evidente y se acrecenta cada vez que el imputado va al domicilio y tiene que salir escoltado por Carabineros, cuestión que les hace revivir una y otra vez las imágenes que, a su corta edad nunca debieron presenciar, lo que les hace sentir fundado temor al verse expuestos a la presencia del imputado (quien claramente tiene otro domicilio), lo que se suma a que en estos cinco meses no han recibido ayuda psicológica ni una derivación a la unidad de atención de víctimas por parte de Fiscalía", puntualizó además Patricia Cuevas.
