Los dueños de terrenos colindantes que impidan el paso por accesos ya fijados se exponen a multas que pueden llegar hasta las 100 UTM, es decir, a más de $6 millones.
La Región13/01/2023
Equipo AraucaniaDiario
Con la temporada estival en pleno desarrollo en todo el país, las playas de mar, ríos y lagos son los destinos preferidos. A pesar que estas son Bienes Nacionales de Uso Público, es decir, que son de todas y todos los chilenos y que, por lo mismo, existe el derecho a disfrutar de sus múltiples usos, en estos meses aumentan los casos de problemas de accesos.
Ante la dificultad o imposibilidad de poder acceder a las playas, toda persona puede hacer una denuncia ante el Ministerio de Bienes Nacionales, específicamente en su página web www.bienesnacionales.cl, donde está dispuesto un banner -“Playa Segura de Todos”- en el que hay un formulario e información general sobre este tema.
También se puede hacer de forma presencial en las oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales de cada región, o bien en las delegaciones presidenciales o municipalidades, las que luego son derivadas a Bienes Nacionales.
Es importante recordar que los casos denunciables son cuando no existe ningún tipo de acceso a la playa; cuando hay un acceso único que se encuentra cerrado, y cuando un tercero impide, controla o cobra por el acceso.
La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, destacó que el presupuesto 2023 fortalecerá las capacidades de fiscalización, ya que existe un mandato del Presidente, Gabriel Boric, para garantizar el acceso a las playas y no aceptar privilegios.
“Hay un trabajo que se está haciendo. Si es que un propietario sigue impidiendo el acceso, nosotros vamos a hacer uso de las herramientas que tenemos, haremos las denuncias y las acciones que pueden terminar con multas y eventualmente en el uso de la fuerza pública, si así lo determina la Delegación Presidencial”, añadió.
Se contemplan multas para quienes no colaboren con garantizar el acceso a las playas. Por ejemplo, cuando un acceso ya fue fijado a través de una resolución, el dueño del terreno está obligado a cumplir con la normativa, no puede cerrar este camino ni impedir el paso o cobrar por ello.
En esos casos, se expone a multas que pueden llegar a las 100 UTM – más de $6 millones – y de 200 UTM en caso de reincidencia.
Es distinto cuando no hay ningún acceso a la playa. En esas situaciones, el Ministerio de Bienes Nacionales revisa el caso y sus equipos técnicos fiscalizan la zona. Dichos antecedentes son analizados junto a la Delegación Presidencial Regional correspondiente para fijar un acceso, un trabajo que incluye el diálogo con los dueños de terrenos colindantes y representantes de los sectores que dan distintos usos a la zona costera, como el sector turístico, sindicatos de pescadores y recolectores de orilla, deportistas, vecinos, etc.
En ese contexto, la ministra Toro hizo un llamado a los dueños de terrenos colindantes a las playas a colaborar y buscar en conjunto soluciones para garantizar los usos turísticos, productivos y deportivos.
“Tener un terreno frente al mar es una suerte, un privilegio, pero eso no le da derecho a nadie para apropiarse de la playa como si fuera parte de su patio o su jardín. Nadie se puede adueñar de una playa. No hay que olvidar que las playas de mar, lagos o ríos son Bienes Nacionales de Uso Público y que pertenecen a todas y todos”, agregó.
Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
Jorge Montes Coronado habría ocultado que mantenía procesos administrativos pendientes de resolución. Además, mantiene una relación de pareja con una funcionaria del Hospital de Angol.
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