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Emprendedores se defienden y denunciaron un aumento del hostigamiento, con registros fotográficos, grabaciones no consentidas e incluso amenazas personales.
El hombre procedente de Puren participó en la compra del CFT Los Lagos, luego de que se les traspasaran $900 millones de un proyecto que se ejecutaba en la región de Los Lagos.
La Región05/08/2023
Equipo AraucaniaDiario
El Ministerio Público confirmó que Diego Ancalao Gavilán, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), fue detenido el día de ayer cerca de las 14.00 horas por un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI), a petición de la Fiscalía de Los Lagos, por su responsabilidad en delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa.
Así lo confirmó la fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Como Fiscalía solicitamos al Tribunal de Garantía de Puerto Montt una orden de detención contra Diego Ancalao por su responsabilidad en delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa ... luego de finaizar una serie de diligencias adminsitrativas por el caso de traspasos de dineros a fundaciones desde el Goberno Regional de Los Lagos”.
Cabe señalar que el caso de la fundación Kimün, a la cual el Gobierno Regional de Los Lagos traspasó $1.200 millones, para la ejecución de un proyecto de regularización de títulos de dominios, se vincula a la compra del Instituto Profesional (IP) y del Centro de Formación Técnica (CFT) Los Lagos, en 24 millones de pesos, pagaderos en dos cuotas futuras, por parte de Diego Ancalao en julio pasado; luego que estos recintos educativos recibieran $900 millones por parte de la Fundación Kimün, provenientes del proyecto con que debían ejecutarla regularización de los títulos de dominio.
Ancalao pasara a control de detención hoy sábado, en la primera audiencia que realice el juzgado de Garantía de Puerto Montt.

Emprendedores se defienden y denunciaron un aumento del hostigamiento, con registros fotográficos, grabaciones no consentidas e incluso amenazas personales.

Un reciente estudio advirtió una profunda brecha previsional y de protección social que afecta a casi dos tercios de quienes trabajan por cuenta propia.

1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas, sin que se denunciara lo ocurrido.

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