150 comunidades indígenas presentan queja en Noruega contra la empresa Statkraft

De acuerdo a la queja interpuesta por la machi Millaray Huichalaf, por sí y en representación de miles de mapuche williche que habitan y usan ancestralmente el territorio del río Pilmaiquén, junto al Consejo de Lonkos -en representación de más de 150 comunidades indígenas afectadas-, la empresa noruega Statkraft habría violado los Derechos Humanos de los habitantes del valle formado por este río. 

Según relatan en su presentación ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Noruega, en 2009, la entonces empresa chilena promovente de los proyectos hidroeléctricos solicitó la autorización oficial de los mismos sin que las comunidades fueran consultadas y participaran en los estudios de impacto ambiental, social y cultural de dichos proyectos. 

Luego, Statkraft adquirió en 2015 los activos de la empresa chilena y tres proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén: Rucatayo, Osorno y Los Lagos. "No obstante, omitió cumplir con su deber de debida diligencia en materia de derechos humanos con motivo de dicha adquisición y continúo con el avance de los proyectos sin cambios significativos", señalan en la queja presentada.

"Desde 2011, cuando las comunidades decidieron defender su territorio, han enfrentado diversos obstáculos por parte de las autoridades chilenas, pero también retaliaciones por parte de Statkraft. Desde su involucramiento en los proyectos, la empresa se niega a reconocer la existencia, el territorio y prácticas ancestrales de las comunidades mapuche williche en el Pilmayken, así como los impactos culturales por sus actividades y el derecho a una consulta indígena y al consentimiento libre, previo e informado", agregan en el escrito. 

"Así también, Statkraft ha omitido proporcionar información clara, exacta y completa a las comunidades sobre el desarrollo de sus proyectos. Aunque la empresa informó recientemente que ha desistido del proyecto Osorno, las comunidades no tienen confirmación del desistimiento de los permisos y autorizaciones correspondientes", manifestaron.

"Tal renuncia sucedió después de una intensa demanda de las comunidades al reconocimiento de sus derechos ancestrales", puntualizaron además.

Según las comunidades, antes, en 2021, representantes mapuche williche tuvieron conocimiento de la restitución unilateral del complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante –en propiedad de Statkraft Chile Inversiones Eléctricas– a un tercero, sin consulta con las comunidades mapuche williche, a pesar del conocimiento público de un proceso de restitución de dicho complejo iniciado desde 2011 por comunidades mapuche williche. "Tales actuaciones han generado división comunitaria entre las comunidades asentadas en el territorio Pilmayken, así como la creación de grupos interés que favorecen a la empresa", agregaron.

Uso de la fuerza pública y criminalización

"Lejos de contribuir a la mitigación de abusos a los derechos humanos, la empresa ha usado su influencia para ejercer presión económica para avanzar sus proyectos, de manera que el uso de la fuerza pública y la criminalización hacia líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras ha sido constante por parte del Estado chileno para garantizar dicha inversión", manifestaron además.

Según las comunidades, estas circunstancias constituirían violaciones a las Directrices, que obligan a las empresas a respetar derechos humanos y a identificar, prevenir y mitigar posibles impactos en el desarrollo de sus actividades. "Tal obligación se extiende a las empresas con quienes tenga relaciones comerciales, como aquellas de su cadena de suministro y empresas subsidiarias", agregaron.

“El río Pilmaiquén es sagrado en nuestra cosmovisión, y junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario. Además, es un territorio rico en biodiversidad. Ahora, Statkraft quiere inundar 191 hectáreas y se niega a reconocer nuestros derechos e identidad sobre dichos territorios”, señaló por su parte Millaray Huichalaf, la autoridad espiritual tradicional mapuche williche que ha estado al frente de estas reclamaciones.

Empresas subsidiarias 

"Las empresas subsidiarias de Statkraft en Chile se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos como indígenas sobre los territorios donde pretenden desarrollar sus proyectos", agregaron. Por eso, las comunidades mapuche williche acudieron al PNC de Noruega, mecanismo no judicial de mediación, para buscar un remedio a los referidos abusos, tomando en consideración la responsabilidad de Statkraft SA como empresa matriz –propiedad del Estado Noruego– de conformidad con las Directrices, pero también en consideración a la Ley noruega de Transparencia.

Las comunidades que presentaron la queja esperan que el PNC Noruego conozca de las posibles violaciones a los Derechos Humanos, en que la empresa noruega estaría incurriendo con motivo de sus proyectos en Chile. Así también, que admita la queja y llame a Statkraft a reconocer los derechos de estas comunidades e impida la continuación de acciones empresariales contrarias a las Directrices.

"Así también, que Statkraft genere mecanismos de diálogo y participación genuinos con las comunidades, use su influencia para detener la división comunitaria y la criminalización y violencia contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras –particularmente mujeres– con motivo de sus proyectos. Finalmente, que aplique estándares adecuados de debida diligencia para reconsiderar su inversión en el territorio mapuche williche", finalizaron.

En la queja presentada el día de hoy, las comunidades mapuche williche cuentan con la asistencia y acompañamiento de la abogada Manuela Royo Letelier, de Andrea Pietrafesa, del Colectivo de Acción por la Justicia Social (CAJE) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional, una organización liderada desde el Sur Global que tiene como misión el asegurar la justicia transnacional y la rendición de cuentas empresarial mediante la colaboración, el apoyo y el fortalecimiento de contrapartes ubicadas en el Sur Global que defienden los derechos económicos, sociales y culturales.

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