Nora Agouborde está imputada por haber autorizado el pago de $60 millones a la Constructora Sierra Nevada, por trabajos de mantención de caminos que nunca se efectuaron. Según el seremi del MOP, la empresa continúa prestando servicios en la región.
La Región18/10/2023
Equipo AraucaniaDiario
El secretario regional ministerial de Obras Públicas Patricio Poza (PPD), se refirió ayer al plan para abordar el mal estado de los caminos en la región, luego de que se le pidiera la renuncia al director regional de Vialidad, quien llegó a mencionar incluso que "no daban abasto" con sus funcionarios, para fiscalizar las obras que se encontraban en ejecución.
"Vamos en primer lugar a mejorar y profundizar los trabajos de conservación global ... eso viene de la mano también con una tarea que tenemos en la dirección de Vialidad con mejorar la fiscalización y por sobre todo, que los trabajos que estén contratados se cumplan", dijo el seremi.
Además, el secretario regional anunció el detalle de las obras que se ejecutarán y la contratación de equipos para abordar la reparación de los caminos desde Vialidad. "Tenemos 14 equipos cuantificados, que vamos a realizar una contratación de emergencia que se cuantifica en $850 millones por cinco meses, para reforzar los trabajos que realiza tanto la administración directa de Vialidad, tanto en la provincia de Malleco como de Cautin, como también los contratos de conservación global", puntualizó Poza.
Entre las empresas que se encuentran a cargo de la mantención de los caminos que hoy están en mal estado o "reventados", se encuentra la Constructora Sierra Nevada, según confirmó Patricio Poza; empresa que fue muy cuestionada luego de que uno de sus arquitectos fuera formalizado junto a una inspectora fiscal del MOP. "Tenemos algunas como la empresa Trancura, la empresa Sierra Nevada, el detalle de todos los contratos de conservación global que tenemos los podemos hacer llegar, porque tenemos 14 contratos en ejecución y esperamos tener para el 2024 más de 20", dijo Poza.
"(Nora Agouborde) sigue fiscalizando, se están haciendo lógicamente todos los otros trámites administrativos paralelos que se tengan que desarrollar ... mientras la normativa lo permita, es factible", agregó el seremi de MOP.
Fue en octubre del año pasado que la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) formalizó a la inspectora del ministerio de Obras Públicas Nora Agouborde y al arquitecto de la empresa constructora Sierra Nevada, Jorge Reyes, por fraude al fisco por $60.000.000, por trabajos de despeje de nieve en caminos en Melipeuco que nunca fueron realizados.
El fiscal Anticorrupción Cristián Crisosto explicó en la oportunidad que en 2017 el MOP de La Araucanía le adjudicó un contrato a la empresa constructora Sierra Nevada S.A., para ejecutar obras de despeje de nieve en caminos de la región, entre ellos el de Padre las Casas, Cunco y Melipeuco, en un plazo estimado de cuatro años.
Según la investigación, Jorge Reyes, arquitecto y recepcionista de la empresa, adulteró y falsificó los informes mensuales de la obra para acreditar su cumplimiento y por su parte, Nora Agouborde, en su rol de inspectora fiscal designada por el director regional de Vialidad de La Araucanía Rodrigo Toledo, aprobó la certificación de tres actas de recepción única de obra y autorizó el pago efectivo a la empresa, aunque no se habían realizado las labores de despeje acordadas. Todo esto, con fondos del Ministerio de Obras Públicas, que ascienden a 60 millones de pesos.
Al respecto el fiscal Cristian Crisosto señaló: “se entregó información falsa por parte de don Jorge Reyes, profesional residente de la empresa y estando en conocimiento doña Nora Agouborde de que esa información era falsa, que el despeje de nieve no se había efectuado, ella autorizó el pago de esos trabajos por parte del fisco a esta empresa Sierra Nevada ...".
"... se desembolsó una suma de 60 millones de pesos que no se debió haber pagado puesto que las obras no fueron ejecutadas”, agregó el fiscal Anticorrupción.
El Juzgado de Garantía de Temuco impuso la medida de arraigo nacional para ambos imputados y estableció un plazo de investigación de ocho meses.
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