El Consejero abordó la creciente preocupación sobre el incremento de los costos de la energía eléctrica, que afecta tanto a los hogares como a la economía.
La Región10/07/2024
Equipo AraucaniaDiario S
El consejero regional Marcelo Carrasco abordó la crisis actual por el próximo alza en el precio de los servicios eléctricos, que afectará fuertemente a toda la población, luego de que el Ejecutivo mantuviera las tarifas congeladas, que durante el llamado "estallido social" el Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera no aumentó.
“La electricidad que usamos pasa por tres etapas: Generación, que representa el 70% del costo, Transmisión, que cubre el 20%, y Distribución, con un 10% del costo total”, explicó Carrasco.
“El problema comenzó a finales de 2019 durante el estallido social en Chile, cuando el gobierno del entonces presidente Piñera congeló los precios de la energía para evitar un aumento del 10%, medida que generó una deuda de 1 mil 350 millones de dólares con las empresas generadoras, y el actual gobierno, bajo la administración del Presidente Boric, mantuvo las tarifas congeladas, elevando la deuda a 5 mil 500 millones de dólares, por lo que mantener estas tarifas no es económicamente sostenible, con consecuencias graves, ya que los costos de energía afectan tanto a los hogares como a las microempresas, pudiendo disminuir su rentabilidad o aumentar los precios de productos y servicios”, añadió.
Se estima que 5 millones de hogares se verán afectados por el aumento de tarifas. Para ayudar a las familias de menores ingresos, el gobierno propone aumentar el subsidio eléctrico, beneficiando a 1,5 millones de clientes vulnerables. Para financiar este aumento, se proponen tres medidas: una sobretasa al impuesto verde, una sobretasa en el cargo por servicio público y un mayor aporte fiscal mediante la recaudación del IVA. El objetivo es triplicar la cobertura del subsidio eléctrico para que 4,7 millones de hogares reciban ayuda.
“El subsidio actual es una solución temporal que no resuelve el problema de fondo y representa una carga recurrente para el Estado”, expresó el Consejero.
Para abordar el problema de las tarifas eléctricas, Carrasco ha consultado otras medidas implementadas en otros países, como el Reino Unido y Alemania, donde se ha promovido la entrada de nuevos actores en el mercado eléctrico, aumentando la competencia y reduciendo precios. En Alemania y España, se han implementado incentivos fiscales y financieros para la instalación de paneles solares en hogares y empresas. En Australia y los Países Bajos, todas las viviendas nuevas deben estar equipadas con sistemas fotovoltaicos. En Estados Unidos, existen programas de financiamiento verde que permiten incluir el costo de instalación de paneles solares en los créditos hipotecarios. Además, en Dinamarca y Japón se han desarrollado programas para promover la generación distribuida de energía, donde los consumidores también pueden ser productores, vendiendo el exceso de energía a la red eléctrica. En Chile, aunque la ley permite esto, su implementación ha sido lenta.
Para adaptar estas soluciones al contexto chileno, Carrasco propuso, en primer lugar, reformar el mercado eléctrico, facilitando la entrada de nuevos actores y fomentando la competencia, en segundo lugar, entregar incentivos para la instalación de paneles solares, como incluir subsidios directos, créditos fiscales y programas de financiamiento a bajo interés, en tercer lugar, equipar nuevas viviendas con sistemas fotovoltaicos: Incluir viviendas del SERVIU para aumentar la adopción de energías renovables, en cuarto lugar, ofrecer créditos hipotecarios que incluyan el costo de instalación de paneles solares, para facilitar el acceso a la tecnología solar, y quinto, desarrollar programas para promover la generación distribuida, incluyendo la instalación de sistemas de energía renovable en hogares, empresas y comunidades.
“Estas medidas pueden ayudar a reducir la carga financiera de las familias vulnerables , la clase media y promover la adopción de energías renovables, y, a largo plazo, contribuirán a la sostenibilidad ambiental, la resiliencia del sistema energético y la independencia energética del país, además de reducir las emisiones de carbono; el siguiente paso es desarrollar un plan detallado de implementación que incluya consultas con expertos, la elaboración de políticas y regulaciones adecuadas y la colaboración con actores clave del sector energético y financiero; es crucial que estas medidas se diseñen de manera inclusiva, considerando las necesidades de todos los sectores de la sociedad”, concluyó Carrasco.
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