Equipo AraucaniaDiario S
Insistir en un marco que extienda los reclamos más allá de los Títulos de Merced, como lo ha hecho en diversas instancias al mencionar la pérdida de 360.000 hectáreas, nos lleva a un terreno insostenible e impracticable. Validar este tipo de argumentos no solo pone en duda la legitimidad del Estado de Chile, sino que además destruye la posibilidad de alcanzar un acuerdo real y duradero.
Resulta fundamental aclarar que la mayoría de las tierras en manos de agricultores y empresas forestales han sido adquiridas de manera legítima, inscritas en Conservadores de Bienes Raíces y protegidas por el marco jurídico vigente. Continuar alimentando la narrativa del “despojo”, que desconoce este hecho, solo genera más incertidumbre, tensiones y un inevitable estancamiento en el proceso.
Si el marco de discusión sigue cuestionando la legalidad de la ocupación histórica de estas tierras, el país quedará atrapado en un callejón sin salida. No habrá certeza jurídica ni confianza para avanzar hacia una solución. La paz y el entendimiento no se logran ampliando conflictos, sino encontrando puntos comunes que sean realistas, mirando hacia el futuro y que respeten tanto los derechos adquiridos como las aspiraciones de las personas indígenas.
Creemos que las injusticias ocurridas en el marco de los Títulos de Merced deben ser reparadas, cuando estas sean debidamente documentadas, y dicha reparación ofrezca alternativas que les permitan a los beneficiarios elegir, incluidas opciones monetarias. Sin embargo, insistir en una visión extrema, que es efectivamente respaldada y vociferada por los mismos grupos terroristas que han generado violencia en la región, hace muy difícil una solución. Llevamos ya muchos años bajo la misma política y el mismo discurso, que en la práctica ha demostrado ser un fracaso.
La Multigremial de La Araucanía hace un llamado urgente a mantener la discusión dentro de un marco responsable y realista, enfocado en certezas jurídicas y soluciones viables. Es hora de enfocarnos en lo que sí es posible: construir un consenso que respete la legalidad y no traslade de forma exclusiva a agricultores y empresas una deuda histórica que no les corresponde. De lo contrario, estaremos perpetuando una crisis que nadie quiere heredar.
