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En un parque acuático ocho personas fueron enviadas a sus hogares y la estación de expendio de combustible a lanchas no había agua potable ni servicios higiénicos.
La Región16/02/2025Durante el proceso de inspección en la playa además se activaron dos fiscalizaciones de oficio: la primera a un parque acuático que terminó con ocho personas enviadas a sus hogares tras constatar faltas graves a la normativa laboral y la segunda en una estación de expendio de combustible a lanchas que no contaba con agua potable ni servicios higiénicos. Falta de servicios higiénicos, falencias en seguridad y adolescentes en edad de trabajar realizando labores peligrosas fueron algunas de las irregularidades detectadas por un equipo de fiscalización de la Inspección del Trabajo de Villarrica que concurrió a la playa Grande de Pucón para revisas las condiciones de trabajo de salvavidas.
Esta acción se enmarca en un plan nacional de inspección a las condiciones laborales de salvavidas que implementó la Dirección del Trabajo en todo el país y que en su acción regional fue encabezado por la directora regional del Trabajo, Carolina Ojeda Galaz, y que también contó con la presencia de la seremi del Trabajo y Previsión Social de la región, Claudia Tapia de la Peña.
El procedimiento realizado en playa Grande se centró en la revisión de aspectos clave como la legalidad de los contratos laborales, las jornadas de trabajo, la entrega de elementos de protección personal, las medidas de seguridad frente a la exposición a rayos UV, y las condiciones estructurales de las torres de vigilancia.
Al respecto, la directora Carolina Ojeda explicó que durante la fiscalización se constataron infracciones en materia de higiene, seguridad y normativa laboral, lo que llevó a la suspensión de las labores de un salvavidas de la playa Grande. "Estas fiscalizaciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector", indicó Ojeda.
Ocho trabajadores enviados a sus hogares en Parque Acuático
Además, la autoridad comentó que durante el procedimiento se activó una fiscalización de oficio a un parque acuático, también ubicado en Playa Grande. “En este caso se detectó a adolescentes en edad de trabajar realizando labores peligrosas, lo cual está prohibido por la normativa laboral, incluso cuando los menores cuenten con la autorización necesaria para desempeñar otras funciones. Además, la empresa no disponía de servicios higiénicos adecuados, ni cumplía con otras normativas de higiene y seguridad. Como resultado, también se suspendieron las labores de ocho personas en dicho lugar”, subrayó Ojeda.
Por su parte, la seremi Claudia Tapia destacó la importancia de velar por la seguridad de los trabajadores, especialmente aquellos encargados de velar por la seguridad de los veraneantes. “Estamos preocupados de aquellas personas que tienen el rol de cuidar a los veraneantes en la región de la Araucanía, ya sean salvavidas o, en este caso, gente que está al cuidado de juegos acuáticos. Tenemos que resguardar que ellos estén en buenas condiciones para garantizar también que los veraneantes tengan el cuidado como corresponde ", indicó Tapia.
La seremi también hizo un llamado a los empleadores a ser conscientes de sus responsabilidades y cumplir con la normativa vigente, en especial respecto a las labores permitidas para menores de edad. "Los mayores de 15 años pueden trabajar con autorización notarial y autorización de su padre, madre o tutor, pero nunca en labores peligrosas. Y en la Dirección del Trabajo hay un catálogo de labores peligrosas que están prohibidas para los menores de edad, incluso si tienen edad para trabajar en otro tipo de trabajos", precisó.
Suspensión de faenas en estación de expendio de combustibles
Finalmente, el procedimiento también analizó las condiciones laborales de una tienda de expendio de combustibles para lanchas, donde se suspendió la faena del recinto debido a que los trabajadores presentes no contaban con agua potable, servicios higiénicos, comedor ni vestidores.
Se deberá comunicar por escrito y con 48 horas de anticipación la aplicación de plaguicidas, lo que en el campo es difícil por falta de medios o señal de internet.
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