La industria salmonera ha bloqueado leyes ambientales, presionado contra territorios indígenas y evitado sanciones, revelando su influencia en el Estado.
Chile y el Mundo29/04/2025
Equipo AraucaniaDiario S
En mayo de 2023, tras un intenso lobby, la Comisión Mixta del Congreso rechazó una indicación clave en el proyecto de Ley SBAP que buscaba regular las concesiones salmoneras en áreas protegidas (AP). La votación, con un empate inicial (5-5), terminó con el rechazo definitivo gracias a parlamentarios como José Meza (Republicano), Juan Coloma (UDI), Paulina Núñez (RN), Matías Walker (Independiente) y Gustavo Sanhueza (UDI).
La científica Cristina Dorador denunció luego de la votación: "Que decepcionante y lamentable la argumentación de algunos parlamentarios sobre la Ley SBAP y defensa a las salmoneras. Con ese nivel no nos quedará Chile que proteger", (X, mayo 2023). En otro posteo comentó: “En el paupérrimo debate de esta tarde #SBAP un parlamentario dijo que era una "irracionalidad" tener áreas protegidas. Se necesitan estándares mínimos de entendimiento y conocimientos para poder legislar” (X, 29 de mayo, 2023). En otra publicación: “Lo que está haciendo la industria salmonera al oponerse al #SBAP es un claro ejemplo de #Astroturfing, es decir, una campaña de la élite empresarial enmascarada como un movimiento social, en este caso incluyendo el apoyo de parlamentarios”, (X, 28 de mayo, 2023).
Las empresas financiaron campañas mediáticas, movilizaron trabajadores y presionaron con argumentos económicos, logrando mantener su acceso a zonas de alto valor ecológico.
La LEY NÚM. 20.249. CREA EL ESPACIO COSTERO MARINO DE LOS. PUEBLOS ORIGINARIOS, también conocida como Ley Lafquenche, que protege espacios costeros de pueblos originarios de usos consuetudinarios, ha sido sistemáticamente saboteada por la industria. En Magallanes, Aysén y Los Lagos, los Consejos Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) —donde influyen gremios salmoneros— han rechazado solicitudes de ECMPO (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios).
Aunque los ECMPO no constituyen propiedad privada sino un reconocimiento de uso consuetudinario -que promueve la gobernanza colectiva entre diversos actores y que no afecta las concesiones preexistentes en las zonas-, numerosas solicitudes de comunidades indígenas han sido sistemáticamente obstaculizadas.
Magallanes (agosto 2024): La CRUBC rechazó el ECMPO de la comunidad kawésqar As Wal La Iep con 36 votos en contra y 1 a favor. Prensa Austral reveló que la Asociación de Salmonicultores de Magallanes envió un informe días antes, alineado con los argumentos del gobierno regional (Prensa Austral, julio 2024).
Aysén (febrero 2024): La CRUBC rechazó dos ECMPO ("Cisnes" y "Huichas") con 29 votos en contra. Las comunidades denunciaron: "Esta votación mostró un Estado pasivo y ausente, que permitió abuso de poder e inequidad, violando el Convenio 169 de la OIT2, (Comunicado comunidades, febrero 2024).
Los Lagos / Chiloé (junio 2024): La CRUBC de Los Lagos rechazó 4 de 5 solicitudes mapuche-williche. Radio Williche Mül’ütu documentó cómo la industria difundió el miedo a pérdidas de empleo, pese a que la ley no afecta concesiones existentes (Reporte Radio Williche Mülutu y Radio Kurruf).
En noviembre 2024, el gobierno suspendió la tramitación de la nueva Ley de Acuicultura tras presión del sector salmonero. Paralelamente, la Subsecretaría de FF.AA. solo caducó 78 de 428 concesiones irregulares, pese a informes de la Contraloría General (CGR) que detectaron 170 centros inactivos no fiscalizados (CGR, agosto 2024).
La Fundación Terram denunció: «Sernapesca ocultó información, permitiendo que empresas mantengan concesiones sin operar por años» (Informe CIPER, mayo 2024).
El Subsecretario Galo Eidelstein informó a Prensa Austral, que en los restantes 350 casos no se verificaron incumplimientos punibles, pese a denuncias reiteradas por organizaciones ambientales desde 2022.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) emitido en agosto de 2024 resaltó graves deficiencias en la fiscalización de 170 centros de cultivo de salmones inactivos. La CGR señaló que Sernapesca no comunicó dichas situaciones a la SS.FF.AA., obstaculizando la declaración de caducidad. El documento también subrayó que 79 procesos relacionados con centros inactivos siguen pendientes desde 2016, mientras otros 36 excedieron los plazos legales.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha omitido sanciones por sobreproducción y contaminación:
95 casos de sobreproducción en reservas nacionales (67 mil toneladas ilegales) quedaron impunes, con solo 13 denuncias (CIPER Chile, mayo 2024. Fundación Terram).
Nova Austral, responsable de 19 concesiones en parques nacionales, recibió un perdonazo: Luego de cuatro años de iniciada una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Nova Austral por fraude de subvenciones y posteriormente de que identificara que la empresa recibió $59.580 millones de pesos vía Ley Navarino -entre 2016 y 2019- a través de la entrega de información falsa; en marzo de este año el Ministerio Público presentó una propuesta de acuerdo alternativo para suspender el proceso judicial a cambio de que Nova Austral pague sus deudas tributarias, por un monto de $30.229 millones de pesos, de los cuales $9.130 millones (38%) se financiarían con bonificaciones estatales obtenidas por Ley Navarino, que se encuentran retenidas como medida cautelar ($6.953 millones) y pendientes de pago ($2.177 millones). Cabe recordar que 19 de las 28 concesiones salmoneras que operan dentro de parques nacionales pertenecen a Nova Austral.
Un 4 de mayo del 2022, el presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la región de Magallanes, expresó que las empresas salmoneras tienen que salir de las áreas protegidas: «Queremos decir de manera muy clara a las distintas industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y al medioambiente, y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas», expresó el mandatario.
También indicó el mandatario: «Desde nuestro gobierno tenemos que buscar ese equilibrio sensible, difícil, de cómo compatibilizar el empleo que entregan esas empresas con las externalidades que provocan (…) No se puede entregar más concesiones en la medida que no existan estudios de capacidad de carga del suelo marítimo, autónomos de las salmoneras, y que exista una capacidad fiscalizadora del Estado».
Cabe señalar, que en la actualidad, 32 empresas de grupos empresariales y conglomerados familiares chilenos junto a transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, controlan, a lo menos, 416 concesiones industriales al interior de los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia.
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