El parlamentario ofició al ministro de Seguridad para que adopte medidas para permitir la realización de las diligencias judiciales, investigativas o policiales necesarias en el territorio.
Política02/05/2025
Equipo AraucaniaDiario
La directa amenaza del lonco Víctor Queipul de que impedirá el ingreso del Estado chileno a la autodenominada “Comunidad Autónoma de Temucuicui”, llevó al diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, Miguel Ángel Becker, a oficiar al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. En el escrito le pide a la autoridad “adoptar medidas y realizar las actuaciones necesarias para permitir la realización de las diligencias judiciales, investigativas o policiales cuya materialización deba ocurrir en el territorio” mencionado.
Cabe recordar que hace unos días, y en el marco de un recurso presentado por dirigentes e integrantes de la comunidad para revertir el traslado de comuneros mapuches desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la capital de La Araucanía hasta penales de Concepción y Valdivia, Queipul afirmó que no permitirán el ingreso de funcionarios estatales: “no va a entrar, no va a entrar”.
Palabras que se exponen en el oficio enviado a Cordero y que Víctor Queipul entregó a radio Biobío: “Ustedes vieron claramente cuando fue ministra la Siches, yo fui el que le dio el portazo (en marzo de 2022) y así que, por lo tanto, eso no es mentira, no es una cuestión que lo estoy comentando y no lo voy a hacer. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”.
Miguel Ángel Becker expone que el tono que utiliza Queipul, además de una seguidilla de acciones, “constituyen una transgresión y una amenaza para la soberanía del país que suponen que en Chile existen territorios ajenos al imperio de la ley y el Estado de Derecho, nada más lejos de cualquier noción mínima de democracia y convivencia social”.
Y hace ver que tanto los actos reivindicatorios y “evidentemente insurreccionales han supuesto hechos de violencia que adquieren connotación delictiva, puesto que el empleo de armas y la realización de disparos injustificados con el fin de intimidar a la autoridad (...) suponen delitos previstos y sancionados tanto por el Código Penal, como en la ley sobre Control de Armas”. Además, que podrían calificarse también como “homicidio en algún grado de frustración o tentativa”.
En el oficio también se recuerda el intento de ingreso y registro a la comunidad en enero de 2021, donde funcionarios policiales fueron repelidos a balazos -lo que refleja la presencia de armamento en el lugar-, resultando un integrante de la PDI fallecido. Recién un año después su victimario fue detenido.
Miguel Ángel Becker también expone que la Constitución dispone que al Presidente de la República “le corresponde la conservación del orden público y la seguridad pública interior”. Y que según la ley que creó el Ministerio de Seguridad que dirige Cordero, tiene “el deber de resguardo del orden público y la seguridad interior, el que debe ser puesto en marcha”.
Por último le pide al ministro Luis Cordero tres puntos: Adoptar medidas y realizar actuaciones necesarias para permitir la realización de las diligencias judiciales, investigativas o policiales cuya materialización deba ocurrir en el territorio de la “Comunidad Autónoma de Temucuicui”; ejercer las acciones legales y querellas que fueren procedentes para perseguir la responsabilidad penal que surgiere con ocasión de aquellos actos que impiden u obstaculicen la presencia del Estado en el mismo territorio. Y si se evalúa, así mismo, una querella contra Víctor Queipul; y finalmente informar si el Ministerio de Seguridad Pública tiene proyectado algún plan de intervención de la comunidad, o si como gobierno han decidido sustraerse de las labores de orden y seguridad en el territorio ocupado por dicha comunidad.
El gobernador Pablo Silva dijo que respetan la presunción de inocencia, al igual como a Saffirio trabaja hoy con funcionarios que están siendo investigados en su GORE.
La máxima autoridad de La Araucanía dijo no sentirse cómodo al compartir con otros gobernadores que hoy se encuentran cuestionados en términos de probidad.
La parlamentaria apuntó contra el Partido Republicano, que salió a rechazar el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento sin siquiera haberlo leído.
El parlamentario sostuvo que “hay más de 7 mil millones de pesos que no han sido restituidas al Ejército”.
Sin embargo, el diputado Mauricio Ojeda lleva en la cárcel más de cuatro meses. La fiscalía pidió prisión preventiva, pero jueza de Garantía no la concedió.
El parlamentario de RN solicitó al Servicio Electoral analizar los antecedentes que vinculan al Mandatario con la Fundación Pro Cultura y evalúe ejercer la acción penal por presunto financiamiento ilegal de su campaña.
La docente del colegio particular George Chaytor de Temuco ya habría sido desvinculada y fue apercibida, quedando en libertad.
Docentes acusan además, que el centro de formación técnica estatal tiene más de 20 demandas laborales en los tribunales de la región.
El director nacional Álvaro Morales repudió la "expresión de violencia entre funcionarios" e interpuso una denuncia penal, resguardando las imágenes de las cámaras del lugar.
La Contraloría detectó que miles de funcionarios públicos viajaron fuera de Chile mientras estaban haciendo uso de una licencia médica por enfermedad.
El ministro Mario Marcel dijo que se busca ahorrar recursos y que los beneficios respondan mucho mejor a lo que son las necesidades de la ciudadanía.
