El pasado 28 de marzo un operativo de la PDI bloqueó el único acceso a la comunidad por tres días, se persiguió y encañonó a niños de 5, 9, 12 y 13 años.
La Región31/05/2025
Equipo AraucaniaDiario
Luego del rechazo por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco al recurso de Amparo presentado por los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (NDH), en representación de cuatro niños de 5, 9, 12 y 13 años y cuatro adultos -entre ellas una autoridad ancestral-, la Corte Suprema revocó la sentencia recurrida con sólidos fundamentos, que vienen a cuestionar el actuar de fiscales y de la Policía de Investigaciones (PDI) en La Araucanía.
Según informaron en su oportunidad AraucaniaDiario y Radio Kurruf, el 28 de marzo pasado un contingente de la Policía de Investigaciones irrumpió en la comunidad indígena de Quinquén, sin que hasta el momento se sepa qué fiscal o fiscales estaban a cargo, ni el motivo del allanamiento en el sector cordillerano de Lonquimay.
Según relató una de las integrantes de esta comunidad, Alejandra Toledo, quien es lawenche, autoridad ancestral en proceso de aprendizaje de medicina mapuche, ese viernes estaba en su casa junto a su rewe, su espacio ceremonial, cuidando de su hijo de 12 años y de su hija de 5 años, cuando irrumpen en su predio cerca de 30 funcionarios de la PDI.
Según relata la mujer, su domicilio fue rodeado por policías, quienes comenzaron a registrar las dependencias. Alejandra, quien se quedó en su rewe, escuchó disparos y pidió a los funcionarios de la PDI que se calmaran, porque había niños y niñas.
“Se me agredió, se me amenazó, me apuntaron y rodearon con armas, hubo disparos y no se me permitió seguir a mis hijos, a quienes los persiguieron, los apuntaron, los acorralaron en el cerro solos", denunció la mujer, quien le había dicho a los pequeños que se refugiaran la la casa de uan familiar, su tía Delfina.
"Mi hija menor tiene 5 años y quedó con daños sicológicos por esto. Por los disparos, pensó que habían matado a su papá, a su mamá, que nos habían matado a todos”, agregó la mujer.
Según lo denunciado, cuatro camionetas y un automóvil de la PDI persiguieron a los hijos de Alejandra, que corrían para refugiarse en la casa de su tía Delfina Torres y avisar lo sucedido, donde también se encontraba Miriam Meliñir con su hijo lactante de 9 meses, junto a menores de 13 y 9 años.
Al ver el contingente policial los cuatro niños y niñas corrieron lejos de la casa, donde la señora Miriam fue retenida. Cuando logró salir en su auxilio, fue perseguida y le ordenaron detenerse, pero no lo hizo.
Al llegar, vio que los niños y niñas estaban rodeados de policías que portaban armas y los mantenían acorralados al centro, mientras lloraban con pánico. Ella les sacó de allí y los llevó a su casa, donde permanecieron hasta el domingo, porque los policías continuaban en el lugar, haciendo uso de espacios privados para pernoctar. El impacto psicológico para los niños fue evidente. Durante esas noches, no pudieron dormir y recién una semana después de los hechos, pudieron regresar a su escuela.
El 7 de mayo se revisó el recurso de Amparo interpuesto en la Corte de Apelaciones de Temuco y dos días después, la segunda sala dio a conocer la negativa: “No habiéndose configurado en la especie una afectación ilegal o arbitraria a la libertad personal o a la seguridad individual de los amparados, que justifique acoger la presente acción, corresponde desestimar el recurso de amparo”.
Ante esto, los abogados Eduardo Painevilo y Sebastián Saavedra, del Centro de Investigación y Defensa Sur, recurrieron ante la Corte Suprema, la que el 26 de mayo revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, confirmando el Amparo.
“Existió una persecución de menores 5 y 9 años de edad de parte de funcionarios premunidos con armas, que aun cuando fue por breve tiempo, resulta improbable que dichos menores hayan podido ser confundidos con adultos prófugos, respecto de quienes se practicaban las diligencias; lo cual no podía sino causar una alteración y afectación anímica a los aludidos infantes, debido su escasa edad y contextura física, lo que aparece refrendado, por los demás, con los informes de atención de los afectados emanados del Hospital Intercultural de Maquehue”, señaló la Corte Suprema.
Así, la sentencia de la Corte Suprema confirmó la vulneración a la libertad y a la seguridad individual de los niños durante el operativo de la PDI, alertando un riesgo de vulneraciones futuras, por lo que se deberá velar por que lo sucedido no vuelva a ocurrir.
“Se deberá extremar las precauciones, en especial en contextos en los que se encuentren presentes niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes a pueblos originarios y espacios de significación cultural, adoptando protocolos de actuación compatibles con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, sentenció la Suprema, sin que hasta ahora se conozca de medidas reparatorias para los menores y adultos afectados.
Hasta el momento se desconoce mayores antecedentes del operativo realizado por la Policía de Investigaciones y qué fiscal del Ministerio Público estuvo a cargo de las diligencias e investigación.
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