Cuatro niños y adolescentes de 5, 9, 12 y 13 años habrían sido retenidos por la Policía de Investigaciones durante tres días en un allanamiento a la comunidad.
La Región19/05/2025
Equipo AraucaniaDiario
Los familiares de cuatro niños del sector cordillerano de Quinquén, en la comuna de Lonquimay, presentaron un recurso de amparo, luego de que fuesen retenidos y afectados durante tres días, en el marco de un operativo que se llevó a cabo el 28 de marzo pasado, donde según denunciaron con apoyo del INDH, los niños sufrieron diversos tipo de abusos, tanto físicos como psicológicos.
La acción de amparo constitucional, presentada por abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de Horacio Meliñir Huaiquillán, Alejandra Toledo Alarcón, Delfina Torres Torres, Miriam Meliñir Torres y cuatro niños y adolescentes de 5, 9, 12 y 13 años, señala que sus derechos individuales y colectivos fueron vulnerados en el allanamiento ejercido por la Policía de Investigaciones de Chile.
De acuerdo a lo relatado por Radiokurruf.org, el viernes 28 de marzo de este año, cerca de las 18:00 horas, un contingente de la PDI irrumpió en el Lof Quinquen, colapsando las rutas y bloqueando su único acceso durante tres días. El control principal se ubicó en la escuela de Quinquén, donde personal armado ejercía el control de ingreso y salida.
Alejandra Toledo es lawenche, autoridad ancestral en proceso de aprendizaje de medicina mapuche y pertenece a esta comunidad. Aquel viernes se encontraba en su casa, junto a su rewe, su espacio ceremonial, cuidando de su hijo de 12 años y de su hija de 5 años, cuando de pronto ve ingresar al predio cerca de 30 funcionarios de la PDI, por lo que ordena a los menores que se resguarden en la casa cercana de su tía Delfina.
Sin exhibir ni invocar orden judicial, el domicilio es rodeado por policías, la mayoría vestidos de civil y algunos encapuchados, portando armas largas y cortas. Se bajan de los vehículos y comienzan a registrar las dependencias. Alejandra se quedó en su rewe, escuchó disparos y pidió que se calmen porque había niños y niñas: “allí se me agredió, se me amenazó, se me apuntó y rodeó con armas, hubo disparos y no se me permitió seguir a mis hijos, a quienes los persiguieron, los apuntaron, los acorralaron en el cerro solos".
"Mi hija menor tiene 5 años y quedó con daños sicológicos por esto. Por los disparos, pensó que habían matado a su papá, a su mamá, que nos habían matado a todos”, agregó Toledo.
La policía la interrogó respecto a personas que andaban buscando, ella les dijo que no había nadie y les pidió que se retiraran. Según la mujer, la amenazaron diciendo que la podían denunciar por vulneración de derechos de sus hijos, que se los podían quitar.
De acuerdo a lo denunciado, una funcionaria de la PDI la sacó de su rewe tomándola con fuerza de un brazo, para trasladarla hacia su domicilio. Ingresaron junto a otros tres policías, uno de los cuales dio la instrucción de registrar el lugar. Alejandra pidió con insistencia la orden judicial que autoriza el allanamiento, pero está nunca fue exhibida, por lo que les exigió que salieran de la casa y así lo hicieron. Entonces el contingente policial se trasladó a una casa taller que se encuentra a unos metros del domicilio, donde funcionarios policiales cortaron los cables de todas las maquinarias que son el sustento laboral de esta familia.
Según sigue el relato, cuatro camionetas y un automóvil de la PDI persiguieron a los hijos de Alejandra, que corrían para refugiarse en la casa de su tía Delfina Torres y avisar lo sucedido. En la casa familiar se encontraba también Miriam Meliñir con su hijo lactante de 9 meses, junto a menores de 13 y 9 años. Al ver el alto contingente policial los cuatro niños y niñas corrieron lejos de la casa, donde la señora Miriam fue retenida. Cuando logró salir en su auxilio, fue perseguida y le ordenaron detenerse, lo que no obedeció.
Al llegar, vio que los niños y niñas estaban rodeados de policías que portaban armas y los mantenían acorralados al centro, mientras lloraban con pánico. Ella les sacó de allí y los llevó a su casa, donde permanecieron hasta el domingo, porque los policías continuaban en el lugar, haciendo uso de espacios privados para pernoctar.
De acuerdo a lo relatado, el impacto psicológico para los niños es evidente. Durante esas noches, no pudieron dormir y recién una semana después de los hechos, pudieron regresar a su escuela.
Sin embargo y pese a lo relatado, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió rechazar el recurso, por lo que la defensa de los niños apelará a la Corte Supema.
“No habiéndose configurado en la especie una afectación ilegal o arbitraria a la libertad personal o a la seguridad individual de los amparados, que justifique acoger la presente acción, corresponde desestimar el recurso de amparo”, señaló la Corte de Temuco.
“No se hace lugar al recurso de amparo interpuesto, sin perjuicio que la recurrida en los procedimientos policiales semejantes a los de autos deba, extremar las precauciones, en especial en contextos en los que se encuentren presentes niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes a pueblos originarios y espacios de significación cultural, adoptando protocolos de actuación compatibles con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, sentenciaron los ministros de Temuco.
We Liwen Curamil se atrevió a denunciar lo que pasó en el Liceo Bicentenario de Victoria, donde fue interrogado sin la presencia de sus padres y detenido injustamente.
El Cuerpo de Bomberos de Temuco instruyó además una investigación interna y no descarta la existencia de otros casos similares que puedan haber afectado a la institución.
El sujeto, quien tiene un local comercial en avenida Balmaceda de la capital regional, habría cobrado más de $22 millones por servicios que nunca prestó.
En gran medida se debe a la falta de servicio eléctrico por parte de Frontel y Codiner. Además, los alumnos no están recibiendo la alimentación de Junaeb.
A raíz de la falta de energía, varios recintos educacionales hoy no podrán funcionar ni entregar la alimentación de Junaeb.
Las empresas de seguros generales más reclamadas fueron BCI Seguros Generales, HDI Seguros y Sura.
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Es parlamentaria gracias a que el Partido Republicano aceptó llevarla en sus cupos, pero al poco andar se fue renegando contra el fundador de la colectividad.
Los candidatos se habrían excusado por distintos motivos, mientras que Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami no fueron invitados.
