Los periodistas Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, de la página Amigos de Paipa denunciaron el acoso promovido por el alcalde Germán Ricardo Camacho.
Chile y el Mundo03/07/2025
Equipo AraucaniaDiario
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena el uso indebido del sistema judicial por parte de funcionarios públicos en Colombia como mecanismo de censura contra periodistas del medio digital Amigos de Paipa, quienes han sido objeto de estigmatización, hostigamiento y presiones judiciales por su cobertura crítica sobre asuntos de interés público en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá.
Los periodistas Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, fundadores de la página Amigos de Paipa en Facebook —medio digital que desde hace años informa sobre el patrimonio histórico, la gestión pública y el urbanismo local— denunciaron ante la SIP una campaña sistemática de acoso promovida por funcionarios de la alcaldía de Paipa, encabezada por el alcalde Germán Ricardo Camacho.
El medio ha documentado y cuestionado la demolición de casonas coloniales de más de 250 años en el centro histórico del municipio, una acción que, según el Ministerio de Cultura de Colombia, constituye un “crimen” contra el patrimonio cultural. Las demoliciones se autorizaron pese a advertencias judiciales y recomendaciones de autoridades departamentales que instaban al respeto por las salvaguardas legales del patrimonio arquitectónico.
Como represalia, los periodistas fueron blanco de una acción de tutela presentada por el propio alcalde. Las presiones contra persecución los reporteros, que residen en Estados Unidos, incluyeron audiencias judiciales, imposición de multas y órdenes de arresto. Durante el proceso, los comunicadores fueron estigmatizados públicamente y acusados de causar “zozobra y terror” en la comunidad, lo que representa un intento de criminalizar su labor periodística.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que hubo un uso desproporcionado de recursos institucionales para presionar a los periodistas, incluyendo amenazas veladas y un entorno de hostilidad que afecta su seguridad y su derecho al trabajo informativo.
El caso llegó hasta la Corte Constitucional de Colombia, que el pasado 6 de mayo anuló las decisiones judiciales en contra de Amigos de Paipa, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales y que se trató de un abuso del derecho. El fallo reconoció que las acciones judiciales constituyeron una afectación ilegítima al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión.
“Con preocupación denunciamos que autoridades locales utilicen el sistema judicial para intimidar y silenciar a periodistas que ejercen su legítima labor de informar sobre asuntos de interés público”, expresó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), rechazó “el uso de la justicia como mecanismo de censura” y advirtió que “la práctica del hostigamiento judicial contraviene estándares internacionales de libertad de expresión”.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “las presiones directas e indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. Además, la Declaración de Chapultepec de la SIP sostiene en su décimo principio que: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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