
INDH presenta querella criminal tras muerte de teniente de la COP
El organismo cuestiona que el oficial no haya sido informado de la calidad procesal en la que se encontraba y tampoco de los derechos que tenía como imputado.
“Este fallo es un retroceso histórico para la protección ambiental en Chile ... se abre la puerta a proyectos de alto impacto sin los controles ni la participación ciudadana", manifestaron.
La Región27/07/2025
Equipo AraucaniaDiario S
La Corporación Defendamos Temuco expresa su más enérgico rechazo a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que validó la polémica ley de permisología, flexibilizando procedimientos para la aprobación de proyectos de inversión, tanto en zonas urbanas como rurales, lo que —según la organización— atenta directamente contra los derechos de la naturaleza y la participación de las comunidades locales.
“Este fallo es un retroceso histórico para la protección ambiental en Chile. Bajo la excusa de destrabar inversiones, se abre la puerta a proyectos de alto impacto sin los controles ni la participación ciudadana que hoy son mínimos pero indispensables”, declararon desde la Corporación Defendamos Temuco.
La ley, que fue impugnada por diversos parlamentarios y organizaciones sociales ante el TC, permite reducir etapas de evaluación ambiental y debilita estándares que garantizan estudios de impacto, afectando gravemente ecosistemas, áreas verdes y territorios ya tensionados por proyectos extractivos e inmobiliarios.
“En la Araucanía ya enfrentamos graves conflictos socioambientales: plantaciones forestales, expansión inmobiliaria desregulada, contaminación de ríos y pérdida de biodiversidad. Con esta ley, será aún más difícil frenar la destrucción de nuestros territorios”, recalcaron desde este colectivo.
Defendamos Temuco recalca que esta normativa contradice compromisos internacionales asumidos por Chile, como el Acuerdo de Escazú, que garantiza acceso a la información, participación y justicia ambiental.
Ante este escenario, la Corporación hace un llamado a la ciudadanía, comunidades indígenas, juntas de vecinos y organizaciones sociales a mantenerse movilizadas y vigilantes, exigiendo a las autoridades locales y regionales que utilicen todas las herramientas legales para proteger el medio ambiente y los derechos de quienes habitan los territorios.

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