Equipo AraucaniaDiario
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía expresó una profunda preocupación y total repudio ante la inaceptable campaña de hostigamiento, de la que está siendo víctima el ministro en Visita Extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco, llevada a cabo por la defensa de los condenados en el caso "Polvorín" de Temuco, Raimundo Ignacio García Covarrubias, Pablo Domingo Gran López y Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, todos ex funcionarios del ejército de Chile, a través de su abogada defensora Carla Fernández Montero.
"Cabe recordar que estas personas, fueron condenadas a una pena de 12 años de presidio como CÓMPLICES de los delitos de homicidios calificados y apremios ilegítimos cometidos en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, ocurridos el 10 de noviembre de 1973 en Temuco", manifestaron desde la agrupación.
Según manifestaron, esta sentencia fue confirmada de forma unánime por la tercera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, luego de 1 año de espera y actualmente se encuentra en revisión por la Corte Suprema, tanto por los recursos de las defensas, como por la de los querellantes. "Cumpliendo así todos los requisitos que el estado de Derecho y el debido proceso exigen para la revisión de las sentencias", agregaron.
"La defensa de estos criminales intenta, mediante la presentación de una querella criminal en contra del juez MESA LATORRE por CUASIDELITO DE PREVARICACIÓN y su amplia mediatización, atacar el fondo de sus resoluciones", acusaron además.
"Así, funda su querella en lo que ella considera una sentencia injusta por sus consecuencias, lo que sin duda, no es más que una medida de dilación, intimidación y distracción de lo verdaderamente importante, que es, que el ministro Mesa, luego de más de 20 años de investigación ha logrado establecer los hechos y los responsables de uno de los casos más graves de la región, a través de una sentencia de 1.459 páginas", opuntualizaron desde la agrupación.
El juez Álvaro Mesa Latorre ha demostrado, a lo largo de su trayectoria, una dedicación ejemplar a la búsqueda de la verdad y la justicia en casos de crímenes de lesa humanidad, dictando más de 80 sentencias. "Su riguroso y serio trabajo en el caso "Polvorín" permitió que se esclarecieran los graves hechos ocurridos durante la dictadura, desenmascarando el montaje que el ejército fabricó y estableciendo responsabilidades penales y civiles, dando un paso fundamental para la reparación de las víctimas y sus familias", manifestaron.
"El hostigamiento ejercido por la abogada defensora y sus representantes no es un simple desacuerdo profesional; es un ataque directo a la independencia del Poder Judicial y a la labor de un Juez de la Corte de Apelaciones que ha actuado con estricto apego a la ley y a los estándares Internacionales de derechos humanos. Estas acciones buscan deslegitimar su trabajo, generar presiones indebidas y, en última instancia, socavar el estado de derecho", puntualizaron los familiares de detenidos desaparecidos.
"No podemos permitir que quienes defienden la impunidad intimiden a quienes con seriedad y prolijidad se esfuerzan por impartir justicia, de acuerdo con sus facultades constitucionales y según les mandata la ley", señalaron además.
Finalmente, desde la agrupación hicieron un enérgico llamado a las instituciones judiciales, a la Asociación de Magistrados, y a los organismos de Derechos Humanos, a condenar este hostigamiento y a respaldar la labor del Ministro. "Exigimos que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la independencia de todos los magistrados que trabajan en causas de derechos humanos, sin presiones ni amedrentamientos de ninguna índole", cerraron.
