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El Gobierno reconoció que la construcción del dique para cerrar el afluente del lago Caburgua, es para resguardar el cauce a quienes tienen derechos.
Agricultores Unidos advirtió del riesgo de la medida que implementa el Gobierno y que aumentará la exclusión y la competencia desleal en el campo chileno.
La Región28/08/2025
Equipo AraucaniaDiario
El gremio Agricultores Unidos de Chile advirtió que la nueva exigencia del Servicio de Impuestos Internos (SII), que obliga a tener inicio de actividades para acceder a programas de apoyo como Fosis e Indap, puede transformarse en una medida regresiva que deje fuera a miles de pequeños agricultores.
“El control de los recursos del Estado es positivo, pero no puede transformarse en exclusión. En Chile los pequeños productores pagan impuestos altos, no reciben subsidios y deben competir con grandes industrias que ejercen abuso de posición dominante. Esta norma, en lugar de cerrar brechas, las profundiza”, afirmó Camilo Guzmán, presidente del gremio.
Según cifras entregadas por la organización, casi el 90% de los usuarios de Fosis no están formalizados, y en Indap la mayoría son campesinos que sobreviven con ingresos muy bajos, produciendo muchas veces solo para autoconsumo. “Pedir inicio de actividades a familias que apenas producen para comer o que venden de manera esporádica en una feria local, es levantar un muro imposible de saltar”, señalaron.
El comunicado también enfatiza que los agricultores chilenos enfrentan una estructura de mercado profundamente desigual. “Mientras los productores nacionales luchan contra costos crecientes y precios fijados de manera arbitraria por grandes compradores que ejercen abuso de posición dominante, los productos importados llegan a Chile con subsidios estatales, cargas tributarias reducidas y políticas agrarias muy fuertes en sus países de origen. Esa es una competencia desleal que ya nos tiene al borde del colapso final”, denunció Guzmán.
La organización sostuvo que, bajo esas condiciones, imponer la exigencia del SII solo generará “más concentración de mercado y más desigualdad en el campo chileno”, favoreciendo a los que ya tienen ventajas mientras se castiga a los pequeños campesinos.
Desde el gremio también hicieron un emplazamiento directo a las autoridades: “El Estado debe rallar bien la cancha para que el libre mercado se cumpla como tal, antes de imponer exigencias tributarias mayores a los contribuyentes. Es muy poco patriota pensar que alguien que apenas sobrevive deba elegir entre pagar impuestos o sobrevivir, producto de que el Estado no ha sido capaz de garantizar condiciones mínimas de justicia económica, seguridad y tantas otras. Pedimos a las autoridades que bajen del Olimpo y miren el Chile real, el de las familias campesinas que hoy están siendo empujadas al límite”.
Agricultores Unidos planteó que la medida podría ser positiva si se aplicara con justicia social. Para ello propusieron tres pasos concretos:
“No nos oponemos a la fiscalización. Lo que pedimos es flexibilidad y acompañamiento. Sin eso, esta política será otra carga que asfixie al mundo rural”, recalcó el presidente del gremio.
Para frenar la entrada en vigencia de la medida en octubre, el gremio informó que se pronunciará en la Comisión de Agricultura del Congreso, a la cual enviarán una carta solicitando tratar este tema con urgencia.
Además, confirmaron que lo expondrán en la Comisión del Maíz, citada para el 3 de septiembre, e informarán directamente al Ministerio de Agricultura, al mismo tiempo que sostendrán reuniones con los ministerios de Hacienda y Economía.
“No podemos esperar a que la medida esté instalada para después reparar el daño. Hay que actuar ahora, con diálogo y visión de país”, concluyó Guzmán.
El gremio destacó que su labor en los últimos años ha sido poner sobre la mesa los verdaderos problemas del mundo rural, especialmente de aquellos agricultores que no tenían voz ni representación. En ese sentido, llamaron a que otros gremios y organizaciones del sector se sumen a esta demanda.
“Esperamos contar con el apoyo de los demás gremios, porque esta no es solo una lucha de Agricultores Unidos: es la defensa de miles de familias campesinas que sostienen la seguridad alimentaria de Chile”, expresó el presidente de la organización.

El Gobierno reconoció que la construcción del dique para cerrar el afluente del lago Caburgua, es para resguardar el cauce a quienes tienen derechos.

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