Equipo AraucaniaDiario SUn grupo de ciudadanos chilenos de diferentes profesiones –incluidos los profesionales de la salud-, interpusieron una Acción Declarativa contra el Departamento de Salud y el Instituto Estatal de Salud Pública (ISP), en búsqueda de que un tribunal civil revise y determine formalmente la legalidad de acciones clave durante la pandemia de Covid-19.
El proceso fue aceptado por un tribunal civil de Santiago y por lo tanto se encuentra en curso. Los imputados son el Ministerio de Salud encabezado por la ministra Ximena Paz Aguilera Sanhueza y el Instituto de Salud Pública (ISP), representado por el Consejo de Defensa del Estado, que intenta por todos los medios impedir el proceso o mantenerlo en secreto, aparentemente por temor a que un veredicto positivo pueda abrir más tarde el camino para que los heridos reclamen una indemnización.
Los demandantes exigen a las autoridades que proporcionen información y pruebas completas, incluso sobre los siguientes puntos:
• Conceptos básicos para el Aprobaciones de emergencia de la vacuna COVID-19 en Chile, incluyendo estudios sobre eficacia y seguridad en niños, adolescentes, adultos y ancianos.
• Contratos entre el Estado chileno y los fabricantes de vacunas, que hasta el momento se han mantenido bajo llave.
• Estadísticas sobre la evolución de enfermedades y muertes en cohortes de niños y adultos durante un período de diez años antes y después del inicio de la campaña de vacunación.
• Protocolos para consentimiento informado y los derechos de los pacientes según la legislación sanitaria chilena.
• Documentos también Farmacovigilancia y lidiar con los efectos secundarios informados de la vacuna.
• Base científica para medidas de acompañamiento, como requisitos de mascarillas o cierres.
• Examen posible métodos de tratamiento alternativos contra el Covid-19, que quizás no haya sido incluido.
Los demandantes cuentan con el apoyo de científicos y autores internacionales y según los documentos presentados en la demanda, existen declaraciones y cartas de apoyo de expertos Alemania, España, Estados Unidos, Canadá y Australia.
Si el tribunal demuestra que los demandantes tienen razón, esto podría tener consecuencias de gran alcance para Chile: por un lado, abriría la puerta a reclamaciones de indemnización por parte de víctimas de vacunas. Por otro lado, cuestionaría permanentemente la presentación pública de las medidas pandémicas.
Dado que los principales medios de comunicación chilenos aún no han informado sobre el caso, los demandantes están buscando una manera a través de plataformas extranjeras de aumentar la presión sobre el poder judicial y la política.
