
Sujeto de 57 años es detenido tras abusar de su sobrina en San Ramón
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
Una radiografía de la dicotomía del Chile de hoy, donde ayer se manifestaban pacíficamente estudiantes, familias y trabajadores sin causar ningún disturbio, mientras al mismo tiempo, a dos cuadras de distancia se enfrentaban Carabineros con manifestantes que elegían causar destrozos e intentar saquear el supermercado Santa Isabel y el servicentro Shell de Avenida Caupolicán.
La Región23/10/2019
Equipo AraucaniaDiario
A las seis de la tarde en la Avenida Alemania de Temuco, entre las calles Doctor Carrillo y Phillippi, varios jóvenes bebían cerveza y se servían chorrillanas desbordantes de papas fritas, longaniza y huevo frito, al borde de los ventanales de vidrio de uno de los pubs del sector. Dos cuadras más allá, frente al Hospital Regional cientos de manifestantes se reunían a cantar, golpear ollas y a bailar; mientras al mismo tiempo, a dos cuadras de los manifestantes hacia el centro, apenas se podía respirar; bombas lacrimógenas inundaban el ambiente, jóvenes arrojaban piedras e intentaban destruir letreros para avivar una fogata que ardía en la mitad de Avenida Caupolicán.
Dos mundos se mezclan en las manifestaciones que se llevan acabo ya desde hace cuatro días en todo Chile: Uno con muchos jóvenes, estudiantes, familias, padres e hijos, donde lo más violento que hacen, es golpear una olla, botella o cantar coros que piden cambios. El otro mundo, con menos personas, habitualmente encapuchados, que parecieran disfrutar la adrenalina de enfrentarse a la autoridad, de correr, perseguir y ser perseguidos, arrojar piedras, recibir el humo de las bombas lacrimógenas y además, destruir la propiedad pública o privada. Ayer, estos dos mundos se mezclaban -casi como todos los días- pagando justos por pecadores.
Otra de las caras que estos días se ha visto es la de las fuerzas de orden y seguridad. Por un lado carabineros dialogantes e incluso, miembros de las fuerzas armadas que conversan con la comunidad. Por la otra parte, fuerzas especiales que reaccionan al parecer a la mínima provocación -injustificadamente para muchos-, lanzando bombas lacrimógenas por doquier y disparando con balines de goma e incluso en algunos momentos, con perdigones de verdad.
Es una dicotomía que se vive a diario y tal vez el reflejo de una sociedad desigual, donde por el mismo trabajo unos pueden ganar muy poco, en relación a otros que no por mérito, sino por "pituto" tal vez, pueden llegar donde una gran mayoría no. Autos de "alta gama", vacaciones en Europa, hijos en colegios particulares pagados y casas lujosas, contrastan con lo que puede llegar a tener, luego de años de trabajo y esfuerzo, un trabajador promedio en nuestro país. Eso es evidente en Chile, así como la mala calidad de la Salud y unas pensiones de jubilación que no permiten vivir bien los últimos años de vida, que cada vez son más.
De la misma forma que contrastan jóvenes que tiran piedras y destruyen todo a su paso, con los que protestan pacíficamente; se diferencia la carabinera (Capitán Daniela Rojas González de la 8va Comisaría Temuco), que con paciencia y sin presión conversa con los estudiantes en la esquina de Avenida Alemania con Prieto Norte; de los carabineros de Fuerzas Especiales que pasan a toda velocidad en el "zorrillo", lanzando bombas lacrimógenas donde los jóvenes solo cantaban.
Dos caras de una moneda que, con o sin una motivación general extranjera, se han fundido en una sola gran manifestación que remece hoy a Chile entero y de la cual es imposible quedarse afuera.

Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.

Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.

La consejera nacional indígena señaló que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas reales del pueblo mapuche.

Esta política educativa busca entregar mejores condiciones de aprendizaje a estudiantes autistas y a toda la comunidad educativa.


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Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.

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