Equipo AraucaniaDiario
En el marco del próximo llamado a licitación de la concesión del tramo Collipulli–Gorbea, programado para marzo de este año, el ex Consejero Regional de La Araucanía, Daniel Sandoval realizó un llamado a comunidades, vecinos y agricultores a exigir compensaciones territoriales reales y vinculantes frente a los impactos que generarán las futuras obras asociadas a este proceso que incluye en todo el tramo una tercera pista.
Sandoval, cuestionó que se esté avanzando hacia una nueva concesión por un periodo de 45 años sin que exista claridad pública respecto del retorno económico de la concesión vigente en manos de ISA Vías, la cual finaliza en octubre de este año. Según indicó, “comprometer al territorio por casi medio siglo más sin información transparente resulta una señal preocupante ”.
El ex CORE de la federación regionalista verde, señaló que todo indica que “la inversión inicial de la actual concesión ya habría sido recuperada, por lo que consideró indispensable transparentar las cifras antes de iniciar un nuevo proceso licitatorio. “Es fundamental conocer los números reales antes de volver a concesionar una infraestructura que impacta directamente a las comunidades”, sostuvo.
Asimismo, enfatizó que agricultores, camioneros y mapuche deben exigir sus requerimientos viales en sus territorios y las compensaciones concretas para mitigar los impactos sociales y ambientales de la infraestructura vial. Entre estas medidas mencionó la construcción de pasarelas, pasos peatonales, zonas de descanso para camioneros, salidas vecinales seguras, paneles acústicos, paraderos dignos, luminarias adecuadas y sistemas de seguridad de alto estándar, entre otras obras necesarias.
Sandoval además recordó que “la actual concesión no cumplió con las expectativas comprometidas, especialmente en sectores como el bypass Temuco–Padre Las Casas, donde persisten compromisos incumplidos que han profundizado la fragmentación territorial y los problemas de movilidad cotidiana”.
Finalmente, el ex Consejero Regional hizo un llamado a que el proceso de licitación incorpore diálogo y participación efectiva de las comunidades y agricultores, junto con transparencia económica y un enfoque de justicia territorial que ponga en el centro a quienes viven y transitan diariamente por estos espacios.
