Equipo AraucaniaDiario S
Durante años, Chile ha avanzado en sofisticación financiera, digitalización de pagos y acceso a nuevos instrumentos de inversión. Sin embargo, bajo esa aparente modernización persiste una brecha profunda y silenciosa: la falta de educación financiera. No se trata sólo de saber ahorrar o endeudarse responsablemente, sino de comprender cómo funciona el sistema, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas en un entorno cada vez más complejo.
Las cifras son elocuentes. Según el estudio “Radiografía a la educación e inclusión financiera en Chile” (Centro de Políticas Públicas UC-Banco Falabella 2024), los chilenos obtienen nota 1,6 en educación financiera, el índice de educación financiera promedio (en escala de 0 a 100) alcanza 35,9 y sólo el 20% de las personas entiende el funcionamiento de las tasas de interés.
Estas carencias impactan directamente en la calidad de vida, en la capacidad de planificación y en la movilidad social. La inclusión financiera, sin educación, se transforma en una promesa incompleta e incluso peligrosa.
Surge, entonces, un desafío mayor. Nuevas tecnologías, plataformas digitales y activos emergentes -como los criptoactivos- han democratizado el acceso a herramientas financieras que antes estaban reservadas para unos pocos. Pero este acceso debe ir acompañado de formación. Sin conocimiento, la innovación pierde su potencial transformador y se convierte en una fuente de desinformación, frustración y riesgo.
La educación financiera no puede seguir siendo un privilegio ni un contenido accesorio. Debe asumirse como una política de desarrollo, con foco en la autonomía económica de las personas. Formar a estudiantes, trabajadores, emprendedores y adultos mayores es una inversión social de largo plazo, que fortalece el mercado, mejora la toma de decisiones y genera ciudadanos más conscientes y resilientes.
En este sentido, es importante pasar de la reacción a la prevención. Anticiparse al sobreendeudamiento, a las malas decisiones de inversión y a la exclusión financiera requiere un esfuerzo coordinado entre el mundo privado, el sistema educativo y los reguladores. La buena noticia es que existen herramientas, talento y voluntad para avanzar.
Cerrar la brecha de educación financiera es un imperativo económico y condición necesaria para un crecimiento más justo, sostenible y alineado con los desafíos del siglo XXI.
