En audiencia de procedimiento abreviado los funcionarios públicos y el particular acusados admitieron responsabilidad en los hechos y fueron condenados, respectivamente, por los delitos de fraude al fisco y estafa. Parte de los trabajos nunca se habían ejecutado e igualmente se cancelaron los avances.
La Región30/10/2019
Tania Marquez
El Tribunal de Garantía de Temuco condenó a penas de 3 años y un día de presidio a los inspectores fiscales de la Dirección de Vialidad del MOP Raúl Pinto Fuentes y Carla Sierra Beltrán, y a la pena de 3 años de presidio al empresario Ignacio Molina Burgos, como resultado de una investigación liderada por el fiscal Anticorrupción de la Fiscalía de Temuco, Cristian Crisosto, por irregularidades en contratos de conservación de caminos en comunidades indígenas de La Araucanía.
En audiencia de procedimiento abreviado, los funcionarios públicos y el particular acusados admitieron responsabilidad en los hechos y fueron condenados, respectivamente, por los delitos de fraude al fisco y estafa.
El fiscal Crisosto explicó que la investigación determinó que los inspectores fiscales entregaron información falsa a la Dirección de Vialidad, lo que llevó al fisco a pagar por obras que nunca se ejecutaron, en el marco de contratos de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas en las comunas de Curarrehue y Lumaco, que habían sido adjudicados durante los años 2015 y 2016 a la Empresa Constructora Inmobiliaria IM Limitada.
“Estando en conocimiento que las obras allí ordenadas a ejecutar no se habían ejecutado, informaron falsamente a la autoridad como si esas obras se hubiesen efectuado realmente. Y con esa información la Dirección Regional de Vialidad pagó esas obras, no existiendo en la realidad”, puntualizó el fiscal Anticorrupción.
En el caso de Curarrehue el Estado pagó por la realización de un puente que no se construyó la suma de $33 millones, mientras que en Lumaco, canceló cerca de $333 millones por caminos que tampoco se hicieron.
Además de la pena de 3 años y un día de presidio, los inspectores fiscales fueron condenados a penas de multa proporcionales al perjuicio causado al fisco. Raúl Pinto deberá cancelar una multa cercana a los 3 millones 500 mil pesos, mientras que la multa impuesta a Carla Sierra es cerca a los 33 millones de pesos.vEn el caso del empresario, aparte de la pena privativa de libertad fue condenado al pago de una multa de 10 UTM ($492.290).
En un proceso de consulta indígena dirigentes de la Mesa Territorial se percataron que se les pretende cobrar por transitar entre Collipulli, Ercilla y Victoria.
Las distinciones recayeron en representantes de las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.
Se busca fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, entregando herramientas concretas a quienes liderarán este cambio.
El parlamentario reiteró su inocencia en el caso Convenios y señaló que no existe registro histórico de alguien que haya sido reingresado 5 veces a prisión preventiva.
Dice que en la seremi de Educación no saben qué pasó y le respondieron que posiblemente no vieron la documentación que adjuntó para que enviaran su prueba.
El proyecto “Nido Lingüístico” de la Conadi logró que los pequeños del sector Chacaico se desenvuelvan en su vida diaria comunicándose en mapudungun.
La resolución que autoriza al empresario Marcelo Benito Taladriz para cortar el curso natural del río hacia el lago Caburgua, reconoce que ya existía.
Cada beneficiaria recibirá un aporte de 3 millones 500 mil pesos para impulsar la formalización de su emprendimiento.
Constanza Valentina Figueroa Mariqueo está sana y salvo, siendo su desaparición un alejamiento voluntario.
El Servicio de Salus Araucanía Sur confirmó que mañana jueves llegará el medicamento que el hospital de Temuco había descartado suministrarle.
Claudio Córdova Romero suma ya 12 denuncias de funcionarias públicas, quienes lo acusan de abuso sexual en el Consultorio Miraflores de Temuco.
