Equipo AraucaniaDiario
Lo que ocurrió la noche del 23 de septiembre de 2017 fueron detenidos 7 comuneros mapuche y un comunicador social, en violentos operativos que se llevaron a cabo simultáneos en las ciudades de Temuco, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y Ercilla, en base a órdenes de detención tramitadas ante el Juzgado de Garantía de Temuco.
Sin embargo y más allá de ser algo habitual para el mundo de las reivindicaciones mapuche, lo inusual de estas detenciones, era que los detenidos -con nombres significativos para la causa mapuche- no habían hecho nada para ser detenidos y no se trataba de una equivocación judicial.
Por el contrario, eran detenidos en base a pruebas falsas, fabricadas para tal objeto y buscaban no solo las aprehensiones, sino meterlos a la cárcel y condenarlos por supuestos delitos terroristas, sin pruebas reales.
Al día siguiente, el 24 de septiembre se realizó en Temuco la audiencia de formalización de la investigación de los ocho detenidos, imputándoseles la responsabilidad por ataques incendiarios ocurridos contra empresas de transportes y maquinarias forestales.
Dos de los detenidos fueron formalizados además, por el delito de incendio terrorista, quedando todos en prisión preventiva en cárceles de Concepción, Valdivia y Angol.
Por otro lado, en la audiencia el Ministerio Público -dirigido por el fiscal regional Cristian Paredes- aseguró que los detenidos estaban organizando nuevos ataques incendiarios, incluyendo uno en Vilcún un día antes de que se diera lectura al veredicto del caso Luchsinger-Mackay.
Para fundar su petición de prisión preventiva, el fiscal Felipe González utilizó conversaciones por Whatsapp de los imputados ya formalizados, así como mensajes de texto aportados por Carabineros de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE), formada por el gobierno para perseguir este tipo de delitos.
Para realizar los peritajes a estos antecedentes, la jueza de garantía de Temuco, Mónica Arancibia, dio un plazo de cuatro meses y ante el peso de lo mostrado por la fiscalía regional de La Araucanía, no tuvo más remedio que dejarlos en prisión preventiva, siendo engañada por las pruebas ofrecidas.
Las ocho personas injustamente detenidas, fueron el vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul; su hijo Ernesto Llaitul Pezoa; los hermanos Rodrigo y Jaime Huenchullán Cayul, este último dirigente de la comunidad autónoma de Temucuicui; Martín Curiche; Claudio Leiva; el machi Fidel Tranamil y el comunicador David Aedo Cid, quien luego escribiría un libro sobre la Operación Huracán.
Y si bien es cierto y al ver parte de los nombres, muchos dirán la típica frase chilena "por algo será", la verdad es que en esta ocasión, fue con pruebas falsas e intencionalmente implantadas en sus celulares, después de haber sido detenidos. Así quedó demostrado días después.
Y tras años de dilaciones innecesarias, postergaciones y de ganar tiempo, el juicio por la "Operación Huracán" se pudo llevar a cabo y finalmente, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Rocío Pinilla, Patricia Abollado y Javier Bascur, quien fue designado juez redactor, resolvieron determinar que el civil Alex Smith -alias "el Profesor" Smith- y los excarabineros Gonzalo Blu, Patricio Marín, Leonardo Osses, Marcelo Teuber y Manuel Riquelme, son culpables de diversos delitos cometidos al interior de la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros.
Vergonzosamente también para el Poder Judicial de nuestro país, se verificó la participación de fiscales de la fiscalía regional de La Araucanía, aunque ellos no asumirán responsabilidad alguna, luego de que la investigación sobre su participación se le delegara al también cuestionado fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
Por otro lado, de acuerdo con lo resuelto por los jueces del Tribunal Oral, otros cinco imputados fueron absueltos de toda reponsabilidad, no obstante su participación en distintos hechos investigados. Así, Marvin Marin, Christian Pérez, Marcos Sanhueza, Darwin Vásquez y Manuel Caviedes, fueron declarados inocentes de los cargos que se les presentaba por la fiscalía y las medidas cautelares que les afectaban fueron dejadas sin efecto.
Finalmente, lo jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, resolvieron dejar con una condena efectiva de cárcel a sólo dos de los seis condenados, al civil Alex Smith y al el excapitán Leonardo Osses, quienes fueron condenados a 12 y 10 años de cárcel efectiva respectivamente.
Gonzalo Blu Rodríguez (Exgeneral de Inteligencia), fue condenado a 5 años de presidio (cumplimiento en libertad vigilada); Patricio Marín Lazo (Ex-oficial), a 5 años de presidio (cumplimiento en libertad vigilada); Marcelo Teuber Muñoz (Ex-oficial), a 3 años y un día (cumplimiento en libertad vigilada); y Manuel Riquelme Mardones (Ex-perito), a penas menores (cumplimiento en libertad vigilada).
Si bien es cierto, se hace justicia y con este histórico fallo se comienza a cerrar, uno de los episodios más vergonzosos de la justicia chilena -aunque el fallo aún no se encuentra firme y ejecutoriado-, también es verdad que en el camino quedan muchos partícipes, imputados y culpables en distintos grados, que no fueron juzgados y que por lo mismo, no serán castigados, ni judicial, ni administrativamente.
Según los propios intervinientes, sus abogados y las víctimas, en los hechos que decantan con esta condena hay -principalmente- fiscales de La Araucanía involucrados.
Para empezar y por la cabeza, el exfiscal regional de La Araucanía Cristian Paredes, a quien según fuentes de AraucaniaDiario al interior del Ministerio Publico, el fiscal Luis Arroyo le habría contado lo que estaba pasando y en lugar de formalizar investigación, le habría comunicado lo sucedido a su jefe, el fiscal nacional Jorge Abbott, involucrándolo en lo sucedido, ya que al conocer lo que pasaba, tampoco instruyó, en un plazo de 24 horas, la correspondiente investigación.
Luego, también la mano derecha de Paredes, el hoy fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, quien según el libro del detenido David Aedo Cid, le habría tomado declaración en dependencias de la Octava Comisaría de Temuco.
Sin embargo, la mayor gravedad está en los fiscales Luis Arroyo y también, en el fiscal Carlos Cornejo, a quien uno de los imputados culpó de ser el autor intelectual de los delitos cometidos.
En efecto, el cabo primero en retiro del Laboratorio de Carabineros (Labocar), Marcos Sanhueza Córdoba, inculpó directamente al fiscal Carlos Cornejo y lo acusó de ser el "autor intelectual" de uno de los preinformes con los que se intentó inculpar falsamente, a los detenidos en la Operación Huracán.
... este archivo que él manifestó que era de interés criminalístico, que debía ser incorporado en el preinforme
"Fuimos revisando Conjuntamente con el fiscal Carlos Cornejo, estaba al lado mío, parado al lado mío en el escritorio viendo la pantalla de mi computador. Fuimos viendo uno a uno las carpetas que estaban, hasta que apareció en una de esas, este archivo que él manifestó que era de interés criminalístico, que debía ser incorporado en el preinforme", señala además Sanhueza.
"Cuando dice él, ¿es quién?", pregunta la magistrado que toma la declaración y Marcos Sanhueza responde fuerte: "Carlos Cornejo".
"El fiscal me sugiere que le hagamos capturas de pantalla para ser incorporada en el preinforme ... Pero lo llamativo, su señoría, era el nivel de seguridad que demostraba el fiscal para que yo incorporara o llevara ese elemento para ser incorporado en el preinforme informático. Hago las capturas de pantalla, su señoría", agregó el carabinero en retiro.
"Molesta su señoría cuando el fiscal Carlos Cornejo, quien dirigió el primer preinforme en el laboratorio de criminalística, su señoría, dice que no se acordó de nada. No se acuerda de nada, no sabe nada", agrega Sanhueza.
Es el autor intelectual de ese preinforme, su señoría, el fiscal Carlos Cornejo debería estar aquí sentado conmigo
Y aquí el cabo en retiro de la institución hace una acusación grave: "Es el autor intelectual de ese preinforme, su señoría, el fiscal Carlos Cornejo debería estar aquí sentado conmigo (como imputado). Eso es lo que molesta, su señoría. A mí me truncaron una carrera institucional intachable".
Otro de los presuntamente implicados, es el fiscal Luis Arroyo, quien según la abogada Marissa Navarrete debió haber sido formalizado y nunca lo fue, aunque recientemente la Corte Suprema rechazó su sobreseimiento definitivo.
En conversación con AraucaniaDiario, la abogada Marisa Navarrete dijo que los Carabineros imputados -hoy condenados-, nunca actuaron solos, si no que dirigidos por los fiscales que estaban a cargo de la Operación Huracán y que incluso, para no pedir autorización a un juez de garantía -que les habría negado la solicitud-, fueron ellos quienes enviaron a Carabineros a pedir autorización a un ministro de la Corte de Apelaciones.
"Hace rato lo venimos diciendo, primero respecto a Arroyo desde el día uno y luego ahora con Moya, pero curiosamente tampoco ha habido ninguna solicitud de formalización ... está probado que lo que hace Carabineros se hace por recomendación o decisión de la fiscalía. Lo declara también el general Villalobos, quien va a hablar con el fiscal regional allá (a La Araucanía) ...", dijo la abogada Marisa Navarrete.
"Porque aquí una investigación la puede realizar la policía, pero quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Quien es el principal responsable de esta investigación es el ministerio público", agregó Navarrete.
Si hasta corrigieron los borradores de los oficios antes de que éstos fueran entregados
"Si hasta corrigieron los borradores de los oficios antes de que éstos fueran entregados, entonces ahí hay una información bien relevante, aunque eso lo desconoce totalmente Arroyo, que dice que sólo los conoció el día en que se los entregaron (los informes), lo que no es verdad porque tiene los antecedentes en sus mensajes de whatsapp y en un correo electrónico", acusó la abogada.
Pero Marisa Navarrete dijo que eso no era todo, sino mucho más grave. "Al sargento Marvin Marín, cuando estaban con los teléfonos de los mapuche, analizándolos el día de las detenciones, uno de los fiscales le dice al carabinero que si sale algo de la fiscalía que no lo coloquen. Imagínense lo que le dice el fiscal a la policía, que no coloque algo que vaya a perjudicar a la fiscalía", dice Navarrete.
Hay dos fiscales de La Araucanía que debieran estar formalizados
"... hay una serie de fiscales de la Araucanía involucrados, que cómo no se ha investigado y no se va a investigar, no sabemos quienes más, pero lo concreto es que hay dos sumamente complicados y ni siquiera han sido formalizados. Hay dos fiscales de La Araucanía que debieran estar formalizados", puntualizó la abogada.
Mientras tanto el fallo del Tribunal Oral en lo Penal aún no se encuentra firme y ejecutoriado, aunque ninguna de las defensas ha manifestado aún que recurrirá de nulidad ante una instancia superior.
