Equipo AraucaniaDiario
La ley es clara y un fiscal regional, al terminar su periodo, no puede repostularse para un cargo similar. Sin embargo, "hecha la Ley, hecha la trampa", se dice popularmente y en este caso, la vuelta que le dan es renunciar antes al cargo que juraron desempeñar por 8 años, para ganar otros 8 años más y así lo pretende hacer el fiscal regional Roberto Garrido, quien dejaría botada La Araucanía tres años antes de que termine su periodo.
Así, en la Corte de Apelaciones de Concepción se realizó la audiencia pública correspondiente al proceso de selección para el cargo de Fiscal Regional del Bíobío, instancia que contó con la presencia del Fiscal Nacional Ángel Valencia y de la actual Fiscal Regional, Marcela Cartagena.
"Durante la jornada, los postulantes expusieron ante el pleno de ministros sus antecedentes profesionales, trayectoria en el ámbito jurídico y propuestas para enfrentar los desafíos de la persecución penal en la región. Cada candidato dispuso de un tiempo determinado para presentar su visión respecto del fortalecimiento institucional del Ministerio Público y de las principales problemáticas que afectan a la comunidad", informaron desde la propia fiscalía nacional.
La audiencia formó parte del concurso público destinado a proveer el cargo que actualmente ejerce Marcela Cartagena y que tendrá una duración de ocho años.
Tras escuchar las exposiciones y analizar los antecedentes de los participantes, la Corte de Apelaciones de Concepción definió la terna que será remitida al Fiscal Nacional para la designación de la próxima autoridad regional.
La terna quedó integrada por: Roberto Garrido, el fiscal Álvaro Hermosilla y el fiscal Patricio Aravena.
"Con esta resolución, el proceso entra en su etapa final, correspondiendo ahora al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, elegir entre los tres candidatos propuestos a quien asumirá la conducción de la Fiscalía Regional del Biobío para el próximo período. La decisión marcará el inicio de una nueva etapa para la institución en la región, en un contexto de importantes desafíos en materia de persecución penal, seguridad pública y fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia", informó la fiscalía.
Cabe señalar que el fiscal regional Roberto Garrido se encuentra hoy imputado, tras una querella criminal presentada por presuntamente haber solicitado casi 200 millones de pesos al GORE, para la fundación Paz Ciudadana, para la compra de un programa computacional.
Asimismo, fue duramente cuestionado por el gobernador regional René Saffirio, por la negativa de Garrido de inhabilitarse de investigar a su empleador, la Universidad Autónoma de Chile.
