Equipo AraucaniaDiario
La polémica por los fondos transferidos por el Gobierno Regional de La Araucanía hacia la Corporación Agencia de Desarrollo Araucanía, en adelante "la Agencia de Desarrollo", no deja de poner en tela de juicio a distintos actores y trabajadores que autorizaron los proyectos adjudicados, o pagaron los recursos involucrados o en el caso de los abogados de la entidad, actuaron cometiendo lo que el gobernador de La Araucanía René Saffirio llamó: "prevaricación", donde se entregaron $9.000 millones de pesos y el GORE reclama casi $6 mil como mal ejecutados o rechazados, en el programa “Transferencia Fortalecimiento productivo de La Araucanía 2021”, código BIP: 40036206-0.
"Es tal gravedad que al día de hoy existe un monto total de M$5.898.757.180.- por concepto de gastos rechazados que la entidad receptora del Convenio, la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía, adeuda a su contraparte el Gobierno Regional de La Araucanía", dice la querella criminal.
Y entre los primeros querellados, además del gobernador de la época y su ex jefe de gabinete, se encuentran los exgerentes Claudina Uribe —excandidata en primaria a alcalde por Temuco—, Sebastián Hunter y Claudio Rosas.
"Durante la ejecución del programa, ocuparon el cargo de Gerente General o Director Ejecutivo de la Corporación Regional, sea en calidad de titular o interino, las siguientes personas: doña Claudina Teresa Uribe Bórquez, quien consta contratada como Gerente General desde el 01 de febrero de 2022 y cuyo término laboral acaeció el 20 de febrero de 2023; don Sebastián Felipe Hunter Alarcón, quien asumió como Gerente General mediante contrato de trabajo de fecha 19 de junio de 2023 ... y; don Carlos Enrique Rosas Vásquez, quien asumió funciones de Gerente General interino a contar del 18 de septiembre de 2024, según anexo de contrato suscrito el 24 de septiembre de 2024, manteniéndose su vínculo hasta el 20 de mayo de 2025", explica la querella, aunque explica que Rosas se desempeñó anteriormente como Encargado de Administración, Finanzas y Personal.
Para Saffirio, es grave, por ejemplo, que se hayan modificado las bases del concurso para eximir de requisitos a los postulantes, permitiendo así que varios que inicialmente no calificaban, pudieran postular y ganar los fondos. Todo bajo autorización de la gerencia general.
"Se efectuó una modificación a las bases del fondo concursable, mediante la cual se elimina el requisito del anexo 5 en torno a la carpeta tributaria, terminando con la selección de 200 beneficiarios del primer llamado y otros 128 después del segundo llamado (total de 328 beneficiarios), quienes en su mayoría habrían concurrido al primer llamado, pero no cumplían con el requisito excluido mediante modificación en las bases", dice la querella.
El concurso tenía como finalidad la Reactivación económica de las MIPYMES de la región de La Araucanía, apoyando la adaptación y la reactivación de los negocios frente al escenario de emergencia sanitaria de ese entonces, con el objetivo de mejorar las ventas y recuperación del empleo en la región, no obstante, varios ni siquiera tenían inicio de actividades.
"El programa, además, contemplaba un proceso de evaluación de admisibilidad, evaluación técnico- metodología, formalidades de postulación las profesionales de la entidad receptora", señala la querella, apuntando a la gerenta de ese entonces por su designación.
"... Conforme al artículo 15° de las Bases, la Gerencia General era la responsable de designar a los al menos (6 profesionales) que integrarían la comisión de admisibilidad. En ese contexto, doña Claudina Uribe Bórquez, en su calidad de Gerente General vigente al momento del lanzamiento del fondo concursable, era la funcionaria competente para efectuar dicha designación", señala Saffirio.
"Del mismo modo, la Asesora Jurídica de la Corporación, doña Stephanie Caminondo Eyssautier, debió participar en esta comisión, toda vez que los antecedentes revisados confirman su intervención en el proceso de admisibilidad de las postulaciones", agrega.
"Sin perjuicio de lo anterior, la información sobre la identidad completa de los integrantes de esta comisión, la fecha de su designación y las sesiones o reuniones en que se adoptaron las decisiones sobre admisibilidad, en caso de existir realmente, solo se encuentra en mano de los querellados, quienes NO dejaron ningún tipo de registro y/o antecedente", denuncia el querellante además.
"En este sentido, la ausencia de copias de las actas de esta comisión constituye un indicio grave de la falta de rigurosidad en la ejecución del programa, toda vez que dicha documentación resulta esencial para verificar si los beneficiarios adjudicados cumplían efectivamente con los requisitos exigidos al momento de su postulación. La omisión de su levantamiento, o bien su eventual destrucción, ocultación o no entrega, configura adicionalmente una infracción a los deberes de transparencia y rendición de cuentas que pesan sobre las corporaciones que administran fondos o recursos públicos", dice Saffirio.
Por lo mismo, lo que espera el gobernador regional, actuando como jefe de la Corporación de Desarrollo, es que por medio de la investigación criminal se esclarezca y determine: La identidad completa de los profesionales que integraron esta comisión, la fecha y forma de su designación por parte de la Gerente General; Las razones por las que no se cuenta con las actas del proceso; Si existió una evaluación formal de los criterios de incompatibilidad respecto de cada postulante, en especial de aquellos cuyos proyectos finalmente resultaron adjudicados; y si la comisión admitió postulaciones que no cumplían con los requisitos establecidos en las Bases, y si tal admisión respondió a instrucciones o presiones de parte de algún miembro del Directorio u otras autoridades de la Corporación.
Entre los demás querellados figuran el exDAF Marcelo Jano y dos abogados, la actual seremi de Justicia Stephanie Caminondo y Luis Herrera.
