Equipo AraucaniaDiario
Anoche el fiscal nacional Ángel Valencia, tres horas después de que lo publicara AraucaniaDiario, confirmó que decidió nominar al cuestionado fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, para asumir la fiscalía regional del Bíobío.
Garrido, quien se va dejando un manto de dudas sobre su gestión, asumiría a contar de agosto, luego de hacer uso de las vacaciones que ya había pedido, en la antesala de su nombramiento.
Por otra parte, fuentes de AraucaniaDiario en la fiscalía nacional adelantaron que en su cargo quedaría como subrogante del fiscal Alberto Chiffelle, aunque se estima que sería él quien sería nombrado luego como fiscal regional.
En la fiscalía local de Temuco —si los planes de Garrido no cambian— quedaría el también cuestionado fiscal Luis Arroyo, del círculo cercano del todavía fiscal regional.
Si bien es cierto, sus principales cuestionamientos van de la mano de presuntos actos de corrupción, como son el no haberse inhabilitado para investigar a la Universidad Autónoma, su empleador directo, o haber solicitado casi $200 millones al Gobierno Regional de La Araucanía, para la Fundación Paz Ciudadana, sin que esta institución incluso supiera, a Garrido también se le cuestiona su trato con los funcionarios y el clima laboral que imprimió en la fiscalía regional.
Tras su salida de La Araucanía quedan varios casos de denuncias laborales sin respuesta o sumarios cuyo resultado nunca se conocieron.
Comentado en la fiscalía de La Araucanía, es el caso de la abogada asistente Valeria Pérez, exalumna de Garrido en la Autónoma, quien fue desvinculada por el fiscal regional luego de que apoyara una denuncia por acoso laboral contra otra funcionaria, en la fiscalía de Traiguén.
La joven, quien le había sido útil a Garrido en varias causas del conflicto mapuche, murió tras ser despedida, producto de una fuerte depresión que la llevó a dejar de injerir alimentos, falleciendo en el hospital de Victoria.
El tema es que la abogada había sido desvinculada abruptamente, fuera del periodo en que se comunica a los funcionarios públicos que dejarán de trabajar, siendo despedida —según Garrido— por su mal desempeño laboral, lo que sus mismos compañeros de trabajo refutaron en la oportunidad.
Garrido se va, dicen sus funcionarios, dejando el sello de trabajar sólo con su círculo cercano, todos pertenecientes a un grupo muy particular.
