Equipo AraucaniaDiario
La Asociación de Funcionarios de la Universidad de La Frontera (AFUF), informó en junio de este año que el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, acogió a tramitación una denuncia por presuntas prácticas desleales y antisindicales en contra de su tesorero, Servando Contreras Illanes.
La acción judicial interpuesta por los funcionarios, surge tras acuerdos adoptados por la asamblea de socios realizada el 29 de abril pasado, además de diversas reuniones sostenidas con autoridades universitarias, rectoría incluida.
Según indicó la organización sindical, durante dichas instancias se solicitaron medidas orientadas al resguardo de la actividad sindical y la reparación de los hechos denunciados. Entre las peticiones planteadas figuraban el envío de un instructivo dirigido a las jefaturas respecto al respeto de los derechos y deberes sindicales, así como disculpas públicas por parte de la Directora de Análisis y Desarrollo Institucional (DADI), Martha Ramírez y de la Directora de Gestión de las Personas, Liliana Oberg.
La información entregada por los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, es por definición pública e incluso, no entrega ningún dato sensible de las denunciadas. Sin embargo, la rectoría de la Universidad de La Frontera no piensa así y a raíz de un reclamo interpuesto por Martha Ramírez Valdivia, remitido mediante correo electrónico de fecha 02 de junio de 2026, instruyó un sumario administrativo contra toda la directiva de la AFUF, por el solo hecho de informar a sus asociados, sobre la resolución del juzgado del trabajo e relación a las prácticas desleales y antisindicales en contra de Servando Contreras.
La decisión del rector de la UFRO, que cuestiona el rol del gremio de funcionarios de la universidad y configura una práctica antisindical en sí, se tramitó además de forma "express" y en un par de días estuvo constituida la fiscal y la actuaria a cargo de la indagatoria administrativa.
Pero eso no es todo, ya que una de las primeras medidas de la fiscal fue prohibirles que se refirieran al hecho mencionando a las denunciadas, ya sea de manera personal o en representación de la asociación de funcionarios.
Lo anterior constituye una violación expresa de los derechos de las personas a comunicarse y emitir libremente su opinión, sin censura previa, lo que significa además una violación a los derechos humanos de los funcionarios afectados.
Consultada la oficina regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), confirmaron que oficiarán a la Superintendencia de Educación Superior por lo sucedido.
