Detenidos desaparecidos: bajo secreto de confesión

Hace 53 años un golpe de Estado y un pronunciamiento militar, interrumpieron el orden democrático que existía en Chile, aunque el Presidente electo, Salvador Allende, gobernaba ya a través de decretos haciendo a un lado al Congreso, con el cual ya no podía dialogar.

En lo civil, la pequeña derecha de la época, junto a la gran Democracia Cristiana, se unían para pedir el fin del Gobierno y por eso, hasta el día de hoy, la extrema derecha le llama pronunciamiento militar. En la otra vereda, técnicamente cuando se depone un Gobierno por la fuerza, se llama golpe de Estado, de los que Chile desde su independencia ha tenido muchos. El de 1973 fue sólo uno más.

Uno de aquellos fue la Guerra civil de 1891, donde el Presidente Balmaceda termina rendido ante los dueños de Chile y se suicida la noche del 19 de septiembre de ese año. Se estima que en la "revolución" o enfrentamiento entre el Ejército —leal al Presidente Balmaceda— y la Armada, fiel a los parlamentarios, murieron entre 15 mil y 20 mil personas, con violaciones masivas a los Derechos Humanos —aunque los legistas dirán que no, porque aún no se definía ese concepto— como "La Matanza de Lo Cañas", donde los militares masacraron a 88 jóvenes de buena familia, hijos y amigos de los parlamentarios, en el fundo de Carlos Walker Martínez, apellidos que todavía administran nuestro país.

El duelo

Sin embargo y a diferencia de lo ocurrido desde 1973 en adelante en Chile, en esa oportunidad cada cual pudo hacer su duelo y guardar luto. Los cuerpos de los fallecidos fueron enterrados y la nación siguió su rumbo e incluso, siguió avanzando y prosperando.

Así, en 1904 se dicta la ley de la Silla, que obliga a los comercios a mantener sillas para que los empleados y obreros pudieran descansar durante la jornada; en 1906 la ley sobre Habitaciones Obreras, que crea un consejo para fomentar la construcción de viviendas salubres y económicas para los trabajadores; o la ley de Descanso Dominical, en 1907, que establece el domingo como día obligatorio de descanso.

Pero, ¿qué pasó que apenas 10 años después de este enfrentamiento fratricida, el país estaba ya recompuesto o avanzando? Pues bien, mi opinión es que al igual que después de la Guerra de Independencia, hubo perdones y leyes de amnistía y no dejaron temas pendientes —al menos legalmente— y todos sus muertos fueron enterrados.

Amnistías

En efecto, tras el proceso de consolidación de la Independencia de Chile y durante el siglo XIX, se dictaron múltiples amnistías e indultos políticos destinados a la reconciliación nacional tras guerras civiles, motines y persecuciones ideológicas.

Así, tras la Guerra Civil de 1891, el gobierno provisional y las autoridades promulgaron cuatro leyes de amnistía para cerrar los conflictos judiciales y políticos derivados del enfrentamiento entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso, pese a su muerte y a que le quitaran el poder.

En diciembre de 1891 el presidente Jorge Montt otorgó amnistía por delitos políticos cometidos entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 1891, dejando fuera a altos oficiales del Ejército, ministros de Estado de Balmaceda y miembros del Congreso de ese bando. Luego, en febrero de 1893, concedió amnistía a generales y coroneles del Ejército que sirvieron a la administración de Balmaceda y a jefes de la Armada no incluidos en la ley anterior.

Sin embargo, se exceptuó a los responsables del ataque al monitor Blanco Encalada, de la torpedera Lynch y a los involucrados en la matanza de Lo Cañas. Finalmente, el Presidente en 1893 sacó una segunda ley y amplió el perdón para otros implicados, consolidando el cierre definitivo en 1894, con la ley de Amnistía General y Final. 

Se perdonaron solos

El 18 de abril de 1978, la Junta Militar encabezada por el general Augusto Pinochet, promulgó la Ley de Amnistía mediante el Decreto Ley N.º 2.191.

Este cuerpo legal, que no nació con la participación de los oponentes al Gobierno Militar, ni mucho menos de manera democrática ni en el Congreso de la nación, amnistió a los autores, cómplices o encubridores de hechos delictivos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Su objetivo fue extinguir la responsabilidad penal de agentes del Estado (principalmente militares y miembros de organismos de seguridad) por crímenes cometidos durante los primeros años de la dictadura, incluyendo torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.

Durante años, esta Ley de Amnistía permitió que los tribunales civiles y militares se declararan incompetentes para ver estas causas y así, permitió cerrar o archivar causas de Derechos Humanos.

Corte Suprema

Sin embargo, a partir de 1998 la Corte Suprema comenzó a revocar la aplicación de la amnistía en casos de secuestro calificado y detenidos desaparecidos, bajo el argumento de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no amnistiables.

Esto permitió, por un lado, que cientos de familias de personas que sufrieron, por motivos políticos, durante el Gobierno Militar, tuvieran justicia, pero a la vez, ocasionó que cientos de miembros de las Fuerzas Armadas fueran procesados, encarcelados e incluso murieran en la cárcel. Muchos de ellos, según argumentan, inocentes de todo cargo que se les ha realizado, o en la cárcel por responsabilidad de mando.

Y es que la justicia no es perfecta y las filtraciones del "Caso Audios", del abogado Luis Hermosilla, así lo han comprobado. A muchos jueces se les ha pagado o "compensado", con viajes, costosos regalos, regadas cenas, por un fallo, un favor o una sentencia y como bien se dice, es preferible que 10 culpables anden sueltos, que exista un sólo inocente preso. Pero falta algo.

Secreto de confesión

Falta que los cientos de familiares de detenidos desaparecidos, sepan dónde están sus seres queridos y puedan cerrar esa etapa. Enterrarlos u honrarlos donde fueron arrojados sus cuerpos, entendiendo que pasado tanto tiempo tal vez no sea posible recuperarlos.

Eso es lo que siempre se hizo, en cada guerra, golpe de Estado o revolución siempre hubo cuerpos e historias que enterrar. En nuestro país, de acuerdo a la Subsecretaría de Derechos Humanos, se contabilizan 1.092 personas detenidas desaparecidas y 377 ejecutadas políticas sin entrega de cuerpo, lo que suma un total de 1.469 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar (1973–1990).

Entonces, ¿qué falta? Entregar los cuerpos de hijos, hermanos, padres, esposos y amigos que se hicieron desaparecer.

¿Cómo hacerlo? Pues a través de un cura o un pastor, que respete el secreto de confesión (el primero) y a quienes los que saben dónde están, lo informen para de una vez cerrar el ciclo y terminar.

Deben hablar

Sé que no es negocio para muchos de los que "lucran" con la causa de la dictadura militar, pero si de una vez por todas queremos dar vuelta la página y avanzar de verdad, los que saben deben hablar.

Así, tanto las familias podrán descansar y los condenados acceder a beneficios carcelarios que les permitan —por lo menos— ir a morir tranquilos a su hogar. Un derecho humano fundamental.

Por Ricardo Barría Dillems, editor de AraucaniaDiario, ingeniero Comercial y Magíster en Periodismo, miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, Estados unidos.

Abrir la puerta sin cerrar la memoria