El jefe de Unidad de Derechos Humanos indicó que frente al contexto de emergencia sanitaria, es necesario que el Estado "disminuya el número de personas que se encuentran en lugares con altas tasas de hacinamiento y con malas condiciones de salubridad".
La Región19/04/2020
Equipo AraucaniaDiario
Este viernes, la Unidad de Defensa Penal Juvenil de La Araucanía logró la libertad de 15 jóvenes reclusos, para sustituir su prisión preventiva por medidas cautelares más flexibles.
"la UDPJ ha obtenido al día de hoy la libertad de 15 de los 28 jóvenes que permanecían privados de libertad en el CIP-CRC de Cholchol cumpliendo sanción o la medida cautelar de internación provisoria. Mas del 50% de los jóvenes han recuperado su libertad", informó el defensor Luis Acuña.
Hasta ahora, las instituciones regionales y nacionales han continuado cumpliendo su labor judicial, jurídico y penitenciario. Sin embargo, han adoptado diversas medidas para la prevención de la propagación del coronavirus como juicios por videoconferencias o evitando conglomeraciones de personal auxiliar y reclusos.
Al respecto el jefe de Unidad de Derechos Humanos, Tomás Pascual, indicó que frente al contexto de emergencia sanitaria, es necesario que el Estado "disminuya el número de personas que se encuentran en lugares con altas tasas de hacinamiento y con malas condiciones de salubridad".
Pascual explicó que por esta razón la Defensoría Penal Pública ha solicitado más de mil revisiones de prisión preventiva para sustituirla por una medida de arresto domiciliario total y así descomprimir las cárceles del país.
Emprendedores se defienden y denunciaron un aumento del hostigamiento, con registros fotográficos, grabaciones no consentidas e incluso amenazas personales.
Un reciente estudio advirtió una profunda brecha previsional y de protección social que afecta a casi dos tercios de quienes trabajan por cuenta propia.
1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas, sin que se denunciara lo ocurrido.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
La consejera nacional indígena señaló que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas reales del pueblo mapuche.
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Se aprobó proyecto que busca otorgar estabilidad laboral a docentes municipales o de los SLEP que cumplan con requisitos de antigüedad y carga horaria.
La coordinadora del programa Habilidades Para la Vida (HPV), informó a distintos colegios de Temuco que la UFRO fue avisada que no podrá continuar ejecutándolo.
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