Caso Huracán: Ministerio Público solicita el sobreseimiento de fiscal acusado de eliminar pruebas

La Región 30 de junio de 2020 Por Yuliana Montiel
La audiencia quedó fijada para el próximo lunes 6 de julio en el Juzgado de Garantía de Temuco. La acción contra el persecutor fue presentada en el 2018, donde aseguran que estaba al tanto de las acciones de Carabineros e incluso que habría tenido injerencia.
Caso Huracan 14 de mayo OSSES
Caso Huracan 14 de mayo OSSES

El fiscal de la región del Maule Julio Contardo, solicitó el sobreseimiento definitivo del persecutor de la fiscalía de La Araucanía Luis Arroyo, quien fue querellado por haber eliminado pruebas relativas al montaje en torno a la llamada Operación Huracán, mediante la cual se encarceló con evidencias falsas a ocho mapuche en 2017.

La información publicada por el portal de noticias Interferencia, indica que en la solicitud de Contardo, este señala sin mayor argumentación que lo hecho por Arroyo no constituye delito. La audiencia para revisar el sobreseimiento definitivo de Arroyo quedó fijada para el próximo lunes 6 de julio, a cargo del Juzgado de Garantía de Temuco.

Las acusaciones

A Arroyo se le acusa de desaparecer conversaciones de su WhatsApp con Patricio Marín, las que dan cuenta de que el fiscal sabía con antelación del desarrollo del contenido del informe 130, el recordado documento de Carabineros que incluía las supuestas conversaciones entre los mapuche acusados de una serie de ataques incendiarios. 

La acción contra el fiscal fue presentada en el 2018 por las defensas de tres carabineros imputados en el caso: el ex general de Inteligencia, Gonzalo Blu, como también el capitán Patricio Marín y el mayor Leonardo Osses. En esta señalaron que el persecutor estaba al tanto de las acciones de Carabineros con los mapuches e incluso tuvo injerencia en este proceso.

Querella

Aunque el fiscal de Maule considera que las acciones de Arroyo no constituyen delito, la querella presentada apuntaba a que esto calificaba como obstrucción a la investigación, el cual para un fiscal tiene la pena de presidio menor y la inhabilitación permanente del cargo.

Además la parte querellante, consideró que todavía existen pruebas que el Ministerio Público no les ha entregado, algo que podría influir directamente en la causa particular contra Arroyo, así como en el desarrollo de la propia causa contra los ex uniformados.

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