La carta dirigida al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, da cuenta de la necesidad de abrir el diálogo para no lamentar desenlaces fatales, y escuchar las demandas que han llevado a los mapuche a tomar tan drástica medida.
La Región12/07/2020
Yuliana Montiel
El pasado 7 de julio, la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía, envió cartas al Ministro del Interior Gonzalo Blumel y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, en señal de profunda preocupación por la situación de aumento de la militarización de las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, así como la crítica situación en que se encuentran 9 presos mapuche en huelga de hambre desde el 4 de mayo en las cárceles de Angol y Temuco, llevando a la fecha más de 60 días sin ingerir alimentos.
La carta dirigida al ministro Larraín, da cuenta de la necesidad de abrir el diálogo para no lamentar desenlaces fatales, y escuchar las demandas que han llevado a los mapuche a tomar tan drástica medida. Las demandas de los huelguistas son el cambio de medidas cautelares y el cumplimiento de sus condenas en sus comunidades, en virtud de los artículos 8, 9 y 10 del convenio 169 de la OIT, y del contexto actual de pandemia, donde el hacinamiento carcelario pone en permanente riesgo sus vidas.
En la carta se cita la comunicación del 9 de abril del presente año de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le recomienda a los Estados reducir los niveles de hacinamiento y sobrepoblación de los centros de detención a través de la disposición de medidas alternativas a la privación de libertad, en atención al alto impacto que puede tener el Covid-19 en la población penitenciaria y el deber del Estado de garantizar el derecho a la salud y la vida de todas las personas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante Resolución N° 1/2020, adoptada el 10 de abril de 2020, sobre Pandemia y Derechos Humanos, en relación a las personas privadas de libertad, insta a los Estados a "Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad".
En la carta al Ministro del Interior, las organizaciones enfatizan la "errada" dirección de las medidas que llaman a resguardar el orden público a través de la ocupación territorial con militares en las zonas de Arauco, Malleco y Cautín. El envío de más de 80 efectivos militares a la zona, anunciado por el Ministro Blumel el 26 de junio, no hará más que aumentar la militarización de la zona que ya lamenta numerosos episodios de uso desmedido de fuerzas policiales que han terminado incluso con la muerte de comuneros a manos de efectivos policiales como el lamentable caso de Camilo Catrillanca.
La carta termina señalando que la resolución de la situación de conflictividad que se vive en la Región, así como en el Biobío, y en particular el Conflicto existente entre Estado Chileno y Pueblo Mapuche, "no viene en robustecer la represión, si no en generar el encuentro y el dialogo, conocer la historia de despojo y genocidio que ha vivido el pueblo en manos del Estado Chileno y buscar las maneras de resarcir esta historia regada de sangre. Para ello, es indispensable el fin de la militarización del territorio mapuche. No queremos lamentar más muertes, ni que la militarización de sectores rurales siga sembrando el odio y la injusticia", indica el escrito.
la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía está compuesta por: Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos - Agrupación de expresos políticos Enrique Pérez – Centro de Investigación y Defensa del Sur - Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos - Comisión Ética Contra la Tortura - Observatorio Ciudadano - Red de Acción por los Derechos Ambientales - Red de Defensa de los Territorios - Red de Peritos Independientes Región de La Araucanía.
La senadora Carmen Gloria Aravena solicitó un plazo adicional, el que los demás comisionados consensuaron, solicitándole al Presidente Gabriel Boric hasta el 30 de abril.
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