Fueron más de 470 mil personas -entre ellas 37 mil funcionarios públicos- las que declararon ingresos inferiores a los que tenían, para cobrar el beneficio estatal que se entregó a personas que hubiesen visto disminuidos sus ingresos por la pandemia de coronavirus.
Política15/10/2020
Equipo AraucaniaDiario
Dentro de los beneficios que implementó el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, para ayudar a quienes han sufrido una disminución de sus ingresos producto, primero del llamado "estallido social" y luego de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, está el Bono Clase Media; un aporte fiscal directo de un máximo de $500 mil, no reembolsable, para trabajadores y empresarios individuales que hayan tenido una disminución de sus ingresos de 30% o más, como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Sin embargo y según detectó el Servicio de Impuestos Internos, más de 470 mil personas declararon ingresos inferiores a los que realmente tenían, con lo que lograron recibir el beneficio, pero infringieron la ley y por una parte, deberán devolver lo percibido, pero por otra, podrían ser juzgados por el fraude cometido.
Entre ellos, 37 mil funcionarios públicos, que dicho sea de paso, son quienes hoy han tenido una mayor estabilidad laboral dentro del escenario de la pandemia y con rentas superiores al promedio del mercado.
Así, el Gobierno ha sido claro al señalar que no habrá "perdonazo", no obstante las peticiones o sugerencias desde la oposición e incluso desde la dirigencia de la Anef, de buscar una salida alternativa para quienes obtuvieron el beneficio de manera irregular.
Proyecto de ley
Por lo mismo, el senador Francisco Huenchumilla (DC) presentó un proyecto de ley para amnistiar a los 473.703 trabajadores que recibieron el Bono Clase Media, sin cumplir con los requisitos necesarios, luego de la denuncia realizada por el Servicio de Impuestos Internos.
La iniciativa, apoyada por Pedro Araya (Ind.), Alejandro Guillier (Ind.), y Juan Ignacio Latorre (RD), busca "conceder una amnistía a los infractores de la declaración jurada contenida en la Ley N° 21.252", trámite con el que se cerraba la solicitud del beneficio.
Fundamentos
El senador Francisco Huenchumilla consideró que este proyecto es "de toda justicia, porque aquí tenemos familias que en muchos casos necesitaban de este beneficio, y que además cometieron un error, actuando de buena fe".
"La pandemia vino a desvelar la precariedad del actual modelo en que vivimos, donde las personas y sus familias pueden calificar como integrantes de la clase media, pero se encuentran en la desprotección, viven endeudadas, y ante la eventualidad de perder su empleo, quedan totalmente a la deriva. Eso ocurre, independientemente de que calificaran o no para este beneficio puntual", sentenció Huenchumilla.
"También es importante señalar y destacar que, en el último tiempo, ha habido una serie de perdonazos del fisco hacia los poderosos. Tenemos a los ex controladores del grupo Penta, que en 2019 fueron enviados a clases de ética", dijo el senador.
"O recientemente, la rebaja de multa a Julio Ponce Lerou por el caso Cascadas, de 62 millones de dólares, a menos de 3 millones de dólares. Bueno, si con ellos existió este tipo de consideraciones, es justo que establezcamos amnistía para estos hechos, sin perjuicio de que lo percibido indebidamente deberá restituirse. Aquí estamos hablando de personas y familias de trabajo", agregó el parlamentario.
Sin embargo, como explicó Huenchumilla a AraucaniaDiario, no se trata de un "perdonazo", si no de una amnistía al delito que habrían cometido quienes cobraron el beneficio sin cumplir con los requisitos, entregando datos incorrectos. "La amnistía es al delito, no a las platas. No hay perdonazo de las platas", puntualizó el senador.
La propuesta implica que las casi 474.000 personas que hayan accedido al beneficio sean liberadas de responsabilidad penal, dado que "se trató de un error común (...) debido a la desprolija elaboración de la política pública y su indebida difusión", afirma el proyecto; "sin perjuicio de las restantes atribuciones de las autoridades, para solicitar la restitución de lo percibido indebidamente", señala el proyecto de ley.
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