Se trataría del actual fiscal regional Roberto Garrido y de su antecesor Cristian Paredes, entre otros de la región. Se desconoce si conversaron por ayuda para nombramientos o si entregaron información sobre causas.
El legislador se mostró partidario de que “tiene que salir a la luz todo lo que sea necesario dentro del ámbito de la investigación y de las aristas políticas que esto pueda tener".
Sin embargo, valoró que los ministros del máximo tribunal tengan la disposición a mejorar el nombramiento de los jueces y que reconozcan que existe una "opacidad" en el sistema legal.
El parlamentario ofició a las autoridades para conocer las medidas de fiscalización, clausura y persecución de este tipo de establecimientos en la región.
Un tercer interesado querría construir en el sitio una cancha de fútbol. El monto a invertir considera reparaciones por $2 mil millones y un arriendo mensual.