En fallo unánime, el tribunal aplicó al sentenciado las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Carrillo Muñoz deberá, además, cumplir la pena de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa y sujeción a la vigilancia de la autoridad por el tiempo de diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal. Esta sujeción consistirá en informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual.

Asimismo, el tribunal lo condenó a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad y a la prohibición de visitar el domicilio y establecimiento educacional de la víctima. Además de la prohibición de acercarse al menor ofendido y a su familia directa durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en el período comprendido entre el 01 de enero de 2009 y 29 de enero de 2019, en reiteradas oportunidades, Claudio Andrés Carrillo Muñoz efectuó acciones de relevancia y significación sexual en contra de la víctima, menor nacido el 29 de julio de 2005.

Estos hechos acaecieron inicialmente en el interior del domicilio ubicado en el sector Lolén de la comuna de Lonquimay y posteriormente en la ciudad de Concepción.