Universidades de aporte y servicio público

Arturo Hernández Sallés, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Católica de Temuco.

Arturo Hernández Sallés

En estos días, diversos autores han planteado en distintos medios orales o escritos la afirmación errónea de que lo público está indisolublemente atado a lo estatal.

Cuando se crea el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) en el año 1954, este estaba integrado solo por dos universidades estatales: Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado y por cinco universidades no estatales (Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad Austral de Chile y Universidad Técnico Federico Santa María).

Como se puede apreciar, desde muy temprano diversas instituciones no estatales han iniciado su contribución pública al país en las áreas de formación de profesionales, de investigación e innovación científica y de vinculación con la sociedad. ¡Qué duda cabe del inmenso aporte que han hecho al país y especialmente a las regiones, universidades como la de Concepción o Austral, por ejemplo!

Estamos convencidos que el aporte público de las universidades no está restringido o, dicho de otro modo, no es exclusivo de las universidades estatales. Sería largo enumerar los aportes e impactos a la sociedad realizados por las universidades públicas que no son estatales, entre las cuales se encuentra también nuestra Universidad Católica de Temuco.  

En relación con nuestra institución, por ejemplo, esta ha sido, y sigue siendo, una universidad que desde 1959 forma a profesores de diversas disciplinas que hoy ejercen en gran parte de la macrozona sur, realizando su importante y trascendente labor pedagógica con millares de niños y jóvenes. ¿Qué más contribución pública que aquello?

En otro orden de cosas, sus investigaciones y aportes han sido importante base para la creación y desarrollo de una política pública de educación intercultural bilingüe, principalmente en contexto mapuche, la que además ha servido para el trabajo con otros pueblos preexistentes en otras regiones del país. 

Buena parte de los estudios que se realizaron en Chile para avanzar a la que ahora es la política pública nacional del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), que permite una alternativa más inclusiva de acceso de jóvenes a la educación superior, se realizaron en nuestra universidad.

En lo relacionado con la inclusión y la movilidad social, como importante aporte público, se pueden dar dos datos determinantes: El 80% de los estudiantes que ingresa a nuestra universidad, corresponden a primera generación de su familia en educación superior.

Si miramos la pertinencia y calce con la situación del pueblo mapuche en la Región, nos damos cuenta de que el porcentaje de estudiantes de pueblos originarios matriculados año tras año en nuestra institución, supera el 30%.

Los ejemplos citados con datos correspondientes a la Universidad Católica de Temuco se multiplican si consideramos el conjunto de las otras universidades del G9 que, sin duda, aportan de manera categórica y significativa al desarrollo social, económico, cultural, tecnológico, artístico y científico del país.

Así las cosas, parece banal desconocer el aporte y el compromiso público que estas universidades han entregado y seguirán entregando a la sociedad chilena en su conjunto, particularmente cuando muchas de ellas lo realizan desde territorios alejados de la Región Metropolitana, lo que les otorga aun mayor valor.

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