El tercer informe, impacto de la Multigremial de La Araucanía, comparó los 50 días previos al fin del estado de excepción, el 26 de marzo, con los 50 días posteriores a su eliminación, período en que la medida excepcional no rigió en la Macrozona Sur.

El estudio informó respecto de los hechos de violencia que, de manera habitual, se registran en la zona. Uno de los que marcó un aumento porcentual más significativo fue el de usurpación, con un alza de un 400%. El mismo, ha dado paso a distintos tipo de delitos, como incendios, ataques contra propietarios, trabajadores o policías, entre otros, registrados en predios tomados.

Pese a esto, de manera inexplicable el Código Penal no define de manera categórica la usurpación y solo plantea referencias a la misma. Sin embargo, impone solo multas a quien la ejecuta con o sin violencia, las que van desde las 6 a las 20 UTM. Es decir, un pago que va desde los $350 mil hasta un poco más de $1 millón, independiente de la gravedad o cuantía de los daños causados.

Peor aún, por tratarse de un “delito” que se sanciona con multa en dinero, la ley impide su detención, y solo es posible cursar una citación al tribunal, impidiendo la posibilidad de realizar una persecución penal efectiva contra quien perpetre una usurpación, u ocupe los inmuebles de otro

Ante este tipo de sanciones que dañan el Derecho de propiedad, y considerando que las usurpaciones y las consecuencias que conllevan hoy son tratadas como simples faltas, y la necesidad de dar seguridad en los campos de La Araucanía, el presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco, Sebastián Naveillán, llamó al Senado a votar a favor del proyecto de ley, para que sea discutido y votado en la Sala.

El dirigente gremial enfatizó que no pueden seguir permitiendo que se siga faltando el respeto a la propiedad privada, pues, agregó, este derecho “en una democracia la propiedad privada se debe respetar”. Sin embargo, acusó que “claramente en La Araucanía no ocurre eso, y tenemos un aumento de usurpaciones”.

Respecto de las consecuencias generadas por la ocupación de predios rurales y productivos por parte de grupos violentistas y terroristas, Naveillán acusó que los que se ven más afectados en cada usurpación son los colaboradores y su integridad física.

"Ellos son los que nos ayudan a producir el alimento que todo Chile necesita, sin embargo, son amenazados, encañonados, heridos y amenazados de muerte", argumentó.

Seguridad

Desde la Asociación de agricultores de Malleco advirtieron que las usurpaciones y las consecuencias que conllevan hoy son tratadas como simples faltas, por lo que resulta imperioso que los parlamentarios, quienes hoy tienen en sus manos la posibilidad de entregar algo de tranquilidad a los trabajadores, actúen en consecuencia con lo que deben proteger y voten a favor para otorgar medidas efectivamente disuasivas para estos ataques que se multiplican en los campos de La Araucanía.

Desde el gremio recordaron el informe elaborado por la Oficina de Estudios y Políticas Agropecuarias (Odepa), que confirma que el trigo harinero (usado para alimentación), abarca más de 82 mil hectáreas en la región, correspondiente el 45% del total a nivel nacional, además de la producción de avena, leche, frutas, y carne, en los mismos campos del sur de Chile.

Esta semana en el Senado se discute la votación al proyecto de ley que busca sancionar con penas corporales efectivas la usurpación, cuya idea lleva años durmiendo en el Congreso. Es por eso que le pidieron al Senado que vote a favor y Naveillán recalcó que necesitan una ley robusta, con penas altísimas para así poder respetar la propiedad privada.