Tras una serie de entrevistas del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), donde desde su casa, cerca del lago Lleulleu, se ha referido en los últimos días a múltiples aspectos del accionar d ella CAM, así como a la muerte de Pablo "Toño" Marchant, Héctor Llaitul realizó más precisiones sobre el funcionamiento de la organización a la cual pertenece.

En lo videos realizados por Chile Today y Werken Noticias, Llaitul señaló: “La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinaria”, aclarando que en ningún momento se ha querido dañar a personas, que no es su objetivo, sino atacar al gran capital a quienes han depredado el territorio Mapuche con sus maquinarias y empresas. “Nosotros respetamos a los trabajadores, respetamos la vida de los trabajadores”, agregó el vocero, manifestando además que en sus planteamientos como organización jamás han considerado la violencia directa hacia quienes prestan servicios a las empresas.

“No quitamos vidas, no hacemos acciones de aniquilamiento, a pesar de tener identificado a Esbirros al servicio del poder y que han cometidos crímenes en contra de la causa Mapuche", agregó Llaitul.

"... tampoco podemos ajusticiar a yanaconas que se han paseado libremente en el wallmapu y nadie los toca. No podemos, ¿por que se justificaría de alguna manera esta acción nuestra que no va con nuestra Ética?”, dijo respecto a la CAM y a sus ORT.

“No se atacan a trabajadores, no se ataca campesinos pobres y si en algún momento alguien hizo una definición por que hallan objetivos en las iglesia Evangélicas, en los templos católicos o en las sedes comunitarias o las escuelas, como símbolos del colonialismo, la enajenación y la intolerancia frente de los Mapuches, nosotros igual los entendemos como argumentos muy sólidos, pero no atacamos ese tipo de objetivos”, precisó Llaitul.

Reacción de los empresarios

Frente a las declaraciones de Héctor Llaitul, desde la CPC señalaron en un comunicado: "rechazamos categóricamente las afirmaciones del dirigente de la organización Coordinadora Arauco Malleco, en cuanto constituyen una grave amenaza al estado de derecho, la seguridad y el orden público".

"Cuando una persona que es el líder de una organización involucrada en numerosos hechos de terrorismo y violencia señala de manera pública que realizará acciones de sabotaje contra la propiedad privada, corresponde que el Gobierno y los organismos del Estado correspondientes, reaccionen en forma inmediata para evitar que se hagan efectivas sus amenazas", agregaron.

"Garantizar la seguridad de las personas y el orden público es una potestad exclusiva e indelegable del Estado de Chile", puntualizaron desde la CPC.

"La incitación abierta del señor Llaitul al uso de la violencia para el logro de los objetivos de su organización, constituye en sí una amenaza terrorista que debe ser perseguida con toda la celeridad y eficacia que ello amerita, para evitar nuevos hechos de violencia contra personas y bienes ... La extrema gravedad de las declaraciones del dirigente de la organización violentista CAM exige que el Gobierno actúe de manera urgente para proteger la vida de las chilenas y chilenos; es su responsabilidad", concluyeron los empresarios.

Reacción del Gobierno

Sin embargo, desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric fueron claros al señalar -luego de las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbot- que no habrá querellas en contra del vocero de la CAM por sus últimas declaraciones.

"Hemos fijado una posición y en esto no hay cambios al respecto. Hay investigaciones en curso y hay querellas presentadas, y por lo tanto esperamos que respecto a estos delitos o posibles delitos sea la Fiscalía la que determine las acciones y las responsabilidades", dijo la vocera de Gobierno Camila Vallejo.

Esto, luego de que el fiscal nacional indicara que para iniciar una investigación invocando la Ley de Seguridad del Estado, el Gobierno primero debe presentar una querella. "La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la ley de seguridad el Estado, una denuncia o una querella por parte del Gobierno", precisó Jorge Abbot, lo que la ministra Vallejo descartó de plano.