El centro de estudios Observatorio Judicial, con la colaboración de la Multigremial de la Araucanía, presentó el cuarto informe de la Serie “Violencia en la Macrozona Sur 2018-2021”, relativo a ataques incendiarios. 

El informe busca dar cuenta del estado de tramitación y los resultados judiciales de 675 causas por los distintos tipos de delitos de atentados incendiarios ocurridos en la Macrozona Sur, entre 2018 y 2021.

De los resultados destaca la inefectividad del sistema de persecución penal para obtener condenas para quienes cometen ataques incendiarios en la Macrozona Sur. En efecto, apenas 6 causas terminaron en condena, ninguna de las cuales incluye delitos terroristas, en cambio, la mayoría de las causas terminan por decisión de no perseverar o se archivan provisionalmente.

"La causa de los magros resultados obtenidos proviene de un déficit investigativo a cargo del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. De hecho, apenas un 5% de las causas cuenta con uno o más imputados conocidos", dice el informe.

Para José Miguel Aldunate, Director de Estudios y autor del informe: "la impunidad en la macrozona sur no sólo es una realidad alarmante, sino que empeora año a año. Se requieren esfuerzos mayores de parte del Estado, particularmente en lo que respecta al actuar de las policías y del Ministerio Público".

Delitos de connotación terrorista

Si bien un cuarto de las causas analizadas ingresa al sistema por la comisión de un delito de incendio con calificación terrorista, los resultados judiciales obtenidos no son mejores que para los delitos comunes. En efecto, de 172 causas analizadas, apenas se encontraron dos absoluciones y ninguna sentencia condenatoria.

Para el Presidente de la Multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, los atentados incendiarios son el delito más frecuente que usan los grupos violentos que operan en las regiones del sur. “Parte central de la estrategia de estos grupos es sabotear la producción forestal y agrícola principalmente, pero también a empresas de servicios que ejecutan obras de infraestructura mandatadas por el Estado en sectores rurales. También han constituido una forma de amedrentar o expulsar a los propietarios de terrenos con objeto de obtener el control territorial de estas zonas, y en esos casos ha afectado a numerosas personas civiles que han visto destruidas sus casas o instalaciones”, señala.

“Son miles los bienes destruidos, camiones, maquinarias ,  equipos , y construcciones, que también incluyen escuelas e iglesias “, agrega.

Gestión del fiscal Cristian Paredes

Los años analizados por el estudio incluyen parte de la gestión del cuestionado ex fiscal regional Cristian Paredes, quien planificó y estuvo a cargo del frustrado ingreso policial al sector de Temucuicui, el 7 enero de 2021, que terminó con la vida del subinspector de la PDI Luis Morales Balcazar, de 24 años y al menos 8 funcionarios heridos.

En la ocasión al menos 700 funcionarios de la Policía de Investigaciones intentaron llevar a cabo una instrucción de la fiscalía regional de La Araucanía, siendo emboscados y repelidos a tiros, debiendo huir del lugar con la ayuda de Carabineros; quienes no estaban al tanto del operativo dirigido por Cristian Paredes.

Hasta el momento no hay responsables administrativos del fracasado operativo que dejó en vergüenza tanto al Gobierno de la época y dejó heridos, un policía muerto y millones de pesos en daños a bienes de cargo fiscal.

Luego de que Paredes debiera dejar el cargo, fue contratado por el ex fiscal nacional Jorge Abbott en Santiago y hasta el momento se desempeña como asesor en temas de violencia rural en la Macrozona Sur.

Revisar informe completo aquí: https://observatoriojudicial.org/wp-content/uploads/2022/12/Informe-2018-2021-Ataques-incendiarios-VF-2.pdf