El comunero mapuche Mijael Carbone Queipul, empresario forestal y vocero histórico de la comunidad Tradicional de Temucuicui, mantiene su inocencia de los cargos de hurto de madera y asociación ilícita que el Ministerio Público lo inculpa. Es más, tiene documentos -y los ha exhibido- que confirman su permiso para explotar los bosques al interior del ex Fundo Alaska, predio comprado por la Conadi en el Gobierno del Ex Presidente Ricardo Lagos a su comunidad y que consta de 1.927 hectáreas.

Así las cosas y debido a la baja pena que eventualmente tendría que cumplir, si es condenado por el hurto de madera -ya que los delitos se habrían cometido antes de la nueva ley de Robo de Madera- la prisión preventiva era desproporcionada. Así lo falló la Corte de Apelaciones de Temuco, corrigiendo el error del juzgado de Garantía que lo había dejado preso, a petición de la fiscalía regional.

Por lo mismo, Carbone Queipul quedó con prisión domiciliaria total, en su casa ubicada en el sector de Temucuicui, comuna de Ercilla, hasta donde incluso llegó un equipo de Meganoticias hace algunos días.

Sin embargo, en un informe interno de Carabineros a la fiscalía de Lautaro, se informa del riesgo y del costo de verificar el cumplimiento de la medida cautelar al interior de la comunidad.

"El tribunal de garantía de Loncoche acogió los argumentos del fiscal y dio plazo hasta el lunes 30 de enero (pasado mañana) al imputado, para que fije un nuevo domicilio donde cumplir el arresto domicilio total, en el radio urbano de cualquier ciudad o un sector rural donde Carabineros pueda controlar su cumplimiento sin inconvenientes", informó la fiscalía.  

Como lo explica el persecutor, estos argumentos son básicamente la seguridad de los funcionarios policiales encargados de fiscalizar el cumplimiento del arresto domiciliario y el uso eficiente de los recursos fiscales.

Costo de controlar medida cautelar

De la misma manera, la fiscalía explicó que uno de los argumentos que el juzgado de Garantía consideró, fue el buen uso (ahorro) de los recursos públicos, esto debido al alto costo de desplazarse hasta el domicilio de Carbone Queipul. 

Según informaron en la audiencia, el fiscal César Schibar dio a conocer un informe que la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó a Carabineros (después del primer oficio de la policía que alertaba sobre la peligrosidad en el control del cumplimiento de la medida cautelar), sobre los recursos que habían destinado a esta tarea cuando ingresaron a Temucucui el 11 de enero.

"Entre la Prefectura de Control de Orden Público y la Prefectura Malleco participaron 3 oficiales jefes, 9 oficiales subalternos y 39 carabineros, movilizados en 13 vehículos institucionales (7 de ellos blindados).  Para llegar al domicilio del imputado, señala el informe, se utilizó la Ruta R 50 desde la ciudad de Traiguén y demoraron 3 horas y 30 minutos en recorrer de ida y regreso 180 kilómetros, porque todas las rutas que significaban una menor distancia se encontraban obstaculizadas o cortadas", señaló la fiscalía.