Junto con perseguir con todo el rigor de la ley a quienes han originado los incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobio y Araucanía, la Federación Regionalista Verde Social de La Araucanía (FREVS) sostuvo que a nuestro país le urge el reglamento para la Política de Ordenamiento Territorial (PROT) que permita la salida gradual de la empresa forestal, industria que además no genera ningún tributo o impuesto a las comunas, territorios y municipios que conviven con este modelo extractivo que depreda cuencas y ecosistemas nativos.

Para las y los regionalistas verdes es fundamental que se active el reglamento que regirá esta política de ordenamiento territorial (PROT) que duerme en los escritorios y que el gobierno de Piñera hizo dormir para cuidar el interés económico, instrumento que permitirá la protección del bosque, las cuencas, el agua, la biodiversidad y la vida de las personas, las que sin duda son las que deben estar en el centro del ordenamiento del territorio respecto a las actividades económicas y productivas que se desarrollen en las comunas sobre todo con alta ruralidad.

Agregaron que “el sector empresarial forestal que busca la rentabilidad con el monocultivo a costa del buen vivir, donde los arboles sin duda no se auto-combustionan sólos, se han transformado en armas de destrucción masiva, esto nos invita como Estado a impulsar el uso compatible del suelo con la protección de las comunidades locales. Sin embargo, son estas zonas forestales las que en gran medida terminan siendo un combustible que afecta las economías locales, la infraestructura y los bienes de la ciudadanía que ha tenido que convivir por décadas con la explotación forestal en las inmediaciones de los asentamientos y poblaciones, situación que se debe regular con el ordenamiento territorial”.

Samuel Morales y Luz Maria Huincaleo presidentes paritarios de la FREVS sostuvieron que esta es una urgencia insoslayable para enfrentar al modelo neoliberal que sigue tensionando el buen vivir. “El ordenamiento territorial es fundamental para una gobernanza ambiental donde los actores público-privado y la sociedad civil acuerden una relación por la sustentabilidad y por la mitigación de los incendios forestales con un plan que evalué, clasifique y zonifique los territorios para que esta industria vaya en gradual retirada y así no genere las externalidades negativas que hoy afectan a todos los tipos de vida”, concluyeron.