Desde inicios del mandato del presidente Boric se ha planteado la reforma tributaria como un eje central del programa de gobierno, con el objetivo de financiar el aumento a la PGU para las personas mayores, la reducción en las listas de esperas de salud pública, así como más recursos para enfrentar el crimen organizado, entre otras mejoras en la calidad de vida de las personas.

El proceso prelegislativo, de hecho, comenzó desde la base ciudadana y contó con una etapa de diálogos sociales en todas las regiones del país para que las personas manifestaran sus demandas en el ámbito tributario. Posteriormente fueron 8 meses de tramitación en el Congreso Nacional, más de 300 votaciones en la comisión de Hacienda de la Cámara, donde más de la mitad de esas votaciones obtuvo votos del oficialismo y la oposición. Además, el Ejecutivo presentó 90 indicaciones que recogieron solicitudes desde todos los sectores para convertir la reforma en una iniciativa transversal.

Sin embargo, todo el proceso de diálogo y tramitación no fue suficiente para parlamentarias y parlamentarios en la Sala de la Cámara, quienes por estrecho margen dieron la negativa a la idea de legislar la reforma tributaria que proponía un sistema tributario más simple y más progresivo, en el que las y los que más tuvieran aportaran más. Una reforma que proponía entregarle más herramientas al Servicio de Impuestos Internos (SII) para mayor control y fiscalización para combatir la evasión y la elusión; un proyecto que no afectaba a las pymes y solo subía los impuestos al 3% más rico del país.

El Seremi de Hacienda, Ronald Kliebs, señaló que "quienes rechazaron la idea de legislar la reforma tributaria, rechazaron toda posibilidad de discutir, de hablar de mejoras para la ciudadanía, pese a que hemos estado dispuestos a conversar siempre. Lamentablemente hoy celebran los evasores de impuestos y los que sólo buscan sus beneficios personales. Hoy perdieron las grandes mayorías que necesitan mejor salud, mejores pensiones y caminar tranquilos por la calle. Hoy no derrotaron al gobierno, sino que le cerraron la puerta a más de 137 mil pensionados (según el IPS) en nuestra región que verían mejoras en sus ingresos. Los cuales corresponden a 105 mil adultos mayores de la provincia de Cautín y 32 mil de la provincia de Malleco, lo que significaba un aporte a la región de por lo menos 72 mil millones de pesos anuales”.