Héctor Llaitul se abre a una solución política del conflicto y a través de diálogo

Fue a través de una entrevista otorgada a los medios Radio Uchile, Radio JGM y revista Doble Espacio, que el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se refirió a los hechos que hoy lo mantienen con prisión preventiva en la cárcel de Concepción, bajo imputaciones por ley de Seguridad Interior del Estado y de hurto de madera (ley antigua), a los que derechamente se refirió.

" ... cuando planteamos la reapropiación de los recursos que existen en los predios que hemos recuperado (madera), lo hacemos sobre esa base moral y política que se sustenta en el anticapitalismo mapuche que heredamos de nuestros ancestros, y que hoy se expresa en líneas programáticas muy definidas con el control territorial que se ejerce, y que ponen un límite a la actividad de la extracción de madera, la que es solo para fines de autogestión y sobrevida", señaló el vocero de la CAM, lo que se enlaza con lo manifestado por el líder mapuche en una entrevista anterior y que es parte de las pruebas que mantiene la fiscalía regional en su contra.

"Es por lo anterior que afirmamos rotundamente que no tenemos ninguna relación con las mafias dedicadas al madereo solo con fines de lucro, más aún si están ligadas con agentes privados de éstas mismas empresas forestales con las que confrontamos", agregó Llaitul.

Y si el hurto de madera es uno de los cargos que mantiene la fiscalía regional en su contra, donde llama la atención el momento elegido por el fiscal Roberto Garrido para su detención -a 10 días del plebiscito del 4 de septiembre pasado y luego de una encuesta Cadem negativa para Llaitul-, la "vía armada" que defiende Héctor Llaitul -y que por cierto defienden también personeros de Gobierno del Partido Comunista- fue el fundamento para que se le encarcelara por infracción a la ley de Seguridad Interior del Estado.

"Sin embargo, a pesar del escenario de confrontación que ha impuesto el gobierno y las forestales, lo cual estrecha las posibilidades de solución, nosotros jamás hemos descartado una solución política al conflicto. Pero esta solución no puede ser construida por unos pocos desde Santiago", manifestó Llaitul.

"Tiene que tomarse en consideración las expresiones que ponen el cuerpo en la lucha real y estamos en el territorio, y nuestras autoridades ancestrales deben ser consideradas, no sólo quienes se creen ‘expertos’ a costa de redituar de nuestra historia. Si existieran espacios de dialogo, deben estar nuestras personas de confianza, no quienes nos impongan, porque estamos hablando entre naciones, no entre amigos o cuotas de poder", dijo el líder mapuche.

"Ahora bien, toda solución debe poner de fondo una cuestión innegociable para nosotros: la restitución de las tierras antiguas y nuestros derechos fundamentales, como la autodeterminación, lo cual confronta directamente el patrón de acumulación que se ha conformado en el Wallmapu a costa de la inversión forestal", agregó.

"En ese sentido deben hacerse las tratativas necesarias y a todo nivel para tales efectos. Si no es así, el gobierno debe tener claro que el conflicto continuará y puede profundizarse, porque las nuevas generaciones mapuche están creciendo con mayores convicciones que nosotros. El gobierno está a tiempo de prevenir la escalada del conflicto, pero el tiempo se agota y las posibilidades se pierden", advirtió el vocero de la CAM, algo que tiene plena coincidencia con lo observado en La Araucanía por éste y distintos medios de comunicación.

Observadores internacionales

Sin embargo, Héctor Llaitul advirtió además que el diálogo debe ser en un entorno protegido por observadores internacionales. "Además, para comenzar, deben estar observadores internacionales de nuestra confianza. Esto lo hemos dicho en distintas instancias, pero ellos sólo invitan a quienes les dirán lo que quieren", dijo el vocero de la CAM.

"Tienen que existir condiciones concretas y reales para un diálogo. Y ésta es una afirmación que nosotros también hacemos desde nuestra condición actual de prisioneros políticos, como es mi caso. Porque otra condición real y concreta, además de retirar la militarización, sería la libertad de todos los presos políticos mapuche por el lado chileno y argentino, una demanda muy sentida y que de seguro activará grandes movilizaciones de nuestro pueblo", puntualizó Héctor Llaitul.

Entrevista completa:

Poco más de ocho meses lleva en prisión preventiva el reconocido werkén de la CAM por imputaciones relacionadas con la Ley de Seguridad del Estado y por robo de madera. Hoy en forma exclusiva habla desde la cárcel sobre su último procesamiento, el papel del actual gobierno frente al conflicto histórico en el Wallmapu y las posibilidades de generar tratativas para una solución política a éste.

En la actual agenda de seguridad, se ha puesto énfasis en la normativa sobre la usurpación, ¿qué se persigue, en su opinión, con esta iniciativa y cómo afecta a las comunidades en recuperación de tierras?

La actual agenda de seguridad impulsada por el gobierno de Gabriel Boric ha puesto especial énfasis a una normativa muy específica, que es la ley sobre usurpación de tierras. Al respecto nuestra organización tiene una postura clara: este cuerpo legal viene a consolidar la protección jurídica de la propiedad del gran capital a costa de la criminalización de las recuperaciones de tierras, y aún más, responde a una persecución política dirigida principalmente hacia el movimiento mapuche autonomista. En otras palabras, la ley sobre usurpaciones es la protección legal para la continuidad del despojo.

A nuestro entender el fin último de esta ley es desatar una ofensiva contra los procesos de control territorial, plataforma básica para la reconstrucción de nuestro lof de manera autónoma. Razón por la que el empresariado comprometido en el conflicto y la derecha económica y política chilena vienen hace tiempo presionando y exigiendo un tipo de ley para recobrar y proteger esos espacios territoriales y así seguir explotando nuestras tierras ancestrales. Esto explica la razón de esta normativa, a la par de anuncios y acciones concretas por parte del Estado, que refuerzan políticas en materia de seguridad y dotan de mayor capacidades y facultades a las fuerzas represivas. Así, estamos frente no sólo a una agudización de la militarización del Wallmapu, sino a una represión integral frente al pueblo mapuche como enemigo interno.

Porque, en rigor, tal normativa no sólo afectará a los procesos de control territorial autónomos que venimos sosteniendo, sino a las recuperaciones territoriales en general. Sin lugar a dudas, sus efectos comenzarán con la represión de las experiencias que impiden de facto la reproducción del capital y el extractivismo, pero luego se extenderán a otras. Será una nueva manera de mantener la reducción como el espacio natural de socialización de las comunidades mapuche, reactualizándose una de las consecuencias de la Pacificación de la Araucanía.

Se quiere poner un freno legal, de alta legitimidad en la clase política y económica, a los avances del movimiento mapuche autonomista y las comunidades organizadas y en resistencia. Sin duda que esto pretende afectar directamente nuestro proceso de reconstrucción nacional. Además, estamos frente a una señal muy clara de que bajo la actual administración no existe ni existirá una solución al conflicto territorial, más bien, se enlodará en lógicas conservadoras. El gobierno quiere arrinconarnos nuevamente, reforzando la lógica de las reducciones o los guetos culturales que tanto les benefician a nuestros enemigos históricos.

Usted señaló que la posición del Estado de Chile respecto al pueblo mapuche no cambia según el gobierno de turno ¿cómo podría retratar esto a la luz del año y dos meses de la actual administración?

Para nosotros la naturaleza del Estado chileno es de un estado capitalista de formato colonial, por lo tanto, el trato y la relación con nuestro pueblo, por décadas, ha sido de sometimiento. Nuestra situación es la de un pueblo ocupado. Si ustedes se dan una vuelta por nuestro territorio, se darán cuenta de esto. Hay lógicas históricas de fondo que aún persisten y son las causas más profundas que enfrentamos. Las causas de fondo del mal llamado “conflicto mapuche”.

Sin embargo, esas lógicas se expresan de distinta forma en la actualidad. Uno pensaría, así, que un gobierno como el de Gabriel Boric trataría de forma distinta este conflicto, por lo menos de una forma diferente a un gobierno de derecha, pero ha sido todo lo contrario. No tan sólo ha dado continuidad a la política neoliberal que ha fracasado durante los últimos 30 años, sino que la ha profundizado. Su política de seguridad se ha recrudecido y sofisticado, mientras intenta invertir recursos para comprar tierras y cooptar a ciertas comunidades. El plan del ‘Buen Vivir’ es parte de lo mismo: atacar el conflicto mapuche por la vía de un supuesto desarrollo y establecer mesas de diálogo para legitimar el proceso. No es diferente a lo que intentó hacer Piñera. En lo fundamental, mientras esto ocurre, las forestales redoblan sus ganancias y exportaciones, profundizando el extractivismo y sus consecuencias en nuestro territorio ancestral.

El Robo de madera y las últimas medidas estatales 

Usted ha señalado que el robo de madera involucra mafias donde confluyen actores públicos y privados, ¿Cómo se relacionan y qué opinan las comunidades en resistencia de este modelo delictual imperante en la zona?

Por nuestras definiciones de carácter autonomistas y anticapitalista, desarrollamos un tipo de acción política transformadora frente a lo que es la presencia del gran capital en nuestro territorio ancestral. Por lo tanto, estamos muy claros y lo reafirmamos de forma categórica, que no somos parte del entramado que implica la reproducción del capitalismo en ésta parte del territorio y que, por cierto, también conlleva la actividad comercial relacionada con el robo de madera, la cual nunca ha sido perseguida en su real dimensión.

Nuestra estrategia es muy clara, tanto en lo que dice relación con la resistencia como en lo que respecta a la reconstrucción de nuestro pueblo, ambas líneas se confrontan de modo directo y contundente contra la industria forestal principalmente, a la que pretendemos desalojar de nuestro territorio ancestral.

Entonces, volvemos a sostener que no tenemos ni tendremos ninguna relación con la actividad maderera industrial de ninguna forma. No somos parte del mercado ni de su método, ni participamos de su circuito comercial y financiero. No podemos ni debemos ser parte, ni transformarnos en un eslabón más en la cadena productiva de nuestro enemigo histórico. Y hemos sostenido que quienes participen de esta actividad serán considerados yanakonas de nuestro pueblo. Y para aclarar más el punto, cuando planteamos la reapropiación de los recursos que existen en los predios que hemos recuperado, lo hacemos sobre esa base moral y política que se sustenta en el anticapitalismo mapuche que heredamos de nuestros ancestros, y que hoy se expresa en líneas programáticas muy definidas con el control territorial que se ejerce, y que ponen un límite a la actividad de la extracción de madera, la que es solo para fines de autogestión y sobrevida.

Es por lo anterior que afirmamos rotundamente que no tenemos ninguna relación con las mafias dedicadas al madereo solo con fines de lucro, más aún si están ligadas con agentes privados de éstas mismas empresas forestales con las que confrontamos. Comprendemos que haya otras expresiones de lucha que se han involucrado en actividades de madereo o están ligados a esa práctica comercial para el logro de sus objetivos políticos, pero tendrán que ser estas expresiones las que deban responder al emplazamiento.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera se implementó el Plan Cosecha Segura, el cual permite a militares custodiar los territorios y maquinarias al momento de la cosecha. Este Plan se ha mantenido durante el actual gobierno, a su parecer, ¿esto ha generado una mayor militarización? ¿de qué manera este Plan está afectando el proyecto autonomista de la CAM?

Efectivamente este plan fue diseñado y puesto en marcha en el gobierno de Piñera, pero tiene alcances en la actual administración. Para nosotros ésta es una expresión más de la ofensiva neofascista que viene arremetiendo el empresariado y la gobernanza neoliberal de turno, y que da continuidad a las políticas estatales de militarización y represión en nuestro territorio ancestral.  De hecho, es con este gobierno que se está legislando nuevas normas y leyes para dotar de mayores prerrogativas y facultades a las policías y los militares para custodiar y proteger las actividades agrícolas, tanto de las cosechas como de las maquinarias agrícolas. Pero debemos aclarar que tanto la militarización como el despliegue de la represión fueron implementados para el resguardo de las grandes inversiones capitalistas, no de la mediana o pequeña agricultura.

Cuando se nos pregunta ¿cómo nos afecta en nuestro proyecto autonomista? Nosotros hemos sido muy claros al respecto, nuestra lucha principal de reivindicación territorial y política choca de frente con los intereses del gran capital en el Wallmapu histórico y ancestral.  Por tanto, nuestra lucha –desde una visión y experiencia de la CAM– no es contra la agricultura, así como actividad a grosso modo, no confrontamos contra los medianos agricultores y menos contra los sectores empobrecidos. No existe expresiones de resistencia dura o un registro de qué nuestras acciones vayan en contra de esta actividad. Sin embargo, se debe tener en cuenta de que, si existen procesos de recuperación contra grandes latifundistas que son agricultores y que son parte del sistema de propiedad usurpado a nuestro pueblo, pero el conflicto no es una constante con ellos como lo quiere hacer creer la prensa burguesa y el discurso oficial.  Confrontamos contra las grandes inversiones capitalistas, por tanto, nuestro proyecto de reconstitución territorial y política en los predios recuperados no afectan a la actividad agrícola en las zonas de conflicto, todo lo contrario, hemos tratado de mantener una relación de respeto y de resguardo de este tipo de actividad, en tanto cuanto, ésta no sea parte de políticas extractivistas y de un modelo de devastación y explotación que afecte la territorialidad ancestral.

La lucha mapuche de reconstrucción nacional tiene que ver con la reinstalación de un enfoque económico que, resguarde nuestro mundo mapuche de acuerdo a nuestros preceptos, legado de nuestros antepasados. Tenemos un programa transformador de los espacios territoriales recuperados, en donde se desarrolla un tipo de agricultura de sustento para las comunidades, y que favorezca a su vez una economía local más humana y de respeto con el medio ambiente.

Hoy la agenda de control del territorio por parte del Estado y las policías ha afectado a la soberanía alimentaria y a las cosechas de las comunidades en resistencia, generando un nuevo foco de conflicto por la propiedad de la producción de los predios en control territorial, ¿cómo calificaría este tipo de políticas implementadas?

En efecto, el Estado viene implementando políticas que entran en contradicción y conflicto con nuestro Pueblo Nación sobre todo respecto de la demanda territorial de las comunidades, toda vez que ha existido un avance sustantivo en la lucha de reivindicación territorial y donde la recuperación es efectiva en los predios  donde se desarrolla el Control Territorial, que es la gran plataforma de lucha con la que confrontamos duramente con la industria forestal principalmente, y mediante la cual estamos generando embrionarias experiencias de soberanía alimentaria.

Luchamos contra el extractivismo, contra el modelo de desarrollo forestal, principalmente, contra la producción y reproducción de los monocultivos de pino y eucaliptos, que están generando este ecocidio y devastación del cual ya hemos referido ampliamente.

Es el sistema de dominación, basado en la industria forestal, el que ha sido protegido por todos los gobiernos hace ya medio siglo. En este contexto, el Estado se asigna tener prerrogativas para con la ‘propiedad’ de los recursos, de los alimentos en los territorios en disputa, realizando requisas de cosechas inclusive, lo que retrata su naturaleza colonial y criminal. Pero como nuestra lucha es en esencia lograr autonomía y va a orientada primordialmente contra la depredación y devastación que generan las forestales y todo tipo de extractivismo, las labores productivas persistirán. Finalmente, nuestra lucha debe comprenderse como un proceso transformador de esa cruda realidad, reinstalando otra visión y lógica del mundo basado en el itrofill mogen (toda la vida sin excepción), en donde el respeto y el equilibrio con la naturaleza sea la norma. Además, en el proceso de recuperación de la autonomía nos arrogamos el derecho a la reapropiación de los recursos para el sustento y sobrevida propia, proyectando así experiencias de autonomía en los hechos para la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación.

El actual procesamiento

Fue el 24 de agosto del año pasado cuando fue detenido, a menos de un año de asumir el actual gobierno y a poco de que fuera el plebiscito de salida, ¿a qué agenda política cree que ha beneficiado su detención y criminalización?

Mi detención en agosto del año pasado, en el contexto del gobierno de Apruebo Dignidad encabezado por Gabriel Boric, le beneficia principalmente al empresariado comprometido en la lucha contra nuestro Pueblo, ya que nuestra demandas territoriales y políticas chocan de frente contra los intereses gran capital en el Wallmapu. Razón por la cual, la respuesta de la actual gobernanza era obvia: persistir en la criminalización de la causa mapuche, perseguir y reprimir al movimiento autonomista. En ese sentido, y como yo cumplía un rol de vocería con tareas de militancia en la resistencia, estaba entre los objetivos de la inteligencia política y policial del Estado.

Entonces, con mi detención hay una respuesta muy clara de parte del gobierno actual, que se dice progresista, en orden a proteger los intereses del gran empresariado comprometido en el conflicto en la zona.  Mi detención y posterior prisión política es un hecho que claramente beneficia a una agenda política de la derecha, que de un tiempo a la fecha siempre quiso reprimir direccionadamente a nuestra organización, porque este sector político es la representación política e ideológica del empresariado y la clase oligárquica en Chile.  Sin embargo, también creemos que hay un beneficio para la gobernanza neoliberal actual, que se compromete en un programa de gobierno eminentemente burgués y al servicio de los poderosos, y claro, no es menor representar a la CAM y al movimiento mapuche en resistencia, que son los objetivos de la persecución en el fondo en este conflicto histórico.

En su última audiencia ocurrieron varios hechos que de alguna forma dificultan su defensa, como es la negativa al traslado a la cárcel de Temuco, la mantención del secreto en cuanto a las identidades de los testigos en su contra, el impedimento de que miembros de la Coordinadora entren a la audiencia y el alargue de su prisión preventiva. Considerando esto, ¿qué opina de la probidad de este proceso? y ¿qué estrategias se adoptarán con estas circunstancias?

Efectivamente, en la última audiencia ocurrieron varios hechos que afectan nuestra defensa como fue la negativa debido a la presión del gobierno, de mantenerme en el módulo comuneros en Temuco mientras duren las audiencias, lo que refleja una acción discriminatoria y de persecución política de los poderes fácticos que están detrás de este juicio.

Respecto de la mantención del secreto de las identidades de los testigos protegidos, vulnera el derecho fundamental al debido proceso, afectando el derecho a la defensa. De hecho, la audiencia de preparación de juicio oral se suspendió como consecuencia de la orden de no innovar que decretó la Corte de Apelaciones de Temuco, la que en la práctica se traduce en que no se llevará a efecto la orden que la jueza de garantía dio al fiscal para que entregue a mi defensa los antecedentes de estos testigos. Esto hasta que la Corte resuelva el recurso de protección que el Ministerio Público presentó para revertir esa resolución judicial, recurso que cuestionamos porque carece de fundamento, ya que en ningún caso se sustenta en situaciones fácticas concretas y reales, tratándose de una maniobra destinada a mantener una situación que impida el desarrollo normal de un juicio justo.

Sobre el impedimento para que entre público y observadores que den cuenta de cómo se va desarrollando este proceso, es parte de lo irregular y viciado del procesamiento. Respecto a coartar la participación de miembros del Pueblo Mapuche en las audiencias públicas constituye un acto más de discriminación y racismo que ya es costumbre en los tribunales chilenos a la hora de procesar a mapuche, y claro tiene que ver con la presión tanto política del ejecutivo como empresarial que recae sobre el tribunal. Con esto se coarta la presencia de los Lonco, Machi y Werken, los que se ven imposibilitados de acompañarnos política y espiritualmente en el juicio. Considerando que soy un werkén de una organización mapuche compuesta por comunidades y liderada por autoridades tradicionales, la señal es clara.

Por lo anterior, y tomando en cuenta el estado actual del conflicto histórico donde resalta la ofensiva represiva de que somos objeto, ciertamente que cuestionamos la probidad del proceso judicial en mi contra y de todo lo que significa la persecución política, porque va quedado en evidencia de que no existen ni las condiciones ni las garantías para un debido proceso por parte de la institucionalidad. Más aún, si toda esta situación se da en un marco informativo hoy de manos de la prensa de derecha que distorsiona los hechos y nos presenta de forma demonizada, pretendiendo con ello una condena mediática.

Respecto a la estrategia que nosotros vamos a adoptar, trataremos de visibilizar este juicio y otros en contra de nuestra organización para así poder cuestionar cada uno de los alcances y de los elementos que puedan contravenir el debido proceso, como es el hecho aberrante de la presencia de los testigos sin rostro u otro tipo de argucias jurídicas y penales que puedan esgrimir, tanto la fiscalía como los querellantes.  Tratar de visibilizar los procesos judiciales a nivel internacional y que concurran ojalá la participación de observadores y expertos en derechos humanos y legislación indígena, así como de movimientos que estén acompañando a la causa Mapuche. Esa es nuestra idea general y en lo especifico, dar la pelea en materia penal para salir airoso de un tipo de persecución política y jurídica que, a nuestro juicio ya demuestra que no tiene mayores pruebas ni antecedentes para lograr una condena.

“Un pueblo ocupado tiene derecho a la liberación”

Finalmente, usted ha señalado que el Estado ha construido al pueblo mapuche como el enemigo interno. Frente a eso ¿la vía armada es la única posible o hay espacios eventualmente favorables para el pueblo mapuche a través del diálogo?

Esta visión, esta construcción ideológica o doctrinaria de considerar a nuestro pueblo como el enemigo interno, está dada por la naturaleza misma del Estado, del sistema capitalista, del sistema colonial que reproduce a una casta política y económica, de dominación en el Wallmapu, que confronta muy fuertemente en contra de la causa mapuche.

En ese contexto, la lógica armada es una definición que no surge de nosotros ‘naturalmente’, sino que viene del Estado, toda vez que ha mantenido, junto a sus aliados, una estructura de ocupación y despojo de nuestros territorios ancestrales. Un pueblo ocupado tiene derecho a la liberación, eso es lo que pensamos, y si esta ocupación se ha realizado históricamente por la fuerza, no podemos responder de otra forma, porque serían soluciones superficiales a una lógica profunda.

Es incorrecto asumir que nuestra vía es ‘armada’, más bien, es política. El uso de la violencia tiene sentido sólo cuando las condiciones de posibilidad lo permiten, cuando las vías políticas se han cerrado y las comunidades legitiman el camino del weychan, la auto convocatoria de un pueblo para la resistencia. Es expresión de un proceso largo de acumulación de fuerzas políticas, ideológicas y culturales, las cuales se materializan en organización concreta y acciones. Lo ‘armado’ no puede tener lugar de otra forma. Así lo demostraron nuestros ancestros, que hicieron weychan después de muchas traiciones por parte del colonato chileno y español. Nuestra respuesta fue la resistencia, después del diálogo político fracasado.

Sin embargo, a pesar del escenario de confrontación que ha impuesto el gobierno y las forestales, lo cual estrecha las posibilidades de solución, nosotros jamás hemos descartado una solución política al conflicto. Pero esta solución no puede ser construida por unos pocos desde Santiago. Tiene que tomarse en consideración las expresiones que ponen el cuerpo en la lucha real y estamos en el territorio, y nuestras autoridades ancestrales deben ser consideradas, no sólo quienes se creen ‘expertos’ a costa de redituar de nuestra historia. Si existieran espacios de dialogo, deben estar nuestras personas de confianza, no quienes nos impongan, porque estamos hablando entre naciones, no entre amigos o cuotas de poder. Ahora bien, toda solución debe poner de fondo una cuestión innegociable para nosotros: la restitución de las tierras antiguas y nuestros derechos fundamentales, como la autodeterminación, lo cual confronta directamente el patrón de acumulación que se ha conformado en el Wallmapu a costa de la inversión forestal.

En ese sentido deben hacerse las tratativas necesarias y a todo nivel para tales efectos. Si no es así, el gobierno debe tener claro que el conflicto continuará y puede profundizarse, porque las nuevas generaciones mapuche están creciendo con mayores convicciones que nosotros. El gobierno está a tiempo de prevenir la escalada del conflicto, pero el tiempo se agota y las posibilidades se pierden.

Además, para comenzar, deben estar observadores internacionales de nuestra confianza. Esto lo hemos dicho en distintas instancias, pero ellos sólo invitan a quienes les dirán lo que quieren. Tienen que existir condiciones concretas y reales para un diálogo. Y ésta es una afirmación que nosotros también hacemos desde nuestra condición actual de prisioneros políticos, como es mi caso. Porque otra condición real y concreta, además de retirar la militarización, sería la libertad de todos los presos políticos mapuche por el lado chileno y argentino, una demanda muy sentida y que de seguro activará grandes movilizaciones de nuestro pueblo.