Subsecretaría de Prevención del Delito inicia en La Araucanía Consejos Regionales de Seguridad Pública
Se destacan los acuerdos para desarrollar líneas de intervención intersectorial para casos de mala convivencia escolar, incivilidades como el comercio ambulante y delitos como robos u otros asociados a lesiones y delitos sexuales.
El jueves pasado se realizó en Temuco el primero de los 16 Consejos Regionales de Seguridad Pública que está realizando la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) en todas las regiones del país, en los que se analizarán los principales problemas que enfrenta las regiones en materia de seguridad y se definirán de manera concordada las líneas de acción para este año en cada una de ellas, con la aprobación de los 16 Planes Regionales de Seguridad Pública 2023.
En la instancia realizada en La Araucanía, que fue presidida por el delegado presidencial regional, José Montalva, y donde el coordinador regional de seguridad pública, Francisco Vega, actúa como secretario ejecutivo, participaron alcaldes de las 32 comunas, las jefaturas regionales de ambas policías, la fiscalía regional y directores de servicios públicos, entre otros.
La elaboración del plan regional de seguridad tiene como base un diagnóstico de la situación delictual, faltas e infracciones que afectan a la región, el que se realizó a partir del análisis de estadísticas delictuales y de una consulta comunal aplicada a nivel territorial en todos los consejos comunales de seguridad pública, donde plantearon sus principales preocupaciones en materia de seguridad y prevención.
Un componente relevante de este proceso de construcción del plan regional 2023 es la participación de los consejeros, quienes mediante un proceso de análisis y discusión de los resultados del diagnóstico deciden, y validan a mano alzada, la priorización de los delitos en los que se focalizará el trabajo intersectorial. Esto a diferencia del año anterior, en que esta venía desde el Departamento de Estudios de la SPD y en donde el rol de los consejeros solo fue validarla.
Así, a partir del análisis estadístico y las consultas comunales, el Consejo Regional de Seguridad Pública definió priorizar durante este año en el plan de seguridad los delitos de robos y así como los asociados a lesiones y delitos sexuales; desarrollar líneas de intervención intersectorial para la problemática de violencia escolar, y actuar sobre incivilidades como el comercio ambulante. Adicionalmente, se trabajará de manera transversal, y en todas las regiones del país, en violencia intrafamiliar.
“La relevancia de este consejo está en que implica hacerse cargo de manera integral de los problemas delictuales existentes en la región. Esto considera un trabajo coordinado e intersectorial de todos los actores públicos, que conlleve un trabajo articulado para enfrentar las necesidades de los habitantes de La Araucanía”, dijo el delegado presidencial José Montalva.
Tras la jornada de trabajo, y definidas las prioridades a abordar en la región en materia de seguridad pública y prevención, los miembros del consejo firmaron el “Compromiso Estratégico Intersectorial por la Seguridad y Prevención del Delito de la Región de La Araucanía”, en el que se comprometen a trabajar de manera coordinada en la construcción y ejecución de estrategias intersectoriales para la prevención de los delitos e incivilidades, así como en la implementación de fuerzas de tarea público-privadas y la articulación de los esfuerzos policiales preventivos en la región.
“El desarrollo de este tipo de instancias responde a los requerimientos por mayor articulación y participación de cada uno de los actores del ámbito de la prevención del delito y la seguridad pública. El trabajo desarrollado en esta jornada nos orientó en la identificación de las prioridades regionales en materias de delitos, incivilidades y problemas emergentes”, dijo el coordinador regional de la SPD, Francisco Vega.
La implementación del Plan Regional de Seguridad Pública de La Araucanía se iniciará en junio, incluyendo los planes de trabajo intersectorial y la implementación de fuerzas de tarea público-privadas para el trabajo preventivo específico en áreas priorizadas por la región. La evaluación de sus avances e impactos, en tanto, se realizará en diciembre de este año.
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